La Comisión Europea exige a Google, Facebook o YouTube actuar con celeridad
ÁLVARO SÁNCHEZ. EL PAÍS.- La Comisión Europea eleva la presión para que los gigantes de Internet actúen contra la propagación de contenidos terroristas en la Red. Bruselas considera que los primeros instantes son clave para frenar la difusión de vídeos, audios, imágenes o textos destinados a alentar la acción terrorista. Por eso, ha lanzado este jueves un mensaje claro a Facebook, Google, YouTube y el resto de grandes plataformas de Internet: deberán borrar este tipo de publicaciones en el plazo de una hora desde que las autoridades policiales o Europol les notifiquen su existencia.
El estrechamiento de los márgenes temporales es solo una recomendación. La institución comunitaria mantiene desde 2015 una apuesta por la colaboración con las compañías con el convencimiento de que resulta más efectivo que enredarse en la maraña legislativa. Los resultados avalan hasta ahora la estrategia: las empresas de Internet eliminan cerca del 70% de los discursos ilegales notificados, y en cuatro de cada cinco casos esa retirada se produce en un plazo de 24 horas. Una ingente tarea para la que las tecnológicas se han reforzado con miles de nuevos colaboradores.
Pero Bruselas es más ambiciosa. Emplaza a las compañías a simplificar las notificaciones de los usuarios que detectan contenido ilegal, pide que presten ayuda a plataformas pequeñas que no disponen de recursos para analizar la información que entra en sus servidores, y reclama más presencia humana para supervisar el trabajo de los filtros automatizados, no siempre eficaces. En la memoria está la indignación desatada en Noruega después de que Facebook censurara la fotografía de la icónica niña del napalm de Vietnam por aparecer corriendo desnuda, intervención de la primera ministra incluida. O esta misma semana, la controversia por la eliminación de la imagen de una figura de la Venus de Willendorf. En ambos casos, la sociedad creada por Mark Zuckerberg se disculpó y rectificó.
Ante una cuestión tan reciente como la supresión de los ingredientes que azuzan el odio en el vasto universo de la Red, las certezas en torno al mejor método aparecen difuminadas. Y Europa no se mueve al unísono. Mientras Bruselas alienta el trabajo codo con codo con las plataformas, Alemania opta por el castigo económico. Berlín está determinado a expulsar los contenidos ilegales de las redes sociales golpeando donde más duele a las empresas: en el bolsillo. El Gobierno germano está listo para aplicar una ley que exige a los gigantes de Internet que eliminen las publicaciones ilícitas en un máximo de 24 horas desde que son advertidas de su existencia. De lo contrario se enfrentarán a multas de hasta 50 millones de euros.
La Comisión Europea es crítica con la vía normativa. Estima que la burocracia ralentizaría los esfuerzos por limpiar la Red y extirpar de sus entrañas los mensajes de odio. Y cree que las multas pueden tener efectos adversos para la libertad de expresión. «Desde el sector nos han contado que cuando hay riesgo de sanción, en caso de publicaciones dudosas, las empresas las suprimen directamente. No queremos eso», ha señalado la comisaria de Justicia, la checa Vera Jourová. En su lugar, pide a los Estados y empresas que elaboren un informe cada tres meses sobre la eliminación de propaganda terrorista, y cada seis meses acerca del resto de contenidos prohibidos.
El conflicto entre libertad de expresión y seguridad sobrevuela el debate. En la categoría de contenido ilegal confluyen delitos tan variados como la promoción del terrorismo, el racismo y la xenofobia, o la explotación sexual de menores. Europa quiere una respuesta proporcionada al problema, mientras que las compañías temen una legislación restrictiva. Por ahora el modelo colaborativo contenta a ambas partes, aunque nadie da el asunto por resuelto. La propia Jourová admitió en septiembre haber cerrado su cuenta personal en Facebook por la proliferación de mensajes amenazantes contra su persona, y calificó a la red social como una autopista para el odio.
Bruselas ve Internet como el último refugio del extremismo frente a su debilidad en otros ámbitos. El comisario de Seguridad, Julian King, ha advertido de que el retroceso militar del Estado Islámico sobre el terreno no ha afectado al frente digital. «La maquinaria de propaganda no se ha detenido». Pese a la amenaza latente, los cuatro comisarios que han presentado las recomendaciones ven imposible y poco deseable que algún día se alcance el 100% de contenidos ilegales borrados. Ni siquiera con la cada vez mayor relevancia de los algoritmos y filtros automatizados. «Los que venimos de países socialistas sabemos lo que el Ministerio de la Verdad quería. Las autoridades estaban especialmente dotadas para utilizar herramientas preventivas. La censura creó autocensura», ha recordado en referencia a la etapa soviética el estonio Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea.
