El Ayuntamiento extenderá esa consideración a los que tengan lugar en un contexto de violencia sexual y prostitución, las y los menores asesinados por sus progenitores o las víctimas indirectas de la violencia de género.
FELIPE SERRANO. CADENA SER.- El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar este miércoles una iniciativa, presentada de forma conjunta por Ahora Madrid y el PSOE, que amplía los casos considerados como asesinatos por violencia machista. Hasta ahora estos casos no se contabilizaban y quedaban fuera de los protocolos de rechazo y condena. Así ocurrirá también, tras el visto bueno de esta proposición, con las y los menores asesinados por sus progenitores, con las víctimas indirectas de la violencia machista o con los asesinatos cometidos en contextos de violencia sexual y prostitución.
De esta forma, según informan fuentes municipales, se amplía el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul, el marco jurídico de mayor relevancia internacional en la materia.
Esta decisión implica, por un lado, la puesta en marcha del protocolo de condena en todos estos casos que antes quedaban fuera: la condena en la página web y en las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid, en el caso de las víctimas de fuera de la Comunidad de Madrid; la condena y un minuto de silencio, en el caso de las víctimas de la Comunidad de Madrid, y la condena, el minuto de silencio y tres días de luto, en el caso de las mujeres asesinadas que fueran vecinas de la ciudad de Madrid.
Comité de crisis
Hace unos meses también se aprobó en pleno la creación de un ‘comité de crisis’ por cada mujer asesinada en la ciudad de Madrid, formado por un equipo multidisciplinar que investiga el caso a fondo, evalúa la actuación de los servicios municipales y analiza las causas para obtener propuestas de mejora que ayuden a erradicar las violencias machistas en Madrid.
El primer y único comité hasta ahora ha sido el de Susana Galindo, asesinada en el distrito de Ciudad Lineal. De su informe final se deriva la puesta en marcha de la campaña ‘Barrios por los buenos tratos’, que tiene como objetivo “sacar la violencia machista del hogar al espacio público para que sea asumida como un asunto de todos y todas y dar a conocer los recursos municipales de lucha contra este tipo de violencia, así como varias iniciativas de formación para el personal de los servicios municipales”.
Leyes insuficientes
La proposición que será votada este miércoles también insta al Gobierno central “a modificar la legislación vigente para ampliar el concepto de víctima de violencia contra las mujeres o violencia de género, para adecuar las actuaciones de atención integral, protección y justicia a las recomendaciones y estándares internacionales y garantizar que en todas ellas esté presente el enfoque de género y el tratamiento especializado”.
La Ley Integral de Violencia de 2004 reconoce como víctimas de violencia machista sólo a aquellas mujeres que sufren violencia por parte de la pareja o expareja. En total, desde 2003, han sido asesinadas 237 personas que no entran dentro de esta definición. En la mayoría de los casos, según informan desde el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad que dirige Celia Mayer, “estos asesinatos son tratados como crímenes comunes, por lo que las víctimas no tienen acceso a protección policial o a la especificidad del tratamiento jurídico, y las víctimas y sus familiares no acceden al sistema de derechos previsto para las víctimas de violencia machista, desde las medidas de reparación a la asistencia a familiares”.
“Nuestra legislación no está actualizada, no está a la altura de lo que demandan los estándares internacionales, e invisibiliza otras formas de violencia machista que sufren miles de personas en nuestro país”, defiende Mayer.
La no consideración de estos casos dentro del concepto de violencia de género, como hasta ahora, tiene graves consecuencias “respecto a la percepción social de la violencia machista y al acceso a la justicia y la reparación de víctimas y supervivientes. La más evidente es la minimización del impacto de la violencia de género en los datos estadísticos oficiales y del impacto en la percepción de la población. Pero, además, esta exclusión impacta de manera directa en la falta de perspectiva de género en toda la cadena de actuaciones profesionales en el ámbito de la atención a las víctimas, la protección y la justicia”, como recoge la proposición.
