La alcaldesa y la subdelegada del Gobierno incorporarán más policías en centros comerciales y playas. Alrededor de 40 migrantes fueron traslados ayer al colegio León
EL DÍA.- El Ayuntamiento de Mogán y el Estado enterraron ayer el hacha de guerra –al menos de manera puntual– en el conflicto que mantienen por la gestión migratoria para acordar el refuerzo de la seguridad en las zonas turísticas del sur de la Isla y en Arguineguín. La alcaldesa, Onalia Bueno, y la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, decidieron aumentar el número de agentes de la Policía Local en centros comerciales, playas y en el perímetro de los lugares donde se alojan los migrantes, así como incorporar un retén de la Guardia Civil procedente de Madrid ante la posibilidad de que haya disturbios. El objetivo es evitar que se repitan las más de cien incidencias que se han dado las últimas semanas entre los migrantes, según Bueno, así como sobre todo frenar en seco altercados como el provocado hace una semana por algunos vecinos que increparon e intentaron enfrentarse a los jóvenes africanos acogidos en un hotel de Arguineguín.
La Junta Local de Seguridad Extraordinaria de Mogán celebrada ayer congregó además al jefe de Servicio de Menores e Infancia del Gobierno de Canarias, José Pereira; al presidente de la Asamblea Comarcal Sur de Gran Canaria de Cruz Roja Española, Gerardo Santana; al coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil, Vicente Basset, y a mandos de la Policía Local de Mogán. Ante la falta de un sistema de acogida por parte del Estado y su negativa a organizar traslados a la Península, hasta 3.400 migrantes llegados a Canarias se encuentran actualmente alojados en once complejos de apartamentos y hoteles. Una situación que ni los propios africanos quieren y que los hoteleros también rechazan. Precisamente, ayer por la tarde unos 40 jóvenes que se encontraban en estos establecimientos alojativos del sur fueron trasladados al colegio León, en la capital, donde se han habilitado 300 plazas.
Antes de estos pequeños y lentos avances, las tensiones entre el Consistorio sureño y el Estado han sido constantes. El jueves, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, acusaba a Bueno de “incitar al racismo y a la xenofobia” por asociar delincuencia con migración, lo que la alcaldesa negaba al asegurar que ella había hablado de incidencias –108 comunicadas por la Guardia Civil y la Policía Local entre noviembre y diciembre– y no de delitos. Aunque Bueno insistió en que estos hechos “no se pueden ocultar”, también incidió en que se tratan de cuestiones puntuales, por lo que hizo “un llamamiento a la calma a los vecinos del municipio”.
Numerosos desencuentros
“Lo que más nos preocupa es que pueda haber delitos de odio”, aseguró María Teresa Mayans, que reiteró que la criminalidad ha bajado un 30% en el municipio con respecto al mismo periodo del año anterior. De todas formas, la subdelegada reconoció que “puede haber una percepción subjetiva de los habitantes de Mogán de que hay un mayor peligro”, por lo que apeló a la responsabilidad de los cargos públicos para “transmitir seguridad y explicar que esa percepción no se corresponde con los datos oficiales”.
Tanto Bueno como Mayans resaltaron la cordialidad que había reinado en el encuentro, lo que supone un paréntesis a una larga serie de desencuentros. A finales de octubre, la alcaldesa llegó a denunciar ante la justicia la vulneración de los derechos humanos que sufrían los migrantes en Arguineguín y manifestó su intención de que se depurasen responsabilidades penales en el Gobierno central. A pesar de que el Ministerio Fiscal interesó la práctica de diligencias de investigación, la jueza de San Bartolomé de Tirajana archivó la denuncia pues, a pesar de que reconoció que el trato que recibían en ese momento los migrantes en el muelle era “efectivamente deplorable”, consideró que no constituía delito alguno.
Otro episodio dentro de esta guerra por la gestión migratoria llegó cuando fueron liberados del puerto más de 220 africanos, a quienes se dejó en la calle sin ninguna instrucción ni ayuda económica ni alimentaria. Bueno fletó de manera exprés tres guaguas para que les trasladaron hasta la plaza de la Feria, una zona cercana a la propia Delegación del Gobierno. Precisamente, la primera edil no dudó en pedir la dimisión de Anselmo Pestana por “no estar a la altura de las circunstancias”.ADY más si vienen con chequeo gratuito y ventajas exclusivas en tu Audi A4 de ocasión.Qué bien sientan los años
Apenas nueve días después, Bueno daba un ultimátum al Estado para sacar a los migrantes de los hoteles antes del 31 de diciembre, argumentando que supone un “incumplimiento de la legislación turística y urbanística” del que acusó al Ministerio de Migraciones y advirtiendo a los complejos hoteleros y extrahoteleros de que serían sancionados en el caso de que no hicieran efectivos estos desalojos. De hecho, uno de los hoteles ya ha anunciado, según adelantaba ayer Bueno, que dejará de acoger a los 800 migrantes que actualmente se encuentran en sus instalaciones a partir del 31 de diciembre. Estas personas serán realojadas en los campamentos que el Ministerio de Migraciones está estableciendo en Canarias, que contarán con 7.000 plazas.
“Si no llegamos a dar un ultimátum, estos campamentos no se hubieran puesto en marcha y los migrantes seguirían en los hoteles sine die”, aseguró Bueno, que explicó que durante la reunión se acordó trabajar con una comunicación transversal y más fluida entre las instituciones afectadas por la crisis migratoria. “Hay que aprender de los errores, no puede ser que desde arriba se tomen decisiones que luego acaben afectando a los habitantes del municipio”, afirmó la alcaldesa. Asimismo, sobre los 2.300 menores extranjeros no acompañados que son competencia del Gobierno regional, en la reunión se informó de que se está avanzando en las reuniones con las comunidades autónomas para su derivación.
