En la última década, los grupos antiderechos y fundamentalistas religiosos han saltado a la arena internacional y, aunque su número no ha crecido exponencialmente, han conseguido mayor impacto, coordinación, recursos y apoyos
MARISA KOHAN. PÚBLICO.- Los procesos judiciales emprendidos contra Drag Sethlas, ganador del carnaval de Gran Canarias en 2017; Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid; las organizadoras de la procesión del Coño Insumiso de Sevilla, o la Federación de Planificación Familiar Estatal, entre otros, tienen todos un mismo origen: los grupos ultraconservadores considerados antiderechos, que se han especializado en judicializar todo aquello que consideran una ofensa a los sentimientos religiosos o una ‘amenaza’ a la interpretación más integrista del catolicismo.
Si bien su existencia no es nueva, en la última década estos grupos ultrareligiosos han cambiado de forma radical su modus operandi. Aunque diversas fuentes coinciden en que su número no ha crecido de forma exponencial, sí han ganado en sofisticación y organización, y cada vez son más ambiciosos en sus objetivos.
“Su participación en el escenario internacional funciona como un caballo de Troya destinado a minar los objetivos y el funcionamiento de los sistemas de derechos humanos”, afirma un reciente informe de AWID, una organización de defensa de los derechos de la mujer. Esta organización afirma que en la escena internacional estos grupos están actuando ahora “con un mayor impacto, frecuencia, coordinación, recursos y apoyo”.
Y precisamente, esa es una de las principales diferencias con el pasado. Estos grupos, que estaban circunscritos más a la acción nacional, han ido perfeccionando sus técnicas de lobby y ocupando cada vez más espacios internacionales, como las Naciones Unidas o las instituciones europeas. “Esta profesionalización del lobby es muy reciente, y en los últimos tres años han desarrollado una agenda ofensiva contra los progresos sociales que ha conseguido que los derechos de las mujeres y los colectivos LGTB hayan avanzado poco”, afirma Neil Datta, director del Foro Parlamentario Europeo para la Población y el Desarrollo, un organismo de la UE que trabajar con los estados miembros para mejorar y ampliar los derechos sexuales y reproductivos.
Estos grupos han estado detrás de los intentos de restringir el aborto en España en 2013, en Portugal en 2015, de querer prohibirlo en Polonia en 2016 o de la campaña para incluir en las constituciones europeas la definición tradicional de matrimonio, cosa que consiguieron en Croacia.
Tal como comenta Datta, a pesar de no tener éxito en sus objetivos, esta forma de actuar «de ir a por la mayor», termina dándoles pequeñas victorias. En España finalmente no triunfó la ley de Gallardón, pero sí se modificó la edad de consentimiento para acceder a un aborto para las menores de 18 años.
Según este especialista de la UE, en las instituciones hay políticos con estos perfiles, principalmente de países como Alemania, Eslovaquia, Hungría, Italia, España y Francia. En el caso español, el que encarna esta figura con mayor claridad es Jaime Mayor Oreja, que llegó a ser vicepresicente del grupo Popular Europeo y presidente de la plataforma Federación One of Us (uno de nosotros), que nació para impedir que los embriones humanos se utilicen para la investigación o que se permita su destrucción, y que defiende la vida desde el mismo momento de la concepción.
Un elemento en común de todos los grupos ultra religiosos es su fijación con el género y la sexualidad. Según explica AWID, “usan los cuerpos de las mujeres, las niñas y las personas con identidades de género y orientaciones de género no convencionales como un campo de batalla para sus luchas por apropiarse y retener el poder institucional y social”. Hacen “una interpretación patriarcal y absoluta de la religión para alcanzar el poder político, social y/o económico”, añade la organización.
Su discurso también defiende la libertad religiosa, sin embargo atacan de manera sistemática todo lo que sea contrario a su fe cristiana.
¿Cuáles son estos grupos en España y qué hacen?
Hazte Oír
Es el principal de ellos, con amplias conexiones internacionales. Fue fundada en 2001 por Ignacio Arsuaga Rato (sobrino de Rodrigo Rato) y mantuvo durante años una estrecha relación con el Partido Popular. Arsuaga, que estudió derechos en la Universidad caltólica de Comillas, realizó un máster de Derecho Internacional en la Fordham University, en Nueva York, y pasó por el Leadership Institute, un laboratorio de ideas neoconservadoras que forma a cuadros antiderechos y que incita a sus alumnos a ser activos en política.
La creación de Hazte Oír supuso una revolución en las formas de actuar de estos grupos utraconservadores en España, porque tanto su estructura como su forma de actuar y su lenguaje se distancian del que tradicionalmente han mantenido otros grupos ultrareligiosos como los Legionarios de Cristo o el Opus Dei. «Se trataba de crear una base de apoyo y movilización social, por lo que su lenguaje tomó tintes seculares y más cercano al de los derechos humanos en la forma, pero con interpretaciones ultracatólicas en el fondo y en la interpretación de los conceptos», afirma Datta.
Según los últimos datos publicados por esta organización, Hazte Oír contaba en 2016 con unos ingresos de algo más de 2,5 millones de euros recaudados de las cuotas de socios (55,7%) y de donativos (43,5%) sin especificar. Sus estatutos, publicados en la página web, afirman que no reciben ningún tipo de subvención pública ni financiación de partidos políticos. Sus socios eran en 2016 unos 6.400 y sus miembros cercanos a los 760.000, cifras que suman a los miembros de CitizenGo (una marca creada por Hazte Oír en 2013 y dentro de la que se integró) que situaban en algo más de cinco millones en ese mismo año.
En 2013, el entonces ministro del interior Jorge Fernández Díaz (miembro del Opus Dei) declara a Hazte Oír como entidad de utilidad pública, dándole un importante espaldarazo fiscal y de notoriedad. Poco despuésFernández Díaz revocaría la condición de utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar Estatal, aduciendo irregularidades en su actuación y tras una férrea campaña de una organización afín a Hazte Oír, la Asociación de Abogados Cristianos.
Hazte Oír ha creado numerosas campañas, como la de Derecho a Vivir, que en 2012 convocó movilizaciones en 100 ciudades en apoyo del ministro Alberto Ruíz Gallardón, decidido entonces a restringir el derecho al aborto. Las manifestaciones de apoyo se extendieron hasta Colombia, Chile, Argentina, México, Perú y Portugal, mostrando el apoyo internacional que había conseguido esta organización en pocos años.
Tras el abandono del PP de la reforma de la ley del aborto y la destitución de Ruíz Gallardón, el apoyo de Hazte Oír al PP disminuyó y hoy en día el partido Vox parece ser el más cercano a sus postulados.
Hazte Oír organizó, también en 2012, el VI Congreso Mundial de las Familias en Madrid, en colaboración con el estadounidense Howard Center for Families, Religion and Society (de la que Arsuaga es miembro de su consejo de administración desde 2015 y que promueve la unidad de líderes de todo el mundo en defensa de la familia, la fe y la libertad), y otras organizaciones ultraconservadoras como la Alliance Defense Fund (nacida en respuesta a los avances de la Unión Americana por la Libertades Civiles, para defender la familia tradicional) y con el apoyo de medios de comunicación españoles como Intereconomía, La Razón o ABC. El Congreso Mundial de las Familias es un evento que se suele convocar cada dos o tres años y que se celebra en aquellos países considerados más prometedores para convertirse en campo de batalla para los grupos fundamentalistas religiosos. Gallardón se encontraba en esos momentos en plena defensa de su ley para restringir el derechos al aborto.
En 2013, Hazte Oír fundó también Citizen Go, una plataforma donde canaliza sus acciones internacionales que funciona en doce idiomas. Y en 2015 puso en marcha su propio medio de comunicación: Actuall. El año pasado, esta organización sacó a la calle de distintas ciudades españolas un autobús que incitaba al odio transgénero, acción que llevó a más de 70 eurodiputados a pedir en Bruselas que se tomaran medidas contra esta organización. El ‘bus del odio’ también recorrió las calles de algunas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York.
La estrecha relación de Hazte Oír con el grupo ultraconsevador El Yunke de México, considerado como una sociedad secreta desautorizada por la iglesia católica, y las desavenencias surgidas tras el abandono de la ley Gallardón, han provocado el alejamiento de esta organización con la Conferencia Episcopal Española y con el Partido Popular.
Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC)
Es una de las más activas. Su agenda consiste en utilizar las leyes y el litigio estratégico para la “defensa jurídica de la libertad religiosa y los valores inspirados en el cristianismo”, tal como se definen a sí mismos. En la práctica, su acción va encaminada a frenar cualquier atisbo de libertad de expresión que les parezca contraria a sus postulados ultra religiosos, así como frenar el trabajo de las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos. Entre sus principales temas de actuación figuran la defensa de las mujeres “engañadas” en los centros de aborto, denunciar el “negocio del aborto” y defender la legislación favorable a la defensa del “no nacido”.
Fue creada en 2008 y está presidida por Polonia Castellanos, a la que también se la considera miembro de la organización El Yunque. La AEAC es responsable de los litigios que se han llevado a cabo contra las organizadoras de la procesión del Coño Insumiso, la denuncia para que se retirara la concesión de entidad de bien público a la Federación de Planificación Familiar Estatal o la denuncia contra Ada Colau por permitir la lectura de un padre nuestro que consideran ofensivo para los sentimientos religiosos, entre otros. Una acusación que repiten en la mayoría de sus denuncias y que hasta la fecha le ha reportado algunos triunfos.
Afirman que el laicismo y la que llaman “ideología de género” son ideas que una minoría quiere imponer a la “mayoría católica española”, a la que consideran víctima de una supuesta intolerancia que les impide ejercer su “libertad religiosa”. Su presidenta es Polonia Castellanos también se la considera miembro de El Yunke.
Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro (CEJTM)
Al igual que la AEAC, el Centro de Estudios Juridicos Tomás Moro es una organización que se dedica principalmente al lobby jurídico. Fue fundada en 2004 por Javier María Pérez Roldán, un abogado conocido por combatir lo que definen como “ideología de género”, quién aún la dirige.
Fue esta organización quien denunció y llevó a los tribunales a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, condenada finalmente a una multa, pero absuelta del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Su intento de recurrir esa absolución fue rechazada por la Audiencia de Madrid.
Este centro ha sido una de las puntas de lanza contra la ley del aborto y es también una de las organizaciones más activas en el ataque a los centros de interrupción voluntaria del embarazo y a los médicos que se dedican a realizar abortos. Ha elaborado un manual de instrucciones para médicos que quieran aducir objeción de conciencia para no practicar abortos o farmacias que no quieran distribuir los métodos de anticoncepción de emergencia, conocidos como la llamada píldora del día después.
También intentan imponer querellas contra proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva, acusándolos de violar las normas vigentes respecto al aborto. Y aunque pierdan los procesos obstaculizan la prestación de servicios de salud.
Esta organización se sumó a la querella que E-cristians puso en 2006 al médico Carlos Morín acusándolo de practicar abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona y Madrid. Las clínicas del Dr. Morín fueron cerradas y miles de historias clínicas requisadas. Un número importante de mujeres que habían abortado fueron presionadas por la Guardia Civil e interrogadas. A pesar de ser absuelto en 2013, estos grupos recurrieron la decisión hasta que el pasado 22 de enero, el Supremo condenó al médico por tres delitos de abortos ilegales. «El CEJTM puso en marcha la Plataforma Caso Morín, para recaudar fondos, difamar, estigmatizar y difundir su versión de los hechos», afirman fuentes que prefieren mantener el anonimato por motivos de seguridad.
«Con estos procesos se castiga a las mujeres que han buscado un servicio al que tienen derecho por ley. Se viola su intimidad incautando sus historiales médicos. Se viola el secreto médico. Se les hace sentirse criminalizadas. También se ejerce presión psicológica sobre los proveedores de salud mediante un discurso difamatorio que denomina las clínicas como abortorios y negocio de la muerte. Cuando no se les puede acusar de asesinos, se les acusa de haber incurrido en presuntos delitos fiscales, y en delitos contra la protección de datos y contra el medio ambiente», comentan las mismas fuentes.
Profesionales por la Ética
Se trata de un grupo muy vinculado a Hazte Oír que también se dedica, como los anteriores, a la abogacía antiderechos a nivel internacional. Aunque nace en 1992, no es hasta la década del 2000 cuando comienza realmente su actividad, y desde 2010 está presente en Bruselas, Estrasburgo, Viena y Nueva York. Allí se han vinculado con organizaciones generalmente estadounidenses, con trayectoria y experiencia en las instituciones europeas: la Eurocámara en Bruselas, el Consejo de Europa y la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) en Estrasburgo, la Agencia de Derechos Fundamentales en Viena y Naciones Unidas.
Su presidenta es Leonor Tamayo, que a su vez es la coordinadora de la plataforma Women of the World, una iniciativa que tiene como misión «evitar que desde las instituciones y organismos internacionales, o desde los gobiernos nacionales, se promulguen leyes o resoluciones que ignoren, anulen o desprecien la identidad femenina, el valor y la dignidad de la maternidad o la dedicación prioritaria a la familia», según su propia definición. En la pagina web de esta plataforma afirman que hacen frente «a ese feminismo rancio y pasado de moda y a la ideología de género en la que desemboca». Entre los aliados internacionales de Profesionales por la Ética figuran organizaciones ultraconservadoras como la Alliance Defending Freedom (dedicada a defender la libertad y las ideas religiosas), el European Center for Law and Justice (ECLJ), C-Fam, European Dignity Watch, New Women for Europe, el Observatorio de la Intolerancia y Discriminación contra Cristianos en Europa, etc. Es decir, la red internacional de organizaciones del lobby anti derechos.
Esta organización es, además, una de las promotoras de la Federación One of Us (uno de nosotros) que buscaba obtener el reconocimiento de derechos cívicos para el embrión humano, prohibir la financiación pública de investigaciones que implicaran la destrucción de embriones y, en último término prohibir el aborto.
Entre los invitados que asistieron al primer foro que esta organización celebró en París en 2016 figuraba lo más granado de los representantes de la ultraderecha europea, entre los que se encontraban Mayor Oreja, Alberto Ruíz Gallardón, así como representantes de la ultraderecha de Francia y Hungría.
Entre los materiales producidos por este grupo, figura un manual de objeción de conciencia para padres y madres del alumnado y libró la batalla contra la Educación para la Ciudadanía en nombre de los derechos de los y las progenitoras a decidir sobre la educación de sus hijos.
E-Cristians
Aunque ha colaborado con Hazte Oír, mantiene con esta organización cierta independencia. Nació en 2001 «como respuesta a la contetación de una debilidad: la mínima presencia y aportación cristiana a la vida pública. Aunque los católicos representan un porcentaje importante de la población, su influencia no ha llegado a las instituciones políticas quedando éstas huérfanas de propuesta, proyecto y relato, nacido de la concepción cristiana», tal como afirman en su página web.
Su presidente, Josep Miró i Arvédol, ha sido diputado del Parlamento catalán y Regidor del Ayuntamiento de Barcelona. Pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas y es Director del Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba CEU y nunca ha intentado ocultar su afinidad con la Iglesia Católica. Al contrario, en cada ocasión que puede reivindica que es miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, un organismo de la curia vaticana cuya misión es promover y coordinar el papel del laicado, es decir de la feligresía católica que no pertenece al clero, en la vida política.
Esta organización también se sumó a la demanda contra el doctor Morín en 2008 acusándolo de abortos ilegales. Inmediatamente después del fallo del tribunal de Barcelona que absuelve al cirujano, E-Cristians apela la sentencia ante el Tribunal Supremo y éste decide que se repita el proceso. Finalmente el médico fue condenado a 18 meses de prisión por tres delitos de abortos ilegales.
Las mencionadas no son todas las hay, pero sí las que en los últimos años se han internacionalizado, haciendo acciones con otros actores similares en Europa, América Latina o Estados Unidos. Se trata de organizaciones de reciente creación que han nacido con una agenda muy definida contra los derechos humanos y un lenguaje similar a las organizaciones de la sociedad civil, que captan adeptos, que movilizan ciudadanos y «que en los últimos tres años han desarrollado una agenda ofensiva contra los progresos sociales», explica Datta.
Algunos de los datos contenidos en este reportaje han sido recabados de conversaciones y fuentes que prefieren guardar el anonimato por motivos de seguridad.
