El País.- No hay finalmente conformidad de todos los acusados por los sucesos violentos del 9 d’Octubre de 2017, que han llevado este lunes al banquillo a los 28 ultras que reventaron hace seis años la manifestación que el bloque de organizaciones de izquierdas y nacionalistas convocó el Día de la Comunidad Valenciana. 26 de los 28 acusados parecían dispuestos a aceptar condenas por delito de odio (son varios delitos más y en diferente grado) a cambio de reducirlas a entre 16 y 19 meses, además de la suspensión del ingreso en prisión, según el acuerdo que las partes tenían adelantado después de meses de conversaciones lideradas por las fiscal Susana Gisbert. Pero el pacto ha fracasado a última hora por el desacuerdo en torno a las órdenes de alejamiento y el juicio seguirá adelante los próximos 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo del año próximo.
El acuerdo de conformidad recogía además el pago de las indemnizaciones civiles íntegras que pedían los afectados —unos 1.700 euros de media por acusado, que ya se han satisfecho—y las órdenes de alejamiento para los condenados de unos 300 metros no sólo de los agredidos sino también de las sedes de las organizaciones convocantes de la marcha, la Comissió 9 d’Octubre.
Desde primera hora de este lunes y a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se ha celebrado la vista, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una de las entidades convocantes de la manifestación de 2017, ha desplegado una pancarta condenando el “fascismo”. Uno de los acusados, el ultra conocido como El Alfarrasí, ha entrado a los juzgados y antes les ha espetado: “Esteu sempre plorant (Estáis siempre llorando)”. Otro de los acusados ha llegado a encararse con la concentración antifascista, pero lo han disuadido. Más tardes agentes de la policía han pedido identificar a uno de los concentrados pero, finalmente, tras mediar una abogada, han desistido y únicamente les han solicitado que dejaran las pancartas puesto que la concentración que tenían autorizada había concluido a las 12.30 horas y se había excedido el permiso.
En la sala de vistas, la más grande de la Audiencia, la mayoría de los acusados parecían conformarse con la reducción de condenas menos dos, uno de ellos un locutor de televisión y de radio que, según las acusaciones, en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones aquel día.
Además de la negativa de dos de los acusados, se ha escuchado la protesta de otro abogado defensor porque los términos del pacto, al que supuestamente iba a sumarse, incluía un alejamiento que suponía prácticamente “el destierro” de su defendido. Ha sido la gota que ha colmado el vaso y el magistrado Vicente Rios ha lamentado que a estas alturas de las negociaciones las partes no conocieran el contenido íntegro del pacto. “Un poco de seriedad”, ha pedido y, a continuación, ha suspendido el juicio que parecía evitarse hasta marzo de 2024.
La fiscal Susana Gisbert ha confirmado a la salida del juzgado que no había acuerdo: “Era un señalamiento para cuestiones previas y una posible conformidad, y es verdad que había conversaciones y un escrito muy adelantado pero finalmente había un punto, que ya estaba en el pacto redactado originalmente, que algunas de las defensas han caído hoy que no era de su gusto. Al final, el presidente no nos ha dado opción a cambiarlo más”. Queda en el aire todo lo adelantado pero la conformidad de las condenas es posible hasta la reanudación del juicio, ha reconocido la fiscal.
Descartada la conformidad, la Fiscalía de Valencia mantiene su solicitud de penas que oscilan entre los tres y los siete años y medio de prisión para los acusados de agredir y coaccionar a asistentes a la manifestación del 9 d’Octubre de 2017 en València y a profesionales de los medios de comunicación que dieron cobertura a la marcha. El ministerio público les atribuye, en diferentes grados, delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra y reclama multas y responsabilidad civil. A estos delitos, la Comissió 9 d’Octubre —que ejerce la acusación a través de ACPV—, añadía el de daños, el de odio y pertenencia a grupo criminal, y por la reincidencia en algunos casos, y pedía penas de entre 5 y 11 años de prisión.
ACPV ha indicado después en un comunicado que está “decidida” a que este proceso marque “el fin de la impunidad de la violencia fascista”, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de que se impongan órdenes de alejamiento a los acusados. “Se ha conseguido la expulsión de los acusados del estadio del València C.F. y la disolución de una peña violenta y protagonista de numerosos incidentes, así como la condena social de los violentos, de tal manera que las manifestaciones del 9 d’Octubre de los años posteriores —y hasta ahora— se han realizado con normalidad y tranquilidad, y con una importante participación joven”, cuestiones que la entidad califica de “éxito”.
Los hechos a juicio se produjeron el 9 d’Octubre de hace seis años, por la tarde, cuando uno de los acusados, conocido como El Alfarrasí, accedió a la plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio de la manifestación, junto a otras personas entonando cánticos, gritos y realizando el saludo que consistía en mantener el brazo en alto, propio de movimientos fascistas y neonazis.
La actuación de estas personas, que increpaban a los manifestantes y se abalanzaban hacia donde se encontraban, a pesar del cordón policial, hicieron que, finalmente, la barrera de seguridad cediera. Esto dio lugar a una estampida que hacía de todo punto imposible el normal transcurso de la manifestación convocada por la Comissió 9 d’Octubre (conglomerado de entidades nacionalistas y de izquierdas), relata el escrito de calificación provisional del ministerio público. A la cola de la manifestación convocada por la comisión se adhirieron formaciones catalanistas como la CUP o Arran.
Los ultras protagonizaron los primeros altercados violentos, con agresiones y puñetazos a participantes en la manifestación. Por ejemplo, varios acusados siguieron a dos manifestantes y le dieron una fuerte patada a uno de ellos a modo de zancadilla, lo que le hizo caer al suelo y arrastró en su caída al compañero. Una vez allí, fueron agredidos con el mástil de una bandera cuatribarrada. Otro manifestante intervino para defender a las víctimas y un gran número de acusados se abalanzaron sobre él y lo acorralaron. Es solo una de las escenas que pudieron verse aquel día pues los altercados fueron registrados ampliamente por los medios de comunicación.
