Un grupo de organizaciones conservadoras lucha desde hace años contra el supuesto de malformación en la UE. Su discurso radical solo ha cuajado en España
MARÍA R. SAUQUILLO EL PAIS La propuesta de eliminar la opción de interrumpir un embarazo si se diagnostica una anomalía fetal no es nueva. Un puñado de organizaciones ultraconservadoras lleva años haciendo campaña en Europa para que se prohíba lo que denominan “aborto eugenésico”. Lobbies como Alliance Defending Freedom y asociaciones como European Centre for Law and Justice (ECLJ) o Christian Concern hace tiempo que reformularon su discurso radicalmente en contra de esta intervención para añadirle una puntilla más específica: asimilar el aborto por malformación con la selección de la especie. Idea en la que se apoyan para argumentar que esta intervención discrimina a los discapacitados, y que les ha acercado a algunos de sus colectivos, que nada han tenido que ver tradicionalmente con la oposición al aborto.
Su doctrina, que no es más que un primer acercamiento a la prohibición de esta intervención médica en todos los casos, ha cuajado entre el sector más conservador del PP, que ha asumido su discurso. De momento, España es el único país de la UE en el que han logrado poner su pica. A pesar de la fuerte división interna, el Gobierno de Mariano Rajoy estudia suprimir el supuesto de anomalía fetal —ahora posible sin plazo si el caso es extremadamente grave— en la nueva (y más restrictiva) ley que prepara. Una idea que ha cristalizado en el discurso del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que satisface también a otros miembros del partido.
De hecho, algunos tienen estrechos lazos con estas entidades contrarias a los derechos sexuales y reproductivos. Como el exministro Jaime Mayor Oreja, ahora eurodiputado, que se ha apoyado en ellas para sacar adelante la iniciativa popular europea contra el aborto que promueve, con la que trata de vaciar de fondos públicos cualquier programa y proyecto que haga referencia a esta intervención (incluso aquellos que tratan de salud sexual). Otros vínculos son más sutiles. En 2012, varias asociaciones europeas —la mayoría antiabortistas, pero también algunas en defensa de las personas con síndrome de Down— encabezadas por el ECLJ, lanzaron la campaña Stop eugenics now (Paren la eugenesia ya). Dos meses después, un grupo de europarlamentarios firmaba una moción casi idéntica en el Consejo de Europa. Entre los españoles (todos del PP) estaban Ángel Pintado o Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. Hace un mes, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, clausuró unas jornadas organizadas por Derecho a Vivir dedicadas a rebatir el aborto por malformación.
A pesar de estos gestos, estas entidades, de ideario próximo al Vaticano, afirman que no tienen vinculación política. “Defendemos la vida con argumentos científicos. Somos independientes”, apunta Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir. De hecho, en España han sido muy beligerantes con el ala menos conservadora del PP. Recriminan que en los ocho años de Gobierno de José María Aznar no se tocase la regulación del aborto, y critican el retraso del Ejecutivo de Rajoy para endurecer la ley de plazos.
Su alegato sobre los derechos de los discapacitados toca a otros sectores
A pesar de que llevan años avivando el debate —han colaborado en iniciativas para vetar la educación sexual en Reino Unido y Suecia o la financiación pública del aborto en Suiza— son poco numerosos. Derecho a Vivir, fundada en 2008 específicamente para combatir el anuncio de la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tiene unos 5.000 socios; y Alliance Defending Freedom, con un carácter más especializado en influir en el ámbito judicial, cuenta con 132 afiliados y 40 trabajadores, según el registro de transparencia de la UE (donde se inscriben los lobbies). Dispone, eso sí, de un presupuesto abultado: más de 27 millones de euros. Fruto, explica Roger Kiska, consejero legal, de donaciones privadas; una parte importante procedentes de su organización amiga en Estados Unidos, American Center for Law and Justice. La misma de la que depende el ECJL.
Es el modelo común. Todas precisan que se nutren de fondos privados. Con ellos organizan campañas, seminarios, actuaciones en Internet… Fórmulas de influencia básicas —también reuniones con eurodiputados y Gobiernos— a las que han añadido otras, más nuevas, como la de judicializar su causa en las instancias internacionales para obtener sentencias que apoyen su argumento. En esto se centra Alliance Defending Freedom y su equipo de 40 abogados. “Además, colaboramos con más de 2.100 juristas de todo el mundo. Y trabajando junto a cientos de abogados cristianos y organizaciones afines de toda Europa, hemos iniciado batallas legales clave en la Corte Europea de Derechos Humanos, la UE, la ONU y los Parlamentos y cortes nacionales”, explica Kiska.
Ahora están en vilo por el próximo pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso de una mujer letona que tuvo una hija con síndrome de Down y que denunció que se le negaron las pruebas de diagnóstico prenatal, unos test a los que se oponen y que también consideran eugenesia. “Estos análisis podrían ayudar a los padres a prepararse para recibir a un hijo con necesidades especiales, pero se están empleando como una fórmula de selección para acabar y abortar a los bebés menos perfectos, incluso aquellos afectados por algo tratable como un pié zambo o labio leporino. Eso es un uso cruel e incluso abusivo de estos análisis”, opina Andrea Minichiello Williams, director de Christian Concern. Esta y otras organizaciones afines se movilizaron hace unos meses contra un test de una empresa alemana que permite detectar ciertas anomalías genéticas a través de la sangre, de manera más sencilla que la tradicional amniocentesis.
Sin embargo, a pesar de que, como ese, sus temas de oposición son variados —investigación con embriones, cuidados paliativos— es el espinoso debate sobre el aborto por anomalías fetales lo que más frutos les está reportando. Porque con la asociación de esta práctica con la discriminación por discapacidad han tocado la tecla de personas y entidades que nunca habían hablado de derechos sexuales y reproductivos. “El aborto por malformación se basa en criterios eugenésicos: todo aquel al que se le diagnostique una enfermedad o malformación física puede ser eliminado sobre la base de este supuesto. Eso es discriminación y es algo fácilmente defendible incluso por personas que pueden estar a favor del aborto, como el Cermi”, dice Joya.
Son contrarios también a las pruebas de diagnóstico prenatal
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), efectivamente, exige que se suprima el supuesto de aborto por malformación. “Hablar de anomalía fetal es hablar de discapacidad y eso, por supuesto, es discriminación. Es exactamente igual que si se permitiese un aborto porque el feto es una niña”, opina Pilar Villarino, directora ejecutiva del Cermi. De hecho, fue un informe de esta institución para el Comité en Defensa de las Personas con Discapacidad de la ONU lo que suscitó que este recomendase a España revisar “el plazo” en el que permite esta intervención “por razones exclusivamente de discapacidad”. Recomendación –sobre el plazo y en el marco de una Convención que no hace referencia ninguna al aborto– que ahora enarbola Gallardón como base para cambiar la ley. Sin embargo, el Cermi, que insiste en que no tiene una postura institucional sobre el aborto ni vinculación alguna con los grupos que lo combaten. De hecho, defiende una ley exclusivamente de plazos, en la que la mujer pueda abortar sin alegar razones. Como la actual, hasta las 14 semanas de gestación.
Pero el argumento sobre la discriminación es controvertido. Marta Pozo, profesora de Derecho de la Universidad de Salamanca, indica que, en principio, no hay ningún argumento jurídico expreso con el que sostener que el aborto por anomalía fetal discrimina a los discapacitados. En cambio, si se suprimiese de la ley “se quebrarían los derechos de la madre imponiéndole una conducta que excede los límites de lo razonable. Eso quebraría la doctrina del Constitucional que indica que los derechos de esta y el bien jurídico vida del nasciturus deben ser ponderados”, indica Pozo.
“Los antiabortistas saben que no hay interés público en prohibir el aborto, así que buscan formas de restringirlo. Se centran en las anomalías fetales porque eso les acerca a algunos grupos que trabajan por los derechos de los discapacitados”, dice Jane Fischer, directora de Antenatal Results and Choice, una ONG que informa sobre todas las opciones disponibles a los padres que, como ella en su día, reciben un diagnóstico prenatal complicado. “Además, saben que el argumento sobre la discriminación incomoda a algunos que están a favor del derecho a decidir sobre la maternidad. Pero las familias toman su decisión con lo que sienten y con lo que el diagnóstico y el pronóstico significan para la vida del niño y para sus vidas como padres. Con eso no están devaluando la vida de las personas que viven con discapacidad”, añade.
De fondo están las familias, apunta Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo de Población y Desarrollo (EPF). “Estos grupos están atacando el caso más complicado empleando argumentos emocionales y retorcidos, alejados de la realidad de las mujeres y las familias que pasan por esa situación”, dice. Los verdaderos afectados. Para ellos, reconoce Fischer, el acalorado debate actual que, en cierta manera, criminaliza a quienes optan por interrumpir el embarazo, no es fácil.
