Los sindicatos dicen que la vigilancia del radicalismo «excede» sus funciones y puede provocar «complicaciones» en los colegios. CSIF pide una reunión con la Generalitat
Jóvenes musulmanes durante el Ramadán. BERNARDO DÍAZ
OLGA R. SANMARTÍN. EL MUNDO.- A los sindicatos de profesores no les parece buena idea el protocolo que prepara la Generalitat de Cataluña para que los docentes vigilen el auge del yihadismo en las aulas y estén atentos a posibles cambios de actitud en sus alumnos. Esta tarea, sostienen, «excede» sus funciones y puede provocar «complicaciones», como el hecho de que los estudiantes dejen de ir a clase por miedo a ser vigilados o «tomen represalias» contra sus maestros.
EL MUNDO publica este lunes que la Generalitat y los Mossos están redactando un protocolo similar al que ya se tiene para combatir las bandas juveniles latinas y queimplica a los docentes, que deben observar actitudes sospechosas en los estudiantes, como un injustificado absentismo, expresiones religiosas exacerbadas, faltas de asistencia a Gimnasia o a Música por motivos religiosos…
Los sindicatos lamentan que no se les haya consultado para tomar una decisión de estas características. «El Departament no se ha puesto en contacto con nosotros», explica Manel Pulido, secretario de Enseñanza de CCOO en Cataluña. «Nos gustaría poder hablarlo con la Generalitat, porque es un tema complejo y puede haber muchos problemas».
¿Qué tipo de problemas? «Tendríamos que mirar el nivel de protección de los trabajadores educativos, por si se pueden tomar represalias con el profesorado», detalla. Y añade que, «en un escenario en el que a los docentes cada vez se les recorta más, incrementar las misiones de la escuela es muy complicado».
«Últimamente la escuela se tiene que encargar de solucionar todo: los accidentes de tráfico, la violencia machista, ahora el yihadismo… Esto puede ser una extralimitación de nuestras funciones«, considera.
Le da la razón Nicolás Fernández Guisado, presidente de Anpe: «Hay que saber cuál es el papel de cada uno. Ni estamos preparados ni éste es el papel de la escuela», sostiene. Y recalca: «No queremos una escuela policial ni que haya una caza de brujas».
Explica que «la escuela es el lugar del aprendizaje, de la convivencia, de la educación en valores y, desde luego, todo tiene que hacerse desde una educación inclusiva». «En casos de delitos o supuestos delitos o si se transgreden las normas, naturalmente que la comunidad educativa puede actuar, pero ejercer actividades policiales desde dentro de las aulas no sólo es peligroso sino inconveniente, porque los alumnos pueden abandonar la escuela si ven que ésta no cumple su papel inclusivo», advierte.
Recuerda que «hablamos de menores de edad en la mayoría de los casos», con los que hay que tener «mucha precaución y mucha prudencia». Fernández Guisado está en contra de que «se legisle a golpe de suceso dramático» y recomienda establecer otro tipo de protocolos, más orientados en la línea de los decretos de convivencia.
Carlos López, responsable educativo de UGT, piensa algo parecido. «El profesor tiene que impartir una educación con respeto a las normas. Todos los materiales que la Administración nos pueda proporcionar nos pueden ayudar y, cuando vemos dentro del aula comportamientos que no son adecuados, informamos a los profesionales. Pero, si se nos encomienda simplemente una labor policial o coercitiva, estamos en desacuerdo».
El sindicato de funcionarios CSIF ha pedido una reunión a la Generalitat después de conocer la noticia por EL MUNDO. Fuentes de esta central resaltan la «complejidad» de este protocolo en ámbitos como «la libertad religiosa, la libertad de expresión» o «por las propias dificultades que tienen el yihadismo y los propios cuerpos de seguridad para combatirlo».
«Los profesores carecen de medios y formación para asumir esta responsabilidad», insisten, y recuerdan los recortes educativos que se han producido en Cataluña donde, en la actualidad, se registra una ratio de entre 32 y 35 alumnos en Primaria y de 35 alumnos en la ESO.
