Ocho guardias civiles han declarado hoy como imputados en el Juzgado de Instrucción número dos de Melilla por los golpes propinados a un subsahariano que, posteriormente, fue expulsado a Marruecos. Los agentes aseguran que emplearon la violencia por sentirse amenazados, algo que se contradice con los vídeos de la intervención, y afirman que no estaba inconsciente sino que «fingía»
ALBERTO PRADILLA. NAIZ.- Emplearon la violencia contra un ciudadano subsahariano que se encontraba en lo alto de la valla porque se sintieron amenazados y el agredido no quedó inconsciente, sino que «fingía», pese a lo cual fue expulsado en volandas entre varios agentes. Esta es la versión que la Guardia Civil ha ofrecido ante el juzgado número dos de Instrucción de Melilla, donde ocho uniformados (un comandante, un teniente y seis guardias) han declarado como imputados. El origen de la acusación está en un vídeo grabado por la asociación de Derechos Humanos Prodein del salto ocurrido el 15 de octubre de 2014. En él se ve a los agentes golpeando al subsahariano (un camerunés de 23 años llamado Danny) y luego transportándolo en volandas hasta el otro lado de la verja, donde le esperan las Fuerzas Auxiliares de Marruecos. Según fuentes jurídicas consultadas por NAIZ, los agentes se han negado a responder a la acusación y solo han contestado las preguntas del fiscal, el juez Emilio Lamo de Espinosa y el abogado del Estado, que ejerce como su letrado defensor. Todas las respuestas han ido encaminadas a exculparse. Esta declaración se produce, precisamente, el mismo día en el que el PP aprueba definitivamente en el Congreso español la Ley de Seguridad Ciudadana, que avala las denominadas «devoluciones en caliente» contrarias a la legislación española e internacional.
Los agentes se han aferrado a la versión oficial ofrecida desde aquel momento por el ministerio del Interior. Fuentes policiales citadas por las agencias españolas argumentaban que dos de los agentes habrían resultado heridos durante un salto que calificaron como «el más violento» de los últimos tiempos. Culpar a los migrantes de las agresiones constituye una estrategia habitual cuando las cámaras de las organizaciones de Derechos Humanos captas las palizas propinadas por la Guardia Civil o violaciones de la ley como las «devoluciones en caliente». En una respuesta parlamentaria a Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, que se interesaba por lo ocurrido aquel 15 de octubre, el ministerio del Interior señalaba a los subsaharianos, a quienes acusaba de practicar conductas «agresivas y violentas». Las imágenes desmienten esta teoría. Sin embargo, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz insistió en responsabilizar a los subsaharianos, a quienes acusó de gritar «ébola, ébola» y escupir a los agentes cuando estos se acercaban a ellos en lo alto de la valla.
La agresión filmada también motivó la preocupación de la Comisión Europea. De hecho, en una pregunta del eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi, la institución comunitaria afirmaba haber solicitado informes al Gobierno español para que explicase lo sucedido.
