El País.- La rigidez de los requisitos ralentiza el proceso de regularización.
El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este jueves que los migrantes que llegan a España en situación irregular tardan, “de facto”, una media de siete años y medio en conseguir un permiso de residencia. En una ponencia sobre los fondos Next Generation UE en El Escorial (Madrid), el ministro ha hecho hincapié en este proceso tan lento que los expertos atribuyen, principalmente, al tipo de contrato que se les exige a los migrantes y a la demora de las autoridades en la tramitación de los permisos.
Paco Solans, secretario portavoz de Extranjeristas en Red, explica que, según la ley, los inmigrantes deben presentar un contrato que “solo es válido si dura un año y con jornada completa”. “Pero la reforma de Rajoy en 2012″, añade, “ya eliminó este tipo de acuerdos laborales”. “Ninguna empresa quiere hacer un contrato así”, según Solans. La dificultad para encontrar este tipo de oferta favorece la aparición de contratos de favor como única forma de presentar arraigo laboral. El experto señala que estos acuerdos son ayudas entre conocidos para que la persona afectada pueda presentar una oferta de empleo que, aunque luego no se ejecute, le permita avanzar en el procedimiento.about:blank
Este requisito también es necesario para quienes llevan tres o más años en España y les habilita para alegar arraigo social, pero no les libra de tener que conseguir una propuesta de trabajo en dichas condiciones.
A esta rigidez en la norma se suma que el contrato de trabajo queda supeditado a que la persona finalice el procedimiento y obtenga la documentación, por lo que la empresa debe esperar que la administración dé el visto bueno a la documentación aportada. Esta parte abre la puerta al segundo gran obstáculo en el camino de la regularización: las demoras en resolver los expedientes. Esta tramitación pueden extenderse hasta seis meses en los casos más sencillos y más de un año en los más complejos.
“Un arraigo laboral, que es muy sencillo de demostrar porque basta con presentar el contrato exigido, tarda medio año en resolverse”, explica Solans. Un arraigo social —el que se concede a extranjeros que tengan una residencia mínima de tres años y se hallen integrados socialmente— tarda incluso más porque requiere “mayor comprobación”.
El portavoz de Extranjeristas en Red señala que el recorrido, en su conjunto, no está concebido para facilitar el proceso, sino para dilatarlo. “En lugar de haber una mentalidad para gestionar los derechos y deberes, la mentalidad es impedir los derechos y deberes. La mala fe se presume, se presume el fraude y los expedientes administrativos son una carrera de obstáculos”.Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
El experto espera que este verano se apruebe una nueva reglamentación —hasta ahora en fase de borrador— pero que contiene cambios en las condiciones del contrato laboral, y solo sería necesario que cumpliese la norma sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para ser válido.
