Público.- Un defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas fue asesinado este lunes en el municipio de Simojovel, en el estado mexicano de Chiapas (sureste), informaron las autoridades. Los hechos ocurrieron cuando el activista Simón Pedro Pérez López y su hijo hacían compras sobre la avenida central, a escasos metros de un mercado público. El activista fue asesinado de un disparo y, según testigos, el perpetrador del crimen iba a bordo de una motocicleta.
Pérez López era un indígena tzeltal, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de la zona Altos de Chiapas, además participaba en la parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó, donde era catequista. También fue integrante de la organización Las Abejas de Acteal, en la que durante 2020 fue presidente de la mesa directiva. La agrupación Las Abejas es un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.
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El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas de esta organización oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, cuando fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas. En la matanza fallecieron 45 tzotziles -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos- y fueron heridos otros 26.
Organizaciones indicaron que Pérez López trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a través de esa labor había acompañando a comunidades que han denunciando la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia.
Tras el homicidio, el párroco Marcelo Pérez acusó a un grupo, al que llamó «sicarios de Pantelho», y dijo que el activista «era una de las tantas víctimas de la violencia estructural en Pantelhó». Familiares y organizaciones civiles exigieron a las autoridades de Chiapas «una investigación diligente, garantizando la seguridad de la familia de Simón Pedro y de los integrantes de Las Abejas de Acteal».
Según la organización Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), en los dos primeros años del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018, alrededor de 45 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México.
