EUROPA PRESS.- El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha advertido de la presencia de estructuras estables de grupos racistas y neonazis en todas las provincias de la Comunidad y ha pedido atención institucional para luchar contra este tipo de organizaciones, ante las que echa de menos actuaciones de oficio por parte de la Fiscalía y la «mala o insuficiente» aplicación del artículo 515.4 del Código Penal, que castiga los delitos de odio.
Ibarra se ha expresado así en el marco de la presentación del informe Raxen Castilla y León en el que se recoge un diagnóstico de la situación del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el neofascismo y otras manifestaciones de intolerancia y delitos de odio. Así, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha incidido en que el conjunto de hechos de esta índole de los que se tiene conocimiento son 55 (entre 2013 y junio de 2016), según los datos del Ministerio del Interior, pero ha incidido en que si se tiene en cuenta que la Unión Europea señala que sólo se denuncian el 20 por ciento de los delitos de odio, la cifra que su organización estima en Castilla y León asciende a 275, de manera que la Comunidad se sitúa en quinto lugar por detrás de Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía.
El hecho de que no se denuncien, ha aclarado, se debe al miedo a posibles represalias, a la desconfianza institucional y también al miedo a la «segunda victimización» que suponen los trámites posteriores. Esteban Ibarra ha destacado el hecho de que la mayor parte de los delitos de este tipo conocidos en Castilla y León están relacionados con la ideología (20 según el Ministerio, 100 según la organización) y el racismo y la xenofobia (17 y 85, respectivamente). Por detrás se sitúan los hechos relacionados con la disfobia (contra los discapacitados), que se sitúan en nueve según el Ministerio y hasta 45 por sus estimaciones; los de orientación sexual (cinco y 25); los de aporofobia -contra los pobres y ‘sin hogar’- (dos y diez) y los de intolerancia religiosa (dos y diez, respectivamente). El total de víctimas de estos delitos de odio asciende a 40, con Salamanca a la cabeza (14), seguida de León (ocho), Zamora y Burgos (siete), Segovia y Valladolid (cinco), Ávila (cuatro), Palencia (tres) y Soria (dos). Según Movimiento contra la Intolerancia, hay organizaciones racistas y neonazis en todas las provincias, pero Ibarra ha llamado la atención sobre Salamanca, un lugar de «importante activismo» de este carácter, que se «proyecta» en los datos analizados.
ESTRUCTURAS ORGANIZADAS
La organización pretende mostrar que hay una «constante» y no hechos puntuales, lo que quiere decir que hay estructuras organizadas, por eso ha pedido a las instituciones para que tomen medidas. En este contexto, Ibarra ha llamado la atención sobre Salamanca, donde hay un «importante activismo», mientras que en Valladolid las acciones violentas han bajado desde principios de 2015, pero considera que se observa un incremento del discurso de odio. Este descenso de los delitos, a juicio del presidente de Movimiento contra la Intolerancia, se debe al «buen trabajo» de la Brigada de Información de la Policía y la Fiscalía de Delitos de Odio, lo que ha contribuido a «frenar la escalada violenta» que se produjo los años 2013 y 2014. Esteban Ibarra ha incidido en que el hecho de que Castilla y León se encuentre en quinto lugar en este tipo de delitos no es para «minusvalorarlo» y ha insistido en prestar atención a estos grupos que cuentan con estructura estable, muchos de ellos relacionados con el fútbol.
Entre estos grupos ha citado algunos como Juventud Patriota, Respuesta Estudiantil, Acción Nacional Revolucionaria o los centros «sociales y nacionales» de Salamanca y Valladolid (llamado ‘El Alcázar), en los que se dan regalos y comida pero sólo a los españoles, lo que rompen la igualdad de trato y una actividad discriminatoria que puede contribuir a la xenofobia en un contexto en el que en Europa hay una necesidad creciente de solidariadad y aumento de refugiados. A esto, ha añadido, se suman los discursos de «odio» en internet o redes sociales, lo que crea un «clima de intolerancia inquietante». Además, Ibarra ha explicado que la mayoría de webs que se utilizan para estos fines en internet se encuentran alojadas en servidores de Estados Unidos, que con su conocida «primera enmienda» da libre a la libertad plena de expresión que hace que no prosperen las comisiones rogatorias.
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia ha pedido la implicación no sólo del Estado, sino también de los ayuntamientos y las comunidades autónomas en toda esta cuestión, con políticas de prevención para evitar que los jóvenes no se metan en estos grupos. Ibarra ha explicado que la socialización de los adolescentes va por canales paralelos a los que no tienen acceso los adultos y ha advertido de que el escenario que viene es «inquietante» porque hay un «submundo» y una serie de grupúsculos racistas y neonazis extendidos por toda la Comunidad. En la misma línea, ha alertado de su forma de actuar, ya que los jóvenes empiezan a captarse entre los 14 y 15 años en las escuelas, para lo que se utiliza un «chivo expiatorio», por ello considera que también hay que orientar al profesorado porque esta circunstancia se observa en muchos centros, no «en uno o dos», pero además cree que estos no están preparados para detectarlo.