EFE. ELDIARIO.ES.- El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, denunció este miércoles que los pueblos indígenas continúan viviendo sin plenitud en el ejercicio de sus derechos y son víctimas de la discriminación, el racismo y la trata de personas.
«Los pueblos indígenas de Guatemala siguen siendo excluidos y discriminados, y están expuestos a la trata de personas. Siguen siendo considerados como fuerza de trabajo barata, sujeta a jornadas laborales extenuantes, y como producto cultural para el turismo», aseguró el magistrado de conciencia.
En su Informe Anual Circunstanciado de Actividades y Situación de Derechos Humanos 2018, el magistrado de conciencia reconoce que las autoridades indígenas y sus cosmovisiones son «desvaloradas», tras alegar que los pueblos originarios son «despojados de sus medios de producción, como son la tierra y los bienes naturales», lo que contribuye «directamente a exponerlos a la trata de personas y a diferentes formas de explotación».
Entre los factores que originan la explotación y trata de personas, el procurador menciona el incremento en los índices de pobreza, la marginación, la discriminación, la desigualdad de oportunidades, la falta de acceso a educación, salud y justicia, así como una «elevada ineficiencia en la atención» a los pueblos.
«Mujeres, niñez y pueblos indígenas continúan siendo los grupos de mayor riesgo de ser víctimas de trata; ya que seguimos viviendo en un sistema patriarcal de opresión que domina a través de la desigualdad de género y que trae consigo consecuencias específicas para las mujeres, como son los matrimonios, maternidades, abortos forzados, y las violaciones sexuales», arguye.
Otra de las problemáticas que afecta a la población indígena, y a los campesinos guatemaltecos, es el desalojo, y, en este sentido, el procurador recuerda que la conflictividad alrededor de la tenencia de la tierra no solo tiene la dimensión jurídica relacionada con la falta de certeza jurídica y la usurpación legal de la propiedad, sino también una dimensión étnico-cultural.
Esta está implicada a partir de la relación de la población indígena con la tierra, pero la solución de los problemas de tenencia de la tierra debe tener «un enfoque de derechos humanos y respetar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas que han sido usurpadas históricamente».
Dada esa relación de los pueblos indígenas con la tierra, la defensa del territorio se ha convertido en el eje central de la acción colectiva en las comunidades indígenas y en un bastión esencial en la construcción de identidad, aunque los activistas son uno de los colectivos más vulnerables.
En 2018, según datos de la ONG Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos humanos en Guatemala (UDEFEGUA), entre enero y septiembre se registraron 302 ataques contra defensores, de los que 50 fueron intimidaciones, 22 asesinatos y 28 detenciones ilegales.
