La fosa sigue arrojando evidencias en plena pandemia de la covid-19.
MARÍA SERRANO. PÚBLICO.- «No existen precedentes de intervención en una fosa de un cementerio de capital a la escala en la que nos movemos». Habla Juan Manuel Guijo, arqueólogo del equipo de exhumación de la fosa de Pico Reja en Sevilla, una de las fosas más brutales de la represión franquista, cubierta con casi un millar de víctimas en el verano de 1936. Hablar de fechas, de cantidad o de cuerpos es muy complejo, algo que transmite el antropólogo a Público.
La intervención, retomada en plena pandemia, permite arrojar datos «en torno a doscientos mil elementos óseos exhumados que representan a centenares de personas», no todas víctimas de la represión.
Uno de los investigadores que ha pasado parte de su vida censando el ingente libro de enterramientos del cementerio de San Fernando de Sevilla ha sido Pepe Díaz Arriaza. El historiador destaca que uno de los datos más importantes que hay que conocer de las fosas de Sevilla es que «la primera de ellas, Pico Reja, no es una fosa exclusivamente de represaliados». En esta zanja se entierran los primeros restos en marzo de 1925 «en la zona más marginal del cementerio». Años después comienza la represión y Pico Reja ya está «está parcialmente llena».
En 42 días de represión, se llenó la fosa con casi mil víctimas
Ejecuciones en las tapias del cementerio, sacas diarias de hasta treinta, cuarenta y cincuenta víctimas… Arriaza relata que entre el 20 de julio y 31 de agosto de 1936 se registran 1103 enterramientos, de los cuales 936 «se encuadran en aquellos dos meses negros donde se cometían asesinatos por bando de guerra», hasta colmatarla por completo en 42 jornadas.
Eran días de miedo, de aplicación pura y dura de bando de guerra. «A mediados de julio, la fosa se llena en nada. Ahí vamos a encontrarnos los restos de los primeros momentos, de los que combaten las calles, de víctimas inocentes, fuerzas del ejército, defensores de la legalidad republicana, sindicalistas, personas destacadas del autoridades».
Ana Sánchez registra la defunción de su tío Ramón Sánchez el 22 de julio de 1936 en el céntrico parque de María Luisa de Sevilla, pero de su registro en Pico Reja no hay rastro, solo una fecha coincidente: «Mi tío muere en aquel contexto de víctimas indiscriminadas los primeros días del golpe de Estado. Unos falangistas sabían que estaba vinculado a las juventudes comunistas en el barrio del Cerro del Águila y lo asesinan». Apenas ha sido militante, pero un chivatazo es motivo suficiente para apretar el fusil. Ana relata que «su cuerpo queda durante días en la tierra del parque».
Recuerda como sus abuelos esperaron siempre que aquello fuera un error. «Solo unos conocidos habían visto su cuerpo. Tuvieron esperanza durante muchos años» que volviera aparecer. Sánchez batalló el reconocimiento de su partida de defunción en los juzgados. Consiguió que no fuera un desaparecido sino «fallecido en los primeros días de la represión». Hay esperanza. Para Ana sí que la hay y «mucha porque tiene que estar ahí» afirma. Además destaca una evidencia que pueden dar pistas de sus restos y es que Ramón era cojo a sus 19 años.
El hueco en blanco de miles de víctimas y de asesinados impide saber la realidad de aquellas jornadas de venganza. Tampoco los nombres, y mucho menos la ubicación. Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla aseguran que «las dificultades vienen de la presencia de historias ocultas, no reflejadas en la documentación». Arriaza declara que existen 3.224 partidas en blanco entre 1936 y 1942. Casos como el Ramón, como el de miles que es imposible recolocar en un cuadrante.
La barbarie continúa con las 2.613 víctimas en la fosa del Monumento
La represión fue encarnada con casi mil víctimas en el primer verano, en el que muchos no recibían ni el tiro de gracia. A principios del mes de septiembre se abre una segunda fosa que sería conocida como Monumento y que se colmata en los años 40. Arriaza señala que «corresponde a los muertos por Consejo de Guerra, aunque también se mezcla con muertes por enfermedad, por epidemias y por hambre». En esta segunda fosa, utilizada desde septiembre de 1936 hasta enero del 1940, se entierran 7.440 cadáveres, de los cuales 2.613 formarían el conjunto represivo hasta la posguerra.
Ana tiene un largo período de exhumación por delante porque en esta segunda fosa estaría el hermano mayor de Ramón, Antonio fusilado en 1937 y enterrado en esta segunda macro fosa, anegada de cuerpos de todas clases. «Mi tío si que tenía su expediente militar en el archivo. A mi tío Antonio que era más mayor lo llevan a prisión y era conocido como el practicante» por las nociones que tenía como enfermero. Hasta abril de 1937 no es asesinado en las tapias del cementerio a los 26 años de edad.Un trabajo minucioso que detalla cada orificio, cada detalle de un posible proyectil
Juanma Guijo reconoce a Público que el trabajo arqueológico, adjudicado a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se hace con el mayor rigor y honestidad posibles en esta complejísima fosa. «Cada hueso que se saca debe tener una mínima inspección visual, puesto que no sabemos si esos osarios proceden o no de remociones de depósitos de personas fusiladas y hay que ver si aparece balística, orificios, roturas o perfiles que puedan ser compatibles con los datos personales». Algunos restos se «desechan junto a los restos de ataúdes que es necesario levantar. Una vez descartados, entran a formar parte de la gestión del cementerio», propiedad del Ayuntamiento de Sevilla.
“No se puede ofrecer falsas esperanzas a las familias”
Ana Sánchez recuerda cuando en 2018 se tomaron las primeras muestras de ADN a los familiares de Pico Reja para el archivo elaborado desde la Oficina Municipal de la Memoria. Fuentes del Ayuntamiento hispalense apuntan que «la personación e inscripción de las familias ha sido fundamental en cuanto que la administración da fe en documentos públicos de esta demanda». Hasta finales de 2019 se habían realizado 268 pruebas.»A mi abuelo le hacen un Consejo de Guerra civil y lo matan en menos de quince días»
María Luisa Hernández asegura que su intención primordial no es encontrar los restos de su abuelo. Sabe que, a pesar de los perfiles y pruebas de ADN, el cotejo es complejo por el paso de tiempo y el daño que produce la tierra. «Mi madre no quiso, por un trauma muy grande, buscar los restos de mi abuelo. Decía que eso era imposible y sobre todo repetía siempre que era muy peligroso». María Luisa recuerda a su abuelo Francisco Portales Casamar, empleado público del Ayuntamiento en aquellos años, asesinado a los 35 años de edad el 24 de agosto del 36. «A mi abuelo le habían dado la responsabilidad del matadero. Mi abuela estaba embarazada de ocho meses y justo el día después de su muerte nace la criatura de parto prematuro del sobresalto que se llevó», señala. «Le hacen un Consejo de Guerra civil y lo matan en menos de quince días. Está en la prisión provincial y es acusado de rebelión militar».
La nieta recalca que «es necesario que se conozca aquel relato invisible que no estudian los jóvenes en el instituto». Conserva las cartas de su abuelo Francisco cuando le pedía a su mujer que «no tuviera odio, que aquellos que habían hablado en contra de el habrían sido obligados».
Guijo recalca que las esperanzas de encontrar restos positivos se dará «si existe una buena conservación de los restos» y si se cuenta con «la posibilidad de definir contextos cerrados, grupos o personas con unas características muy particulares que puedan diferenciarse netamente de otros grupos». Entonces, asegura, «se podrá identificar un 10 o un 20%», pero reitera que es mejor «no ofrecer falsas esperanzas a las familias».
La pandemia de la covid-19 no ha paralizado los trabajos en Pico Reja, a pesar del estado de alarma. El Ayuntamiento destaca que «se han adoptado todas las medidas de seguridad necesarias» para el equipamiento y el mantenimiento de las distancias. «Debemos mantener la disciplina y poder contribuir a que se retomen las visitas mensuales de las familias, que se irán reiniciando en las fases de desescalada», declaran.
La dificultad del hallazgo está ahí, pero quedan tres años de intervención por delante para vencer las dudas. Arriaza concluye a Público que existen restos con evidencias claras de identificación como los de José Manuel Puello, entonces presidente de Diputación, al que ataron las manos y pies con alambres antes de meterlo en la fosa el 5 de agosto. El 29 de agosto asesinaban al capitán de Infantería retirado Julio Carmona, al que pusieron un trozo de mármol en el pecho. Otra pista más de búsqueda en medio de la barbarie.
