Rosalía Sánchez 26/02/2013
Los ministros de Interior de los 16 Länder (Estados federados) alemanes ya se habían puesto en marcha en diciembre para solicitar a través del Parlamento la ilegalización del partido de extrema derecha, NPD. Pero la canciller alemana, Angela Merkel, se negaba hasta ahora a apoyar esa iniciativa alegando que jurídicamente el asunto iba cogido por los pelos y que una derrota legal, como la sufrida en el anterior intento, hace diez años, supondría un fuerte impulso para la formación política.
La proximidad de las elecciones de septiembre y cierta necesidad de asuntos nacionales que sirvan de contrapeso al componente europeo en la campaña han hecho cambiar de opinión a la canciller. Su ministro de Interior, Hans-Peter Friedrich, de la Unión Socialcristiana bávara (CSU), ha confirmado que el Gobierno de Berlín quiere respaldar el proceso.
«Estoy convencido de que no tenemos otra posibilidad que presentarnos como parte en el proceso de ilegalización ante el Tribunal Constitucional», ha dicho Friedrich en la radio alemana, confirmando así la intención de Merkel de abanderar el movimiento. «Debemos asegurarnos de que la querella de inconstitucionalidad interpuesta por los Länder tenga éxito«, han sido las palabras del mismo ministro que hasta hace sólo unos días se mostraba abiertamente escéptico ante el nuevo intento de ilegalización.
El nuevo impulso contra la formación política de extrema derecha, fundado en 1964, que obtuvo un 1,5% en las últimas elecciones federales pero que cuenta con presencia en varios parlamentos regionales de la antigua Alemania comunista, tiene su origen en el descubrimiento, a finales de 2011, de la célula terrorista neonazi NSU(Clandestinidad Nacionalsocialista), un grupúsculo violento de extrema derecha formado por dos hombres y una mujer que asesinó a nueve inmigrantes y una agente de policía entre los años 2000 y 2007, perpetró atentados con bomba y atracó bancos para financiar su vida y actividades clandestinas.
La paulatina salida a la luz de los detalles del caso NSU ha supuesto un escándalo de dimensiones todavía por determinar: la policía y los servicios secretos alemanes no sólo fueron incapaces de encontrar una línea de investigación que permitiera descubrir a la célula terrorista, sino que además las autoridades destruyeron documentos relacionados con el caso y la policía tuvo en nómina como informantes a miembros del movimiento neonazi que podrían haber dado cobertura a la organización criminal.
Para sumarse al proceso de ilegalización, Merkel deberá cerrar un trato con sus socios liberales del FDP en la coalición de gobierno de Berlín y expondrá como argumento la inconveniencia de dejar solo en esta iniciativa legal al Bundesrat, controlado por una mayoría de la oposición socialdemócrata y verde, según fuentes de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel citadas por el diario alemán ‘Tagesspiegel’. Tendrá que ganarse a la ministra liberal de Justicia,Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, y, aunque parece que la ministra ya ha dado su brazo a torcer, un portavoz de Interior ha sugerido que el Gobierno alemán no se posicionará oficialmente hasta finales de marzo.
El NPD tiene ahora unos 6.300 militantes, tras haber perdido un tercio de su militancia en los últimos diez años, y cuenta con escaños en dos cámaras regionales, Sajonia y Mecklenburgo-Antepomerania, ambas en la antigua Alemania oriental. La iniciativa para prohibir ese partido ultraderechista en 2003 fracasó tras comprobarse en el proceso que una parte importante de los puestos directivos del NPD eraninformantes de los servicios secretos y que la petición se sustentaba básicamente en los testimonios de esos infiltrados.
Fuente: El Mundo
