La Abogacía del Estado pide cuatro años y medio de cárcel para un joven por difundir la foto de la funcionaria tras su declaración en el Tribunal Supremo
JESÚS GARCÍA. EL PAÍS.- El procés ha abierto tantos senderos en los juzgados que resulta inhumano recorrerlos todos. Los líderes políticos del otoño catalán de 2017; los alcaldes que facilitaron locales para el 1-O; los policías que evitaron por la fuerza el referéndum y los ciudadanos que les enfrentaron; los mossos que hicieron poco para frenar la consulta; los altos cargos que manejaron dinero público; los jóvenes que protestaron, con violencia, tras conocer la sentencia.
El propio seguimiento en redes sociales del juicio del procés ha tenido repercusiones penales. El 6 de marzo de 2019, la secretaria judicial Montserrat del Toro declaró como testigo en el Tribunal Supremo. Del Toro había acudido a los registros en el Departamento de Economía del 20-S y tuvo serias dificultades para abandonar el edificio. Su relato fue clave para describir el clima de tensión de aquella jornada y para sustentar las acusaciones contra los políticos presos.
Consciente de la animadversión que Del Toro despertó en ciertos sectores, Manuel Marchena ordenó que se impidiera su “identificación visual” para no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia. La medida de protección no impidió que, el mismo día de su declaración (el juicio fue retransmitido en directo), usuarios de Twitter publicasen fotos de la funcionaria junto a comentarios que oscilan entre la burla, el insulto y la injuria. “Ha testificado esta facha asquerosa”; “¿anonimato? ni hablar, meuca (puta)”; “no quiere que se difunda su imagen, así que ya sabéis, nada de retuits”.
Del Toro conoció esos mensajes por un artículo en la prensa y, al día siguiente, los denunció en el juzgado. Dijo que había sido objeto de “amenazas de muerte y violación” en un “acto claro de revancha” que pretendía “amedrentarla”. Y pidió investigar a los autores por delitos de odio, coacciones, amenazas y obstrucción a la justicia.
El titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona abrió diligencias de inmediato. Y ordenó a los Mossos d’Esquadra una investigación. La UIRAX, la unidad especializada en “radicalismos en redes”, localizó más de una decena de perfiles que habían difundido fotografías de Del Toro. El propósito de esas publicaciones, explícito en muchos casos, era burlar el anonimato que le había proporcionado el juzgado. Los tuits van acompañados de datos (direcciones de correo electrónico, número de DNI, marca del teléfono móvil), comentarios injuriosos y afirmaciones sobre sus supuestas simpatías con la extrema derecha española.
Los Mossos lograron identificar con claridad a cinco personas que estaban tras esos perfiles y el juez abrió una pieza separada para cada uno de ellos: Joaquina B., Rubén N., Ramon F., Marc F. y Jordi M. La mayoría de ellos sostiene que la fotografía y el resto de datos publicados proceden de fuentes abiertas, ya que la secretaria poseía un perfil en la red social Facebook.
EL PAÍS ha accedido al sumario de la causa y a los escritos de acusación contra uno de esos investigados, Jordi M. En un tuit, llamó a Del Toro “Spiderman” (en el juicio, ella describió que tuvo que saltar un muro para abandonar el Departamento de Economía por la azotea) y adjuntó una fotografía con un texto sobre ella. “Seguidora de Unidad Nacional Española, asociación partidaria de usar el ejército contra los catalanes. Quiere mantener el anonimato”.
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Jordi M. por obstrucción a la justicia y coacciones. Considera que el joven conocía las “precauciones” que había tomado el Supremo para salvaguardar la imagen de la secretaria judicial. Y, aun así, decidió publicar su fotografía para “lograr la mayor difusión posible” y que Del Toro “fuese objeto cuanto menos de insultos y escarnio tanto en redes sociales como en su vida privada”. El relato de la Abogacía del Estado es muy similar: subraya que el acusado pretendió “intimidar” a la secretaria y eleva la petición a cuatro años y medio de prisión porque añade otro delito: revelación de secretos.
La defensa de Jordi M. esgrime que el tuit se hizo en base a una fotografía accesible en Google y aportará un reportaje de El Mundo en el que aparece esa misma imagen. “No tiene ningún sentido que se criminalice el uso de Twitter de esta forma. La actuación del acusado es libertad de expresión. Estaba opinando sobre la actuación de una funcionaria en el ámbito de un tema de interés general y público”, opina Benet Salellas, su abogado. Salellas añade que el comentario no incluía “ninguna palabra amenazante ni injuriosa” y recuerda que “es básico proteger la crítica de los ciudadanos a los responsables públicos”.
