En los últimos años han proliferado en todo el país páginas de internet donde se amenaza de muerte a los activistas y bandas criminales que extorsionan a gais. Pese al reciente asesinato de Elena Grigorevna, una militante LGTB, siguen los ultimátums contra miembros prominentes de la comunidad, sobre todo en provincias
MARC MARGINEDAS. EL PERIÓDICO.- En Volgogrado, ciudad de provincias del suroeste de Rusia a orillas del río homónimo, se pueden contar con los dedos de ambas manos los activistas LGTB con el coraje suficiente para salir a la calle petrechados de carteles denuncia sobre la situación de la comunidad homosexual local. «Somos unos diez, no más», cuenta Vladislav Freydin, de 19 años, en una conversación telefónica repleta de interrupciones y ruidos.
En su corta carrera como defensor de lo que considera son sus «derechos constitucionales», ha sufrido acosos verbales de todo tipo, ha sido arrestado, e incluso en una ocasión llegó a ser apaleado. Pero ahora todo se ha vuelto mucho más peligroso después del asesinato, a finales de julio, de Elena Grigorieva, activista LGTB de San Petersburgo. A través de VKontakte, la versión rusa de Facebook, recibe día sí, día también amenazas de un tal Timur Bulatov, quien en su día ya profirió advertencias a Elena antes de ser acuchillada ocho veces en el rostro y la espalda. Pese a a que las fuerzas de seguridad no son una opción para él, ha decidido acudir a ellas. «Hace unos días presenté una denuncia, pero todavía no han dicho nada ni han reaccionado», explica, en tono firme.
Vladislav, al igual que muchos activistas y defensores de los derechos LGTB de este país, prefiere evitar las calles oscuras y los lugares aislados. Mira siempre a su alrededor cuando sale de casa y sobre todo teme por su madre, con la que vive. Adopta medidas de seguridad extraordinarias pero «necesarias» en un país donde desde hace años se viene extendiendo un inquietante sentimiento de impunidad entre los grupos homófobos o las bandas criminales que extorsionan a los miembros de la comunidad gay, envalentonados por la pasividad policial a la hora de investigar este tipo de crímenes y por la retórica del Gobierno, que presenta a los miembros de esta comunidad como seres asociales.
Extorsión y chantaje
«Uno de cada dos casos que tratamos aquí son actos de violencia homófobos, en especial de bandas criminajes que extorsionan y chantajean a los miembros de la comunidad LGTB; prácticamente nos encontramos con este tipo de casos cada día», explica en su despacho moscovita el abogado Anton Rizhov, de la organización cívica Stimul, incluido a su vez en una lista negra elaborada por una oscura página web recientemente clausurada denominada «Sierra contra los LGTB». En ese compendio de nombres también se hallaba el director de Stimul, Andréi Petrov, o incluso la difunta Grigorieva.
Anton Rizhov, abogado de la organización Stimul, trabaja en su despacho. / EL PERIÓDICO
«Estas bandas atraen a sus víctimas a traves de aplicaciones de internet (para público gay) como Hornet o Grinder; una vez materializado el contacto, filman un vídeo en el que obligan a sus víctimas a declarar sus preferencias sexuales; con esas imágenes, les hacen chantaje ya que en muchas ocasiones se trata de inmigrantes de Asia central de religión musulmana; a cambio de silencio, les obligan a entregarles todo el dinero que llevan, el teléfono móvil o les fuerzan a vaciar sus cuentas bancarias«, continúa Rizhov.
El letrado, con una amplia experiencia en este tipo de situaciones, critica la respuesta de las fuerzas policiales, al tiempo que denuncia la narrativa de los políticos estatales acerca de la comunidad LGTB, cuyos integrantes son presentados en los medios como «unos frikies». «La policía en muchos casos no quiere ponerse manos a la obra si no ve un caso claro; además, los grupos homófobos comprueban que en bastantes ocasiones estos crímenes no son investigados; esta sensación de impunidad les anima a ir cada vez más allá; el Gobierno podría ayudar, declarando por ejemplo Dmitri Peskov (portavoz del presidente Vladímir Putin) o algún otro alto dirigente que estos ataques son intolerables, pero de momento no hemos oído nada de esto», critica. Más bien todo lo contrario: tras el asesinato de Grigorieva, los medios progubernamentales publicaron varios artículos haciendo énfasis en el «desordenado estilo de vida» de la difunta.
«Me pegaron»
Timur es el nombre ficticio de un joven de 28 años nacido en Uzbekistán y trabajador de la construcción que entró en contacto con una de cuyo estas bandas a finales del 2017. A través de OK.ru, una página web de contactos, acudió a una cita en la estación de metro Domodedovskaya, un remoto punto del sur de la capital rusa. Allí, su interlocutor le invitó a subirse a un taxi, cuyo conductor en realidad era un cómplice, quien dirigió el vehículo hasta un bosque cercano. «Me grabaron un vídeo, me pegaron tres personas; eran chechenos y tayikos; cuando me dejaron, no hice nada, ni siquiera fui al hospital; durante 10 días me quedé en casa, recuperándome de las lesiones, hasta que un conocido me invitó a acudir a la policía», explica. «Tenía miedo de ir a ellos porque (los atacantes) me habían dicho que estaban compinchados con los agentes», aclara. La organización Stimul ha asumido el caso, y ha conseguido que se produzcan algunas detenciones.
Según la abogada Ksenia Mijailova, «la mitad» de los casos en los que se ha producido violencia son desestimados, y se acusa a las víctimas de «haberse autoinfligido» las lesiones que presentan. Episodios como el «Sierra contra LGTB» indignan especialmente a la letrada. Pese a que la página web y las amenazas vertidas en ella llevaban meses colgadas en la red, «ha tenido que suceder un asesinato para que se lleve a cabo una investigación». La instrucción del asesinato de Grigorieva también le suscita enormes sospechas. «Su muerte ha hecho tanto ruido que se ven obligados a presentar a alguien ante el juez. Han detenido a tres personas, pero desde luego las dos primeras no tienen ninguna relación con el homicidio», concluye.
