- En 2020, 78 terroristas reclusos han sido trasladados a prisiones vascas, navarras o de las provincias de Zaragoza, La Rioja, Burgos y Cantabria
- De 195 presos de ETA, 110 no han dado aún signos de arrepentimiento o aceptación de la legalidad penitenciaria y permanecen en primer grado
El Periódico.- Consuelo, la hermana del concejal donostiarra del PP Gregorio Ordóñez, no tiene entre sus prioridades revisar dónde cumplen condena Juan Ramón Carasatorre, Zapata, y Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, los dos terroristas que, con el arrepentido Valentín Lasarte, le quitaron la vida.
Txapote, uno de los más duros criminales de la banda, progresó a segundo grado penitenciario a mediados de noviembre pasado, y dejó el semiaslamiento en la prisión de Huelva. Pero la evolución de los etarras encarcelados no suele provocar comentarios de sus víctimas directas.
Ni Txapote ni Zapata están entre los 78 presos de ETA acercados por el Gobierno en 2020 a prisiones vascas o navarras, o de sus provincias limítrofes de Burgos, Cantabria, Zaragoza o La Rioja. Son parte de los 112 traslados de reclusos etarras aprobados en 2020, todos en trayectoria norte.
Cien de los 195 presos que en España cumplen condena por crímenes de ETA están ya a menos de 200 kilómetros de sus lugares de origen. Son ya más de la mitad.
“A las víctimas no nos importa donde cumplan condena”, dice a EL PERIÓDICO Consuelo Ordóñez, dirigente de la asociación vasca de víctimas del terrorismo COVITE, solo días después de que, el 30 de diciembre, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias aprobara el mayor movimiento simultáneo de presos de ETA: once, nueve de ellos con delitos de sangre, nueve desde la mitad sur del país hacia cárceles de Navarra, Zaragoza o León.
Queja de la derecha
La política de acercamientos ha resultado ser más controvertida para los partidos de la derecha y extrema derecha que para las familias directamente afectadas por los asesinatos.
Desde otoño, Vox y PP se han disputado la iniciativa. La formación de ultraderecha ha denunciado los acercamientos a través de, entre otros, su diputado Francisco José Alcaraz, expresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT): “¡Es mentira que hayan pedido perdón. Se está pagando a ETA el precio político!”, le recriminó al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el pasado 27 de octubre en plena Comisión de Interior del Congreso.
El 14 de noviembre, el líder del PP, Pablo Casado, utilizaba el asunto como pimienta para un vídeo crítico con los presupuestos generales que emitió en Twitter: “El mismo día que Bildu anunciaba que apoyaba los presupuestos de Sánchez, el Gobierno acercaba a los asesinos de Alberto y Ascen Jiménez Becerril”, dijo en alusión a sus compañeros sevillanos víctimas de ETA.
Consuelo Ordóñez sale al paso de las protestas del que fue el partido de su hermano: “El uso partidista de las víctimas, decir por ejemplo que ‘han liberado’ a un etarra cuando en realidad sale porque ha cumplido ya condena, es repugnante. La intoxicación política nos hiela la sangre”.
Aznar lidera los acercamientos
La última ocasión para la queja de la derecha ha sido una visita, a comienzos de enero, de la diputada Mertxe Aizpurua y otros dirigentes de Bildu a una docena de etarras en el penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), entre ellos Unai Parot y Jon Bienzobas. PP y Ciudadanos han deplorado la visita, recordando a Aizpurua como “socia de Sánchez”.
Todo a pesar de que, en los últimos 25 años, han sido los gobiernos Aznar los que más terroristas presos han acercado a sus lugares de origen: 426 en la etapa 1996-2004, el par de legislaturas en los que se intentó y falló una negociación con la banda terrorista. Como otra posterior se desarrolló gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyas dos legislaturas fueron acercados 237 presos.
A los 40 presos acercados gobernando Mariano Rajoy han sucedido los 144 que ya llevan aproximados los gobiernos de Pedro Sánchez. En la etapa del ministro Fernando Grande-Marlaska, el goteo se consolidó, generalmente de seis en seis, en septiembre de 2019, y se aceleró en noviembre y diciembre pasados con 51 traslados y progresiones a tercer grado, de los que 27 fueron a Euskadi, Navarra y las mencionadas provincias limítrofes.
Contra las acusaciones de la derecha, Grande-Marlaska sostiene que en estos movimientos “el único criterio es la legalidad”, ha repetido al final del año. La última ocasión, en Antena 3 en diciembre. Grande-Marlaska sostuvo que “la política penitenciaria del Gobierno es aplicar la Ley y el Estado de Derecho”. La ley penitenciaria aplicada de forma individualizada; y sin que ningún tribunal haya revertido decisión alguna de Interior en este camino, recuerdan fuentes de Interior.
La organización de damnificados más beligerante con estas decisiones, la AVT, apenas ha expresado en comunicados su desconfianza a que los arrepentimientos de los etarras trasladados sea real, o su temor a una futura y anunciada asunción de competencias penitenciarias por el Gobierno Vasco.
Contribuye a calmar el ambiente que el ministro informa personal y puntualmente a las asociaciones de víctimas de cada traslado de terroristas. También lo hace el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. “Nunca habíamos tenido tanta información –dice Consuelo Ordóñez- y nunca había sido utilizada políticamente de forma tan indecente”.
Cartas de arrepentimiento
La política de acercamientos del Gobierno continúa al comenzar el año. Este viernes, con la aprobación del traslado –en cuanto el coronavirus lo permita, pues las conducciones de presos están suspendidas- de otros cuatro etarras. Entre ellos, Jon Bienzobas Arretxe, que asesinó a tiros al profesor Francisco Tomás y Valiente.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias explican que en este caso -como en el resto de los traslados no humanitarios- el recluso, que cumple condena en Puerto III y será movido al penal de Dueñas (Palencia), “ha aceptado la legalidad penitenciaria y reconoce el sufrimiento causado por su actividad terrorista”, en una carta dirigida al director de su prisión gaditana.
“Estaría bien que el Portal de Transparencia del Gobierno nos mostrara todas esas cartas de arrepentimiento para que pudiéramos leerlas”, ironiza la eurodiputada y víctima del terrorismo Maite Pagazaurtundua. Que entre las víctimas no haya un movimiento de protesta por los acercamientos de presos no significa que sus escritos de autocondena les parezcan creíbles.
Las cartas no son el único escalón que ha de subir el terrorista para que se le reduzca la distancia entre el hogar de su familia y su celda. También es preceptivo el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión, en el que es clave el del psicólogo del centro.
Solo una quincena antes, el final del año había conocido otro sonoro traslado, como el de José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, movido de Murcia a Pamplona tras sufrir un infarto. Con él, y con Patxi Marqués, que tiene viaje aprobado a la cárcel alavesa de Zaballa, son ya 27 los que han sido trasladados a prisiones vascas o navarras. y no a las de las cercanías.
En 2020, además, 32 presos de ETA salieron a la calle, siete por libertad condicional, y 25 por cumplimiento de condena. Entre estos últimos, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, que fuera jefe de la banda en su etapa más sanguinaria.
El enroque de los más duros
Pero ni de particularidades como esa, ni de los traslados ni de la reciente excarcelación por enfermedad incurable de Antón Troitiño –otro famoso pistolero- hace un especial seguimiento la víctima Pagazaurtundua. De hecho, incluso desconoce dónde cumple prisión el asesino de su hermano Joseba, Gurutz Agirresarobe. No le importa tanto ese detalle como la nueva pantalla en que, en su opinión, está el fenómeno de ETA. “Que apliquen la ley sin privilegios, y ya. La política penitenciaria es importante, pero en un escenario posterorrista el frente de las cárceles ya no tiene el valor estratégico que tenía para ETA. Ahora lo clave es que no consigan la privatización de los asesinatos”, explica la europarlamentaria guipuzcoana
Nueva acepción de “privatización”: “Pretenden que cada crimen se reduzca solo al dolor de la familia, enterrándolo sin más eco público, cuando precisamente el crimen más público que hay es el terrorismo”, protesta Pagaza.
Para esta veterana activista contra la violencia de ETA, ninguna política de reinserción y de arrepentimiento tendrá efecto curativo si no hay una expresión social, “de condena pública de la historia de totalitarismo, violencia y extorsión, ni si quienes la ejercieron no pasan públicamente del orgullo a la vergüenza por lo que hicieron -explica-. Haciendo ese esfuerzo, que aún no ha hecho su entorno, integrar a esa gente no sería tóxico para la democracia”.
En los homenajes a etarras que salen de la cárcel sin haberse arrepentido encuentra parte de la explicación para que todavía más de la mitad de los presos de ETA permanezcan en primer grado penitenciario, y los más radicales, integrados en el colectivo irredento ATA, sigan sin aceptar la legalidad penitenciaria.
A 31 de diciembre pasado, de los 195 reclusos de ETA todavía estaban en régimen cerrado o primer grado 110. El preso etarra que reprueba sus crímenes es excluido de su comunidad, no será objeto de un homenaje callejero ni contará con el apoyo de la trama asociativa aberzale. “La propia izquierda aberzale – opina Consuelo Ordóñez- renuncia de inmediato a recuperar al arrepentido. Ya no le harán un ongietorri (bienvenida)”.
Pero en su opinión hay más tras el enroque de los duros. “Hace más de un año leí la carta de uno que no se atrevía a dar el paso. Era la propia familia la que le estaba inmovilizando”, relata.
