Una medida cautelar de la Justicia Federal suspende la ordenanza que cancelaba una convocatoria audiovisual con contenido de diversidad de género. Al presidente no le gustaban algunas de las series propuestas: «Con dinero público no volveremos a ver cierto tipo de obras por ahí»
VÍCTOR DAVID LÓPEZ. ELDIARIO.ES.– El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, articula varias formas de censura cultural al mismo tiempo, pero de momento sus tentativas están siendo bloqueadas por la Justicia. El caso más reciente es el relacionado con el Programa de apoyo al desarrollo audiovisual brasileño, de la Agencia Nacional de Cine (Ancine) en colaboración con el Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE). Cuando Bolsonaro llegó al poder, se encontró con que este mecanismo de subvenciones ya estaba en marcha. Y las producciones LGTBI eran parte fundamental en él.
A Bolsonaro no le gustó la lista de beneficiarios, publicada el 19 de marzo, y el presidente brasileño no tuvo reparos en criticar y ridiculizar, en una de sus habituales apariciones en redes sociales, algunos de los proyectos presentados a esta convocatoria. Sobre todo se centró en series que se habían inscrito en el apartado de diversidad de género. «No vamos a perseguir a nadie, pero Brasil ha cambiado. Con dinero público no volveremos a ver cierto tipo de obras por ahí», avisó, repitiendo sus viejas proclamas contra el colectivo LGTBI. «Eso no es censura. Eso es preservar los valores cristianos, y tratar con respeto a nuestra juventud, reconocer la familia».
Con la Agencia Nacional de Cine (Ancine) absolutamente en entredicho, Bolsonaro anunció el nuevo modelo de funcionamiento del sector cultural en Brasil. «Va a haber filtros, ya que es algo federal. Si no puede haber filtros, extinguiremos la Ancine. La privatizaremos o la extinguiremos. No se puede usar dinero público para películas pornográficas».
El ministro de la ciudadanía –cartera en la que está incluida la secretaría de Cultura–, Osmar Terra, obedeció la voluntad del presidente publicando en el Diario Oficial de la Unión la ordenanza 1.576, de 20 de agosto de 2019, mediante la cual quedaban «suspendidos por un plazo de 180 días prorrogables por igual periodo los términos de las bases de la convocatoria en razón de la necesidad de recomponer los miembros del Comité Gestor del Fondo Sectorial Audiovisual (CGFSA)». La ordenanza, que acababa con todo el concurso público, añadía que tras la recomposición del comité se revisarían los criterios del programa.
Automáticamente, el Ministerio Público Federal redactó una acción civil relacionando esta decisión del ministro con las críticas y mofas de Bolsonaro a las producciones LGTBI.
eldiario.es ha conversado con Allan Deberton, productor de ‘Transversais’, una de las series que Bolsonaro ridiculizó en público, en medio del proceso de selección de trabajos para asignar estas ayudas. «En mis 37 años nunca sufrí ni noté censura, hasta ahora», comenta. «Es surrealista e inmoral. Y todavía más triste cuando viene de un jefe de Estado que representa al pueblo y su pluralidad». El productor cearense, lejos de amilanarse, le recuerda al presidente que su trabajo como cineasta se centra, en buena parte, en personajes marginados: «Es un deber social que quiero continuar desarrollando y nunca imaginé que necesitaría la aprobación del Gobierno para eso».
Esta semana la acción civil de la Fiscalía ha llegado a buen puerto en la Justicia Federal. La excusa de la recomposición del Comité de Gestión del Fondo Sectorial Audiovisual no le ha servido a la jueza Laura Bastos Carvalho, que ha suspendido los efectos de la ordenanza censora basándose en tres preceptos. En el primero sostiene: «El referido comité no tendría participación en la etapa final del certamen, que cuenta con comisión evaluadora propia y cuya composición fue definida por las reglas de la convocatoria publicada».
«Los derechos fundamentales de libertad de expresión, igualdad y no discriminación merecen la tutela del Poder Judicial, incluso con medidas cautelares», asegura la jueza en el segundo punto. Por último, recuerda que la ordenanza carece de sentido ya que la transferencia de recursos económicos entre el Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE) y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) ya está en marcha, lo cual significa que suspender este proceso significaría daños al erario.
A pesar de todo, Bolsonaro no cede en su empeño y las tentativas de censura continúan –afectan, con igual presión, a espectáculos teatrales centrados en temáticas de diversidad de género, patrocinados por la Caixa Econômica Federal–. «Este caso de la suspensión de la convocatoria de Ancine es censura», denuncia Marcelo Trotta, actual presidente de la Associação Brasileira de Cinematografia. «Y repudiamos cualquier tipo de censura. El propio Ministerio Público Federal así lo ha comprendido».
Trotta, director de fotografía, asume que puedan existir cambios de rumbo ideológico, pero no acepta la línea de acción de Bolsonaro: «Una cosa es tener una dirección de su política en relación a la cultura y otra cosa es acabar entrando en el terreno de la ilegalidad, de la discriminación y de los prejuicios. Esa línea ya fue definida por la Constitución». Al igual que Deberton, no recuerda nada similar. «En la historia reciente hemos tenido alguna dificultad con la burocracia, problemas para recibir el dinero, pero nunca cancelaciones ni suspensiones de una convocatoria debido a la temática. Esto hay que combatirlo para que no se convierta en una regla».
La Agencia Nacional de Cine (Ancine), en una situación casi terminal, no ha querido realizar declaraciones para este reportaje. «La Ancine no se manifiesta sobre el posicionamiento del Gobierno», han comunicado a través de un correo electrónico. En la misma comunicación han confirmado que «sí, el Comité Gestor del Fondo Sectorial Audiovisual está aguardando el nombramiento de sus nuevos miembros».
Todos los escándalos que va acumulando Bolsonaro ayudan, en parte, a esconder ante la opinión pública las acusaciones de corrupción contra su organización, el Partido Social Liberal (PSL) –acusado de presentar una serie de candidatos fantasmas a las pasadas elecciones para blanquear dinero procedente del fondo electoral–, y las dificultades para sacar adelante la principal de sus reformas, la de la seguridad social. La falta de capacidad para llegar a acuerdos con diputados y senadores enflaquece el rigor de sus medidas, por ahora.
