- Entre estos grupos se encuentran milicias de ultraderecha como Oath Keepers, con tres miembros ya procesados, y sobre todo Proud Boys, con algunos de sus líderes ya acusados
- Un mes después del suceso las autoridades estadounidenses no tienen claro si el ataque fue organizado por varios grupos de manera conjunta o cada uno actúo por su cuenta
- Los cargos presentados contra estos centenares de personas varían mucho, desde delitos de atentado contra la autoridad pero también algunos menores como acceder ilegalmente a un edificio protegido
Infolibre.– Las autoridades estadounidenses han presentado en el último mes cargos, de diferente índole, contra al menos 211 personas, la mayoría relacionadas con grupos de extrema derecha, aunque también hay veteranos del Ejército, por su implicación en el asalto al Capitolio, en Washington, el pasado 6 de enero, según informa Europa Press.
El FBI ha detallado que varias decenas de estas personas tienen vínculos con las milicias de ultraderecha, como Oath Keepers, con tres miembros ya procesados, y sobre todo Proud Boys, con algunos de sus líderes ya acusados.
Se trata de su líder en Florida, Joe Biggs, uno de los primeros en irrumpir en la sede del Poder Legislativo, o el jefe de la delegación de Nueva York, Dominic Pezzola, de quien se sabe que utilizó un escudo de la Policía para romper una ventana y colarse por ella.
Entre los señalados está también el líder de Proud Boys de Hawai, Nicholas Ochs, y el de Seattle, Ethan Nordean, detenido y cuya puesta libertad ha sido finalmente anulada después de que en un primer momento un tribunal de Washington asegurara que no representaba un peligro para la comunidad, ni había riesgo de fuga.
El fiscal federal interino del Distrito de Columbia, Michael Sherwin, ha avanzado que presentarán cargos adicionales por conspiración y sedición contra aquellas personas que se hayan revelado como líderes o «comandantes» del asedio al Capitolio, informa la cadena NBC.
Un mes después del ataque al Capitolio, las autoridades estadounidenses no aciertan a dilucidar si el ataque fue organizado por varios grupos de manera conjunta o cada uno actúo por su cuenta, retroalimentándose una vez el Capitolio fue asaltado.
Los cargos presentados contra estos centenares de personas varían mucho los unos de los otros, pues si bien algunos han sido acusados de atentado contra la autoridad –al menos 140 policías fueron agredidos durante el asalto–, otros tan solo lo han sido por delitos menores, como acceder ilegalmente a un edificio protegido.
No obstante, todavía no se han presentado cargos contra nadie por la muerte del agente de la Policía del Capitolio Brian Sicknick. De igual forma el FBI todavía no ha dado con el paradero del responsable de la colocación de dos bombas caseras en las inmediaciones de las sedes de los partidos Republicano y Demócrata en Washington.
Las distintas fiscalías que se encuentran investigando lo qué sucedió aquel 6 de enero han señalado que si bien muchos de ellos estaban fuertemente armados, otros no pasaban de ser meros curiosos que aprovecharon la coyuntura para, en algún caso, «darle a su hijo un cumpleaños memorable«, o «porque estaba atrapado entre la multitud y era un evento único en la vida».
El FBI y el resto de investigadores han precisado que los acusados proceden de hasta 43 estados. El perfil de los asaltantes responde al de un hombre de Texas, o de Nueva York, con entrenamiento militar –al menos una veintena de ellos son veteranos del Ejército de Estados Unidos–, o tienen conocimiento en el manejo de armas de fuego.
El asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Donald Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un «fraude«, aunque sin proporcionar pruebas al respecto.
Poco antes del asedio, Trump celebró un mitin a las puertas de la Casa Blanca en el que jaleó a sus incondicionales para que cuestionaran los resultados de las presidenciales. Por ello, el Congreso celebra este martes un juicio político contra él, el segundo en apenas un año, por «incitar a la rebelión».
