El Gobierno de la Ciudad Autónoma trabaja en una iniciativa que también obligaría a que los menores permanezcan en los centros de acogida para evitar que vivan en la calle y traten de llegar a la Península.
JAIRO VARGAS. PÚBLICO.- «Un procedimiento de modificación legislativa para adaptar las normas jurídicas relacionadas con los menores extranjeros no acompañados a las particularidades de Melilla». Esta es declaración de intenciones del Gobierno de Melilla para acallar las críticas ciudadanas que recibe por la presencia de menores extranjeros que viven en la calle.
El anuncio lo hizo el pasado jueves el secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, quien puso el foco en que la iniciativa va encaminada a poder mantener a menores, también conocidos como «menas», en los centros de acogida. “El problema del fenómeno de los mena continua, porque vemos a los menores extranjeros que de manera ilegal llegan a Melilla y deambulan por las calles sin que la Ciudad Autónoma tenga una herramienta jurídica que le permita cogerlos y retenerlos en un centro”, aseguró Marín.
Según el Gobierno, entre 100 y 200 menores extranjeros, sobre todo procedentes de Marruecos, se niegan a permanecer en los centros de acogida bajo tutela de la Ciudad, ya que su objetivo final es llegar a la península como polizones en los ferrys.
Por eso, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha ido más lejos de lo anunciado por Marín y ha añadido que la intención de su Gobierno es modificar no sólo la Ley de Protección del Menor, sino también la Ley de Extranjería y el reglamento de Extranjería para que no se conceda el permiso de residencia a los menores extranjeros de 17 años que llegan a Melilla.
Para Imbroda, estos menores no son niños en situación de desamparo, sino simplemente inmigrantes que buscan permanecer de forma legal en España tras cumplir 18 años. Una vez que los menores llegan a Melilla pasan a estar bajo tutela de la ciudad, y ésta está obligada a tramitar la documentación y el permiso de residencia. Algo que, en opinión de Imbroda, genera un “efecto llamada” para otros menores que esperan cruzar.
El PP melillense no ha dado a Público más detalles sobre la iniciativa, aunque asegura que ya tiene borradores preparados y será cuestión de semanas iniciar los trámites. En base al Estatuto de Autonomía de la Ciudad, tendría que aprobarse un anteproyecto en la Asamblea, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, aunque después tendría que obtener el visto bueno del Congreso de los Diputados y del Senado.
Un «brindis al sol»
La medida, según fuentes de Coalición Por Melilla, principal partido de la oposición, es un “brindis al sol”, ya que tardará meses en tramitarse y no tiene visos de salir adelante en Madrid. Además, asegura que la situación de los mena es idéntica a la de hace tres años, cuando se modificó la Ley de Protección de Menor sin que el Gobierno de Melilla intentara introducir ninguna de estas medidas. Esta formación es partidaria de que sea el Gobierno Central quien se encargue de la tutela de los menas que llegan a la ciudad autónoma.
Aun así, no sería la primera vez que España modifica sus leyes para dar encaje legal en Ceuta y Melilla a medidas que contravienen las leyes nacionales o tratados internacionales. En 2015, bajo el paraguas de la ley mordaza, el Gobierno cambió la Ley de Extranjería para reconocer el «régimen especial de Ceuta y Melilla» y legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan las vallas fronterizas con Marruecos. Pese a ello, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó el año pasado a España por estas prácticas, aunque la sentencia será revisada tras admitirse el recurso del Gobierno.
El PP de Melilla afirma que se trata de una “medida contundente que responde a las demandas lógicas y sensatas de los melillenses”. Sectores de la sociedad de Melilla han manifestado a través de las redes sus quejas por este colectivo, una pequeña parte de los centenares de menores tutelados por la ciudad. La respuesta del Gobierno melillense ha sido una especie de redadas policiales para localizar a estos menores que viven en la calle para llevarlos a los centros de acogida, de donde algunos escapan debido también a la saturación y hacinamiento que se da en ellos.
Tratar al menor como inmigrante antes que como niño
Recientemente, dos menas han muerto bajo tutela de Melilla. Uno en un centro de acogida y otro en un centro de reforma. Dos muertes que aún no han sido esclarecidas y que han provocado las críticas de la oposición y de organizaciones sociales al modelo de acogida de la ciudad.
La organización Save The Children recordó entonces que “el modelo de protección de los menores extranjeros no acompañados es manifiestamente insuficiente y ha ocasionado otras muchas situaciones de vulneración de los derechos”. Consultada por este diario sobre los cambios legislativos propuestos por el Gobierno, la ONG asegura que los ve “con preocupación”, ya que “busca tratar a los menores como inmigrantes antes que como niños” y recuerdan que la ley española reconoce los mismos derechos a cualquier menor que esté en el país, con independencia de su nacionalidad.
Según datos de la Fiscalía, en 2016 había 999 menas en Melilla y 246 en Ceuta, que junto a los más de mil que tutela Andalucía, suponen más del 50% del total en España. Para Save The Children, la estrategia del Gobierno de Melilla debería “buscar una solución a largo plazo que se base en la inclusión. Algo difícil de conseguir si se les niega la residencia y se les recluye en los centros”, explican fuentes de la ONG, que critica que esta medida “obvia completamente las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha dirigido a España, y también las del Defensor del Pueblo y otras organizaciones sociales”.
