Según la ley federal de inmigración, “los no ciudadanos que cometen ciertos delitos son deportables”, escribió el tribunal en un fallo 7-2.
RICARDO SERRANO. MUNDIARIO.- Aunque el Gobierno de Donald Trump no dé tregua a los inmigrantes, la ley sí lo hace y, de hecho, los ampara. Estados Unidos atraviesa una crisis sanitaria que ha dejado más en evidencia la fragilidad de su sistema migratorio. Las deportaciones son ahora el principal objetivo a eliminar de los inmigrantes para garantizar su estabilidad dentro del país.
Y es que los extranjeros que reciban una orden de deportación tras haber cometido ciertos delitos y teman ser perseguidos y/o torturados en su país, pueden apelar la orden de expulsión, falló la Corte Suprema de Justicia, sentencia que se convierte en un revés para la política de ‘tolerancia’ cero del gobierno de Trump.
Así, se demuestra la razón, aunque sea de forma implícita, por la cual el mandatario busca tomar control de la Corte de Apelaciones mediante la politización y dominio de esta a través de magistrados republicanos. La idea central es que Trump quiere controlar esa Corte para evitar que cualquier resquicio jurídico les otorgue un blindaje legal a los inmigrantes.
Según la ley federal de inmigración, “los no ciudadanos que cometen ciertos delitos son deportables”, escribió el tribunal en un fallo 7-2. Pero si durante el proceso de deportación el extranjero demuestra que existe “una probabilidad de tortura” en su país, “tiene derecho a ayuda de conformidad con la Convención Internacional contra la Tortura (CAT) y no puede ser trasladado a ese país”, según reseñó la cadena latino-estadounidense Univisión.
El dictamen indica que “si un juez de inmigración ordena la deportación y niega la exención de CAT, los no ciudadanos pueden apelar ambas órdenes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y luego ante un tribunal federal de apelaciones”.
Esto implica que se pone en relevancia el derecho del migrante a rebatir y contrargumentar cualquier acción del Estado que vulnere su derecho a la defensa contra su justificación y razón humanitaria de haber emigrado a EE UU.
La decisión echa por tierra los planes implementados por Trump incluso desde la campaña en 2016, cuando el entonces candidato presidencial republicano se comprometió con sus electores a ser duro con aquellos que violan las leyes de inmigración y con aquellos extranjeros que cometen delitos graves en el país.
