La Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias denuncia la falta de inclusión de los niños y jóvenes con diversidad funcional en los centros educativos del Archipiélago. Uno de los padres ha presentado una denuncia y querella al Colegio Alcaravaneras por la marginación a su hijo, un hecho reincidente en este centro Marino Alduán, decano de la Facultad de Formación del Profesorado en la ULPGC, percibe un retroceso en la enseñanza inclusiva que contradice a los derechos fundamentales.
IAGO OTERO PAZ. ELDIARIO.ES.- La Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias ha denunciado este viernes la falta de inclusión de los niños y jóvenes con diversidad funcional en los centros educativos del Archipiélago y han animado a los padres a que denuncian cuando vean estos problemas en sus hijos.
Gisela Rivero, portavoz de educación de la plataforma, ha explicado que el hecho de que todavía existan centros preferentes es un «disparate» que provoca que se produzca un «desarraigo social» y que se castigue a estos menores «por ser diferentes, cuando la diferencia es enriquecedora». De hecho no entiende cómo en nuestros días siguen existiendo baños para personas con diversidad funcional, lo que en su opinión transmite la idea de que estas personas «son asexuados». «Lo lógico es que dentro del baño de hombres haya uno adaptado y en el de mujeres también», puntualiza.
En una rueda de prensa dada en la capital grancanaria varios padres han mostrado ejemplos de casos de discriminación sucedidos en centros de la Isla. Es el caso de Alexis Bethencourt, quien expuso varios sucesos ocurridos con su hijo en el Colegio Público Alcaravaneras. Así, recuerda que el menor estaba en San Juan de Dios y que gracias a su evolución era «apto» para el colegio público, uno de los centros motóricos de la ciudad.
Sin embargo, en la reunión con la profesora del centro llegó el primer encontronazo. «La profesora cataloga al niño como paquete -recuerda Bethencourt- e intenta convencernos a mi mujer y a mí para que sacáramos al niño de ese centro porque no iba a estar bien atendido para lo que necesitaba». Cuando fueron a hablar con el director, este les dijo que la frase salió de él. En la siguiente reunión que mantuvieron con el colegio fue cuando se dieron cuenta de que el pequeño estaba en la clase «apartado y solo», y a pesar de que insistieron en esto continuó aislado.
«El niño pasaba horas prolongadas en sedestación cuando tiene que ir sentado en un rulo, el colegio carecía de dicho rulo, lo solicitamos y tuvimos que hacerlo casero, pero se negaron a usarlo», proyecta el padre, quien también narró que a su hijo le salieron cardenales en la cadera porque tiene desplazamiento del hueso crocante y no debe estar tanto tiempo sentado. «Cuando hacían educación física lo llevaban en una camilla», un hecho que Bethencourt no comprende porque le impide la integración con el resto de compañeros a pesar de que tiene un andador que le permite hacer ejercicios físicos y compartir estos momentos con los demás.
Fue el pasado 9 de enero cuando, tras ver que al menor lo tenían sentado casi todo el rato, decidieron acudir al colegio con su andador. Antes de ello le enviaron un escrito al director del centro en el que le informaban que iba a acudir a clases con este aparato, escrito que no tuvo respuesta. De esta manera, cuando acudieron a dejar al niño en el colegio, les vetaron la entrada al recinto tanto la seguridad como la vicedirectora. «Me dijeron que el niño tiene vetada la entrada al colegio con el andador por orden del director», afirma Bethencourt. Ante esto decidieron llamar a la Policía Local, quien verificó lo dicho y tomaron los datos para realizar un informe. Mientras, su hijo lloraba y preguntaba por qué no le dejaban pasar y desde ese día no quiere estar solo en ningún lado, aparte de hacerse las necesidades encima cuando ya tenía esto controlado al 90%.
El padre acudió junto al inspector de la zona quien, tras una larga conversación, no le da ninguna facilidad, siendo la única solución «que el niño acuda con silla de ruedas, cuando es capaz de caminar con el andador». Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía y se presentó una querella, aunque tras reunirse con la directora territorial de Educación, quien al principio no dio ninguna solución, permitieron al menor ir con el andador «momentáneamente». Pero este permiso también lleva consigo un trato vejatorio hacia el alumno ya que no puede entrar por la puerta principal, «la entrada para los niños normales, mi hijo tiene que entrar por la puerta trasera del colegio. No saben explicar qué es normal y no normal», indica el padre.
Un colegio que es reincidente
Susana Leito es madre de una chica que entre los años 2009 y 2011 también estuvo en el Colegio Alcaravaneras. «El tono principal que existió en aquel periodo es el de discriminación permanente a nuestra hija», recalca, ya que todo el tiempo se magnificaban las dificultades que tenía la menor y se minimizaban las capacidades que tenía. Su hija tiene necesidades motóricas y utilizaba en la escuela una mesa adaptada, además de escribir todo en un ordenador. Por ello la sentaban detrás de la última fila, «totalmente aislada».
«Cuando hicimos la consulta sobre esto, porque la niña tenía dificultades visuales, dijeron que este sitio era porque los cables se enchufaban detrás y no habían otros recursos», por lo que los padres sugirieron a la profesora que diera la vuelta a la clase y utilizara la pizarra que estaba detrás para impartir las lecciones. La respuesta de la tutora para descartar esta opción fue que «a ella le entraba frío por la puerta», por lo que la alumna siguió aislada del resto de sus compañeros.
La hija de Leito, que también utiliza un andador, tuvo varias caídas que no fueron fortuitas ni accidentales. Una de ellas incluso hizo que perdiera un diente y se le rompieran las gafas. La madre denuncia que estos accidentes fueron consecuencia «de un descuido repetitivo». Tras intentar cambiar a la menor de centro educativo, esto fue rechazado porque este era el que le correspondía. En este sentido Gisela Rivero hace hincapié en que el obligar a los alumnos con diversidad funcional a ir a un centro específico lo único que hace es que se formen guetos. «En los colegios todos estudian lo mismo, en los institutos no, con lo que a los jóvenes con diversidad funcional no se le permite elegir, se les está castigando por ser diferentes», denuncia.
Finalmente Susana Leito pudo cambiar a su hija a otro colegio que le ha permitido sentirse integrada y empezar a tener amigos, pero explica que el impacto emocional que tuvo por lo sucedido en el Colegio Público Alcaravaneras fue muy fuerte y todavía «lo está arrastrando».
Una sociedad que no está adaptada
Loli Pérez tiene una hija de 20 años con discapacidad intelectual que actualmente está desescolarizada desde hace dos años por no querer ir a los centros que se le estaban aplicando. La primera infancia la pasó en un centro ordinario y tres veces por semana iba a un aula de pedagogía terapéutica, donde Pérez recuerda que «avanzó muchísimo», lo que le permitía estar relacionándose con la normalidad y atendida de forma específica en momentos determinados.
«Creció y avanzó mucho hasta los 12 años, pero cuando con esta edad se determinó que debía pasar a un aula específica, pierde integración y surgen los problemas psicológicos de mi hija». Así, la joven empieza a negar y a escaparse, un hecho que no había pasado nunca en la primera infancia. «Cinco años de la vida de mi hija fueron un calvario que afectó al hogar y culminó con un accidente mortal -se tiró desde la ventana de un tercer piso- del que pudo salvar la vida, pero nos dejó con una secuela: nuestra sociedad no está capacitada para aceptar que hay gente a distinto ritmo en ella», subraya Pérez.
Esta madre cree que no se está favoreciendo la integración de estos menores con los recursos apropiados y que no se están dotando a los centros profesionales que existen de los apoyos necesarios para que tengan la atención que las leyes contemplan. De hecho, opina que no es tan complicado atender a un número determinado de personas con alguna discapacidad en todos los centros «porque con que estén en aulas normalizadas muchas de las cosas se salvan». «No pedimos que las cosas se les pongan más fáciles, solo pedimos que no se pongan más difíciles. El trabajo del profesor se va al garete cuando tienes que entrar o salir por una puerta distinta», expone.
Pérez también reitera en la idea de que los responsables políticos deberían de dotar a las aulas de los materiales y recursos necesarios y reforzar el apoyo a los profesores, quienes en ocasiones están «desbordados».
Estos padres hacen un llamamiento a toda la sociedad para que reconozca que todos funcionamos de manera diferente y todos tenemos dificultades, muchas de las cuales no son visibles. Así, Susana Leito anima a todos los padres a que se sumen a estas reivindicaciones porque de esta forma no habrá otra manera de sentar un precedente a la sociedad para que no se siga discriminando a los niños.
«Nuestros chicos son una joya en la sociedad, cumplen una misión, favorecer el crecimiento del resto de chicos, son necesarios para que los que nos llamamos normalizados valoremos el ritmo distinto de los demás, favorezcamos la felicidad de las otras personas», añade en este sentido Loli Pérez.
Retroceso en la enseñanza inclusiva
En este acto también estuvo presente Marino Alduán, decano de la Facultad de Formación del Profesorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien percibió estos ejemplos como un retroceso en la educación inclusiva.
«Son situaciones de un regreso al pasado que contradicen derechos fundamentales», planteó Aldúan, quien culpó a este atraso a los recortes, los cuales afectan a los derechos fundamentales. El decano aclara que aunque Canarias ha sido pionera en las escuelas inclusivas, en este momento todos los servicios «tienen que ser a coste cero», lo que se refleja en las condiciones de reducción de plantillas, especialistas o profesores de refuerzo que hace que no permitan cumplir estas garantías básicas.
