Grupos nacionalistas desfilan con antorchas el Día de la Independencia y se enfrentan a la Policía pese a que el Gobierno pidió no participar por la covid-19
TAYLIN AROCHE. LA RAZÓN.- El humo de las bengalas se elevó ayer en Varsovia para conmemorar el aniversario de la independencia de Polonia. Después de 123 años en los que el país se dividió y repartió entre las potencias vecinas, los polacos recuperaron su autonomía el 11 de noviembre de 1918. Durante la ocupación alemana en 1939-1945, la celebración fue fuertemente reprimida y posteriormente ilegalizada desde 1945 bajo el comunismo. No fue hasta 1989 cuando se volvió a instaurar tras votación parlamentaria. El 11 de noviembre de 1997, el Sejm (Cámara Baja del parlamento) aprobó una resolución en la que se proclamaba, entre otras cosas, que «este solemne aniversario suscita una reflexión sobre el medio siglo en el que la libertad y las aspiraciones democráticas de los polacos fueron sofocadas por los ocupantes nazis y soviéticos y luego –al margen de nuestra tradición– el poder comunista subordinado a la URSS».
El presidente Andrzej Duda participó en los actos oficiales a primera hora de la mañana para dar paso a la gran Marcha de la Independencia.
La marcha de Varsovia que todos los años transita la capital se prohibió este 11-N debido a la epidemia. Para eludir la prohibición los organizadores hicieron una llamada a asistir en motocicletas y coches. La propia coordinación de la marcha no respetó las condiciones de distanciamiento social o el uso de mascarillas. Miles de personas llegaron andando hasta la rotonda Dmowski con bengalas, pancartas y camisetas con emblemas del tipo: «Muerte a los enemigos de la patria», «Dios honre a la patria» y «No al LGTB» y gritaron consignas como «Pedófilos, lesbianas, gays, toda Polonia se ríe de vosotros».
Desde hace más de un mes el país se ha visto envuelto en una serie de manifestaciones en contra del fallo del Tribunal Constitucional que restringe, hasta el punto de casi prohibirlo en su totalidad, el derecho al aborto. Quienes salieron ayer a las calles representan la otra parte de un país fuertemente polarizado, la mitad más conservadora y que sigue sosteniendo a Ley y Justicia (PiS), el partido de Jaroslaw kaczynski, en el Gobierno.
Un país polarizado
«Es un hecho, Polonia está fuertemente dividida. El PiS se sirve de esta división, canaliza los apoyos del electorado más tradicional y otro tanto de quienes avalan su gestión económica», comenta a LA RAZÓN Aleks Szczerbiak, profesor de Política y Estudios Europeos Contemporáneos de la Universidad de Sussex en Reino Unido.
A pesar de la pérdida de popularidad, casi cinco puntos, el PiS sigue manteniendo su base intacta. «Sienten que no solo se ha redistribuido el dinero, sino también el prestigio. La gente empieza a ver cómo desde el Gobierno les tratan con respeto, a pesar de no ser esa típica élite económica y cultural de las grandes ciudades. El partido provee una estabilidad económica y cultural», asegura Szczerbiak.
Robert Winnicki, uno de los organizadores de la marcha y miembro del Parlamento, leyó un manifiesto frente al Palacio de la Cultura y la Ciencia donde pidió al Gobierno «no doblegarse a las élites de Bruselas y Berlín». Aseguró que los polacos seguirán defendiendo a la iglesia, pero «solo si el Gobierno se compromete a no esconder los casos de corrupción o abusos sexuales».
En un ambiente hostil donde no tardaron en sucederse agresiones a la Policía, los antidisturbios empezaron a detener a quienes lanzaban piedras para romper el cordón policial. Hasta 10.000 participantes, según el ayuntamiento de Varsovia salieron ayer a las calles; frente a los 47.000 del año anterior.
Polonia debe hacer frente a la covid-19 –con máximos desde el inicio de la pandemia y con infecciones por encima de los 22.000 casos diarios en la última semana–, y la crisis económica. El país entró en recesión por primera vez desde la caída del comunismo el segundo trimestre. Al igual que el resto de países europeos, el Gobierno de Kaczynski espera el Fondo Europeo de Recuperación, pero preocupa la posibilidad de que la UE vincule el reparto al respeto al Estado de derecho.
Bajo la lupa de Bruselas
Bruselas mantiene en el punto de mira al país centroeuropeo por sus repetidas injerencias en la estructura del poder judicial. El primer informe creado por la Comisión Europea para analizar el Estado de Derecho en los países miembros critica duramente las políticas del PiS. Según Bruselas, la Justicia y la libertad de los medios de comunicación corren peligro. La Comisión asegura que la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el sistema judicial ha debilitado su independencia y a pesar de los procedimientos de infracción activos desde 2017, el Gobierno de Ley y Justicia (PiS) sigue llevando a cabo reformas judiciales. El documento europeo contabiliza más de 30 leyes que afectan la estructura del sistema judicial, incluido el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, los tribunales de lo contencioso administrativo y el Ministerio Fiscal.
Hasta ahora el Gobierno no ha dado marcha atrás, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la recién creada Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo, Varsovia ha seguido adelante con ella.
Otro de los puntos alarmantes para Bruselas es el lugar que ocupan organizaciones no gubernamentales y grupos sociales, parte esencial del debate público, y que han sido objetivo de ataques por parte de políticos del gobierno.
