El Confidencial.- Los fiscales del Tribunal Supremo que piden investigar a Carles Puigdemont por terrorismo consideran que existen «una pluralidad» de indicios que conducen a sustentar que Tsunami Democràtic era un grupo terrorista que lideraba Carles Puigdemont.
En el informe elaborado con el respaldo de la gran mayoría de los miembros del Ministerio Público que analizaron los hechos con vistas a informar a la Sala de lo Penal del alto tribunal, el jefe del área Fidel Cadena indica que la organización actuaba animada por los fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas, impidiendo a los poderes públicos el cumplimiento de sus fines, y se desarrolló con perfecta ideación y estrategia y distribución de funciones. Estaba dirigido de forma «absoluta» por el expresident catalán, agregan.
Esa es la tesis que recogen en el informe que han entregado a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien ahora debe fijar el criterio definitivo. Su dictamen, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso El Confidencial, no es vinculante para la Sala de lo Penal del Supremo, pero cuenta con un peso evidente que tendrá que ser valorado por los magistrados.
El escrito enumera los delitos detectados durante los graves disturbios que impulsó la plataforma en respuesta a la sentencia del procés. Desde la detención ilegal de los controladores de El Prat o de las personas retenidas en Hendaya por los cortes de la AP-7 hasta las graves heridas recibidas por agentes de la Policía o las falsificaciones de billetes de avión. Una situación de «absoluto caos y violencia» en la que se emplearon —dice— sustancias peligrosas, aparatos de pirotecnia y artefactos de potencia destructiva similar a los explosivos. «La finalidad no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y en concreto al TS el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes», añaden.
Puigdemont brindó a la plataforma —aseguran los fiscales— un «apoyo público y privado y un patrocinio intelectual y ético«. El movimiento respondía «a la lucha por combatir la sentencia 459/2019 del procés«. Puigdemont era el presidente de aquel Gobierno y estaba y sigue fugado de la Justicia evitando su enjuiciamiento. «Desde el principio estuvo informado de la constitución del grupo organizado», agregan. La pluralidad de delitos cometidos quedan unidos, en su opinión, por la finalidad de su impulso: «Provocar terror en una parte de la población».
Para los fiscales, existe una pluralidad de indicios que acredita «dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico, de tal manera que hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico y el recorrido del iter criminis retirando su apoyo carismático«. Lejos de eso, «animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento«.
El líder de Junts no ha tardado en responder desde la red social X y asegura que la tesis es «delirante». Acusa a los fiscales de esconder «un propósito puramente político». «Abundan los artificieros del Estado de derecho que creen que cualquier medio es lícito para defender a España», ha dicho, pidiendo que «estas conductas, que claramente son delictivas», se persigan.
La junta de fiscales de lo Penal del Supremo concluyó el 6 de febrero que existen indicios suficientes para investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democràtic. La decisión se adoptó por 11 votos frente a 4, pero, ante la discrepancia de los dos fiscales jefes de la junta, el informe final quedó en manos de Sánchez Conde. La teniente fiscal del Supremo reclamó a estos 11 fiscales un informe en el que recogieran sus argumentos, y esa es la petición a la que han dado cumplimiento este martes.
Otros dos informes en contra
La teniente fiscal del Supremo también cuenta con dos informes en los que se apunta a que no existen indicios suficientes para investigar a Puigdemont y que las protestas de Tsunami no pueden investigarse como terrorismo. Uno de ellos lo firma el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo y el otro el fiscal del Supremo Álvaro Redondo. Este último es el más reciente y apunta a que los indicios contra Puigdemont «resultan demasiado abiertos» y no permiten su «incardinación en el tipo de terrorismo».
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha destacado la necesidad de «armar unidad de criterio» en sus últimas declaraciones públicas. «Tenemos una Fiscalía encargada, precisamente, de los delitos del terrorismo [en la Audiencia Nacional] que está sosteniendo una tesis ante los tribunales», remarcó el pasado 7 de febrero. «Esta complejidad puede dar una idea de que no es nada tan sencillo ni tan fácil. Tenemos diversas tesis jurídicas».
Parte de la carrera considera que García Ortiz está maniobrando para favorecer Puigdemont y apuntan para ello a que el informe final ha quedado en manos de su número dos, pero él lo ha negado en repetidas ocasiones. Este mismo martes concedió una entrevista a Onda Cero y aseguró que todavía no sabe qué criterio adoptará la teniente fiscal: «Es bueno no elucubrar», advirtió. «La Fiscalía no funciona de una manera asamblearia».
