Unos 652.000 jóvenes se enfrentan a la amenaza de perder sus empleos y ser deportados a sus países de origen
BEATRIZ NAVARRO. LA VANGUARDIA.– Hija de inmigrantes indocumentados, Diana Jiménez sabe lo que se puede sentir al ir al hospital y no entender a los médicos. Antes hacía de intérprete de sus padres, ahora es ella quien trabaja, como enfermera quirúrgica, en un hospital. Acaba de recibir un curso para saber cómo actuar si una persona a la que van a operar ha dado positivo a la prueba de la Covid-19. “Es cuestión de tiempo que empiece a atender a pacientes con coronavirus”, explica Jiménez, de 30 años, por teléfono desde Texas tras terminar su turno.
Sus miedos más inmediatos son los mismos que los del personal sanitario que lucha en la primera línea contra la pandemia de la Covid-19 en el resto del mundo: no poder tratar adecuadamente a los pacientes, no tener material para protegerse, contagiarse y contagiar a sus familias… A esas angustias, en su caso, se suma otra: la posibilidad de que en junio el Tribunal Supremo de EE.UU. declare ilegal el programa creado por Barack Obama para darles una protección temporal, cancelado por su sucesor, Donald Trump.
Unos 650.000 beneficiarios
El Tribunal Supremo fallará en junio sobre la cancelación del programa DACA
Sin esa cobertura, unos 652.000 jóvenes –la cifra de actuales beneficiarios– se enfrentan a la amenaza de perder sus empleos y ser deportados a sus países de origen, o más bien los de sus padres, porque para poder acogerse al DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) tuvieron que llegar con ellos antes de cumplir los 16 años. “Es lo primero en lo que pienso cada día al levantarme”, admite Jiménez, que llegó de México con 6 años. Tanto su marido como su hija tienen la nacionalidad estadounidense.
Son los llamados dreamers o soñadores. Alrededor de 29.000 de ellos, según cálculos del Center for American Progress , trabajan como asistentes médicos, enfermeros, paramédicos o técnicos de laboratorio, entre otras funciones. Otros cálculos que incluyen al personal que atiende personas fuera de los hospitales elevan la cifra a unos 43.500.
El papel de los soñadores “en la primera línea” de la lucha contra la pandemia de la Covid-19 es el último argumento de sus defensores para pedir al Supremo que reconsideren la posibilidad de cancelar DACA en el contexto actual, como temen que puede pasar a la luz de cómo transcurrió la vista oral celebrada en noviembre por el Tribunal, donde hay mayoría de jueces conservadores. “Poner fin al programa durante esta emergencia nacional sería catastrófico”, alega un grupo de profesores de Derecho de Yale. Privaría al país de una mano de obra “bien formada y educada en el país”, “esencial para proteger a las comunidades en todo el país”.
Steven Camarota, investigador del Center for Immigration Studies, un think-tank que defiende limitar la inmigración, discrepa. “Qué hacemos con esos jóvenes que llegaron de forma ilegal a una edad joven o los inmigrantes ilegales en general son cuestiones políticas importantes” que no deben decidirse a partir de afirmaciones “hiperbólicas o exageradas”. Esos 29.000 soñadores son sólo un 0,2% del total de trabajadores del sector en EE.UU., calcula. Si se van, habrá otros para sustituirlos, asegura.
Por decreto, por dos meses
Trump suspende la lotería de visados, la reunificación familiar y nuevas tarjetas verdes
Aunque en el 2017 Trump dijo a estos jóvenes que no tenían nada que temer y que se encontraría una solución para ellos, el Congreso ha sido incapaz de ponerse de acuerdo y su Administración ha seguido adelante con la denuncia para poner fin al programa. “No son unos angelitos, algunos son criminales redomados”, ha dicho el líder norteamericano, a pesar de que la participación en el programa está sujeto a estrictos controles.
La inmigración es uno de los temas clave de su programa electoraly este miércoles, amparándose en las consecuencias del coronavirus para la economía, el presidente firmó una orden ejecutiva que anunció como una “suspensión de la inmigración” al país, aunque su letra pequeña es algo menos drástica.
El decreto suspende durante 60 días, ampliables, la tramitación de las nuevas tarjetas de residencia (las famosas green cards ) y permisos de trabajo de personas que no se encuentran en EE.UU. Cierra, además, dos vías de ingreso que Trump detesta particularmente: las reunificaciones familiares (“inmigración en cadena”, la llama, que debió utilizar para regularizar a sus suegros, naturales de Eslovenia), que quedan paralizadas, y la popular lotería de visados que cada año reparte 50.000 permisos de residencia, que este año no se celebrará.
Un ámbito para el que se contemplan excepciones es el sector médico, crónicamente dependiente de la mano de obra extranjera en EE.UU., en especial en las zonas rurales. Un 17% de los médicos en ejercicio han nacido en el extranjero y casi uno de cada veinte no tiene pasaporte estadounidense. Ante la presión hospitalaria actual por la crisis del coronavirus y la elevada tasa de contagio entre el personal sanitario, varios estados han cambiado sus leyes para poder contratar a graduados en el extranjero.
