El sociólogo y académico de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile criticó la urgencia que se le dio abruptamente a la nueva ley. «El Gobierno, nuevamente, recurre a la migración para transmitir seguridad a la población nacional en un momento muy crítico», expresó el experto
UCHILE.- La decisión del Gobierno de dar discusión inmediata el proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería, que se encontraba paralizado en el Congreso desde el inicio de la segunda administración de Sebastián Piñera, sorprendió a las organizaciones migrantes presentes en nuestro país.
Este jueves, el sociólogo y ex presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, conversó con Patricio López , director de Radio y Diario Universidad de Chile, sobre esta nueva normativa que busca impulsar el Ejecutivo y el momento en que se decide dar la urgencia al proyecto.
El integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile explicó que la normativa vigente en esa área data de la dictadura. Por tanto, hay consensos transversales en que debe haber una nueva ley, como lo vienen señalando las organizaciones migrantes desde los años noventa.
“El marco normativo es anterior al flujo migratorio que está viviendo Chile, por lo tanto, tiene problemas en sus orígenes, tanto por haber sido creada en dictadura, como por su falta de atención a la realidad temporal de los focos migratorios contemporáneos”, señaló el experto.
Thayer expresó que actualmente, en materia de legislación, hay dos posiciones en disputa: la que propone el proyecto de ley y otra que postulan las organizaciones migrantes junto a universidades y el ex Consejo Consultivo Nacional de Migraciones. Por ello que es relevante llegar a un consenso, lo que conlleva que las posiciones deban procesarse y exponerse explícitamente, tanto en el Congreso como en distintos espacios de debate.
“Si se instala una política migratoria que no sea de Estado, será insostenible en el tiempo. La suma urgencia que el Gobierno hoy le puso al proyecto es inexplicable en términos políticos y perjudica la idea de construir un consenso de Estado en torno a la ley migratoria”, aseveró el sociólogo.
“Me parece que el Gobierno, nuevamente, recurre a la migración para transmitir seguridad a la población nacional en un momento muy crítico, cuando las confianzas son muy necesarias. Entonces, a través de una arremetida comunicacional, se busca imputar a la población migrante una de las causas principales del contagio a propósito del COVID-19. Poner el tema en la mesa y resolverlo rápido, como quiere el Gobierno, forma parte de esta estrategia de transmisión de seguridad a la población” , agregó.
El académico también ahondó en la idea de que los extranjeros pueden representar un peligro. “Aunque el relato que acompaña al proyecto de ley y su enfoque no es tal cual lo planteaba la dictadura, es posible ver en el discurso del Gobierno una noción del migrante como un sujeto respecto del que hay que sospechar, que por defecto viene a vulnerar el marco jurídico y a ejercer un aprovechamiento ilegítimo de los bienes públicos y de los servicios sociales. Entonces el articulado del proyecto está orientado en gran parte a detener esa acción del migrante que va a perjudicar a la sociedad”.
“Hay otra concepción que está presente en el proyecto y que estima a la migración como problema, de que los migrantes son un lastre para el Estado y la sociedad. Además, en el proyecto se privilegia la contribución económica del migrante por sobre la justicia social y finalmente, hay un cuarto enfoque que asume, erróneamente desde mi punto de vista, que la ley migratoria tiene una potestad completa para regular y controlar el fenómeno”, añadió.
Según las declaraciones del propio Presidente, Chile necesita una ley que “nos permita establecer y favorecer la migración legal cumpliendo nuestras leyes y evitar la inmigración ilegal que no cumple con nuestras leyes”. Ante la pregunta de cuánto depende del propio individuo migrante su condición de ilegal, Thayer manifestó que esas declaraciones evidencian la distancia entre el relato que imputa al migrante una voluntad de permanecer irregular y la realidad.
“Si uno habla con un migrante que esté en situación de irregularidad, es evidente que quiere salir de esa condición. Ninguna persona extranjera que viva en esta sociedad va querer estar sin el reconocimiento jurídico que le provee el Estado. No hay ningún migrante que quiera estar en situación irregular“, aseveró tajantemente el doctor en Sociología.
“Hay que entender que hay condiciones que generan que las personas prioricen otros elementos, pues la migración se produce en contextos sociales y políticos específicos que inciden en las decisiones que toman los migrantes. Hay un dato que es muy significativo: la restricción de los ingresos al país ha generado un crecimiento exponencial de la migración irregular. Según datos de la Policía de Investigaciones, en 2018 hubo 2903 denuncias por ingreso clandestino y, a octubre de 2019, esa cifra aumentó a 7800, es decir se triplicó y eso no es porque la gente quiera vivir de manera irregular, sino porque hay familia, trabajo u oportunidades en Chile que no tenían en sus países de origen, y eso para las personas es más importante que tener un carnet o no”.
Finalmente, el especialista en Migración y Racismo criticó el rol de los medios de comunicación masivos que, según señaló Thayer, mantienen un sesgo en contra de ciertos migrantes.
“Los medios masivos han sido serviciales a la política comunicacional del Gobierno. No han ejercido su rol contralor crítico al que están llamados por definición, se han prestado para operaciones comunicacionales. Por otro lado, las líneas editoriales de los medios, y también la formación de muchos comunicadores, tienen concepciones profundamente racistas respecto de los migrantes. Esto genera un estigma que dificulta el proceso de integración y que los pone en riesgo frente a agresiones y a la violencia”, concluyó.
