Marlaska defiende en el Congreso la mano dura contra las “entradas violentas”

 

Para el ministro, reactivar el acuerdo de readmisión con Marruecos de 1992 que hizo posible la expulsión pretende ser un freno a las mafias migratorias. “Tanto España como Marruecos hemos querido enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas. La inmigración ordenada, segura y legal es posible. Pero no la migración violenta que atente contra nuestro país y nuestras fuerzas del Estado”.

Marlaska ha afirmado que no se ha efectuado ningún pago al país magrebí por la readmisión y ha defendido la legalidad del proceso, criticado por medio centenar de organizaciones por tratarse de un procedimiento exprés que solo contó con la asistencia de 12 letrados y tres intérpretes para identificar perfiles vulnerables como refugiados o víctimas de trata. “Ninguna de las 116 personas retornadas llegó a solicitar protección internacional y hay una oficina en el Tarajal donde pueden hacerlo. Existe, pues, una vía legal para solicitar la entrada. Por este motivo se decidió retornar a estas personas a Marruecos”.

El ministro se refería a la oficina de asilo del Tarajal como una alternativa para que cualquier persona pueda solicitar protección internacional en España. La oficina, sin embargo, es un espacio fantasma y no ha recibido una única solicitud desde que se abrió en 2015, según confirma la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). Los subsaharianos tienen serias dificultades para aproximarse a la frontera si no es de forma clandestina antes de que la policía marroquí les expulse, denuncia la organización.

La decisión de resucitar ese convenio, usado en contadas ocasiones, despertó críticas de letrados y organizaciones por no considerar a Marruecos un país donde se respeten los derechos humanos de los migrantes. Denuncias recientes revelan que para reducir la presión migratoria en la frontera con España, las autoridades marroquíes han realizado redadas violentas y embarcado a cientos de subsaharianos en autobuses con destino a ciudades desérticas del sur del país.

Aunque la denuncia de estas prácticas se repite desde, al menos, 2005, Marlaska discrepa. “Marruecos es un país muy serio. Parece que tenemos que dar lecciones a todo el mundo. Marruecos ha sido considerado por el Tribunal de Estrasburgo como un país seguro”.

En octubre de 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero usó por primera vez este acuerdo para expulsar a 73 subsaharianos que saltaron la valla de Melilla. Los expulsados fueron encarcelados en una prisión de Tánger al menos 16 días donde iniciaron una huelga de hambre por los malos tratos que recibieron de las autoridades penitenciarias, según consta en la denuncia que fue remitida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Medio centenar de ellos fueron enviados en un avión militar a Malí y el resto, en autobús, a Agadir, al sur del país. La corte acabó desestimando el proceso tras expirar el plazo para que los denunciantes aportasen más información que el tribunal requirió. 

Situación previsible

Según los datos del Ministerio del Interior, que no necesariamente coinciden con los de otras fuentes, hasta el 24 de agosto 31.800 personas habían entrado irregularmente, por tierra y por mar, en España. Es un 125,6% más respecto a 2017. Marlaska ha destacado que se han registrado 27.700 llegadas por vía marítima, un aumento del 178% respecto a 2017. El mismo aumento, ha puntualizado el ministro, que hubo de 2016 a 2017. “El incremento es idéntico y eso tiene su importancia”, ha mantenido. “La situación es extraordinaria pero era previsible”, ha recalcado Marlaska para criticar al Gobierno del PP por no hacer “nada”.

«Hasta hace poco, la atención prestada por las instituciones de la Unión Europea en esta zona ha sido baja y tímida», ha afirmado el ministro. «Nos hacía falta más Europa. Ahora ha tomado más consciencia de la necesidad que requiere esta ruta [la que lleva a España a través del Mediterráneo Occidental]».