Los profesores y el alumno que lograron la condena a la Universidad de Barcelona: «La universidad catalana está al servicio del poder político»
OLGA R. SANMARTÍN. EL MUNDO.- El 21 de octubre de 2019, una semana después de que el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia del referéndum ilegal del 1-O, el claustro de la Universidad de Barcelona se reunió para aprobar un manifiesto que exigía la libertad de los presos, denunciaba «la deriva autoritaria» de la Justicia y reivindicaba la autodeterminación de Cataluña. Sólo una persona pidió anular la convocatoria. Como el doctor Stockmann en Un enemigo del pueblo, el catedrático de Filosofía del Derecho Ricardo García Manrique disertó sobre la neutralidad de las instituciones públicas, advirtió de que el texto no representaba las opiniones de todos los integrantes del campus y defendió que la iniciativa también era un error desde el punto de vista jurídico.
– Podría ser tumbada en los tribunales, avisó.
– Pues denúnciala tú mismo, le respondieron sus compañeros.
El manifiesto se aprobó por un centenar de votos a favor y sólo seis en contra. Pero García Manrique les hizo caso y acudió a la Justicia. Un año después, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo le ha dado la razón y ha condenado a la Universidad de Barcelona por vulnerar los derechos a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y a la educación.
«Por lo que yo sé, es la primera vez que un juzgado se pronuncia sobre esto. Los rectores siempre creen que se puede decir lo que se quiera porque les ampara la libertad de expresión, pero la sentencia dice que éste es un derecho de las personas, no de las instituciones públicas. Las universidades pueden abrir un espacio de debate público y dejar que los profesores y alumnos se expresen libremente, pero ellas no pueden adscribirse a una causa política», señala García Manrique.
«NO QUERÍAMOS VIVIR COMO EN EL ‘PROCÉS'»
Su recurso lo firmaron cuatro personas más: tres académicos y un alumno de la misma universidad. Una de ellas es la profesora de Derecho Civil Chantal Moll, que el año pasado se enfrentó a unos encapuchados durante la huelga universitaria por la sentencia del 1-O para que varios alumnos pudieran entrar en clase. Moll, que fue en la lista de Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona como independiente, es una de las fundadoras de Universitaris per la Convivència, un colectivo que lucha contra la instrumentalización política de las instituciones públicas.
«La universidad está al servicio del poder político en Cataluña. Es una costumbre totalitaria y nosotros no queríamos volver a vivir como durante el procés, en los que las universidades estaban todo el rato emitiendo comunicados partidistas. Por eso respaldé el recurso», cuenta.
Sostiene que el manifiesto formaba parte de «una estrategia totalitaria» por la cual el independentismo se sirve de la legitimidad que le conceden los campus. «Junqueras dijo durante el juicio que él hizo lo que le pidieron las universidades. Todos los campus firmaron su adhesión al pacto del derecho a decidir. Y no es casual que todos redactaran los mismos manifiestos de rechazo a la sentencia, que fueron al Palau de la Generalitat a entregar en persona a Quim Torra», argumenta.
¿Por qué salieron aprobados? «El claustro de la Universidad de Barcelona tiene 300 miembros y el día de la votación sólo se presentaron 120», responde García Manrique. Tanto él como Moll aseguran que en el máximo órgano de representación de la universidad «hay una mayoría nacionalista, porque son personas más movilizadas, más activas, que buscan más el voto, y el resto no quiere problemas y se ausenta».
«ES DOLOROSO PLEITEAR CON MI UNIVERSIDAD»
Lo sabe bien Rafael Martínez, catedrático de Ciencia Política, que formó parte del equipo de gobierno del rector, Joan Elías. De hecho, fue su jefe de campaña. Ahora están bastante distanciados. «Significarse como hemos hecho es costoso y nada agradable. Me resulta doloroso tener que pleitear contra mi universidad», expresa. «Pero era imprescindible para que se centre en construir el mejor proyecto académico e investigador posible y se limite a emitir opiniones sobre ciencia y conocimiento, no sobre ideología pura y dura».
José Andrés Rozas, catedrático de Derecho Financiero, ha recibido muchos mensajes de felicitación por la sentencia. Le llaman «valiente». «La gente me dice que piensa lo mismo que yo, pero que no se atreve a decirlo. Este miedo es sintomático del clima agobiante y asfixiante que se ha generado, de esa presión psicológica de que, si no estás conmigo, estás contra mí».Más en El Mundo.
En su opinión, «la sentencia es importante porque fija una postura sobre la neutralidad y determina que se ha vulnerado el derecho a la educación porque el contenido del manifiesto defiende comportamientos que van contra la convivencia». «Una institución educativa contraviene su razón de ser cuando envía un mensaje contraeducativo, y eso lo aprecia la juez», añade. También advierte que, en vísperas del juicio a los síndicos electorales del 1-O, el fallo sirve como mensaje de advertencia a futuras declaraciones de apoyo por parte de la universidad, dado que dos de ellos son profesores en este campus.
El último de los firmantes del recurso es Daniel Tolosana, estudiante de 2º de Relaciones Laborales. «¿Que por qué lo hice? Porque el manifiesto se pone del lado de los independentistas y nos deja al resto de los alumnos de lado. Es como si dijera que todo lo que representamos los demás de nada vale».
