SERVIMEDIA.- Los delitos de odio cometidos por motivo de discapacidad aumentaron un 15,9% en el año 2017 con respecto al año anterior, convirtiendo a este colectivo en el que más ha sufrido el aumento de agresiones por delitos de odio en 2017.
Así lo detalla el Defensor del Pueblo en su ‘Informe Anual 2017’, que fue publicado este lunes y en el que hace hincapié en la necesidad de que se apruebe «un protocolo específico de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio cometidos hacia las personas con discapacidad».
En concreto, indica, las personas con discapacidad se convirtieron en 2017 en el colectivo «que más ha sufrido el aumento de agresiones por delitos de odio en el año 2017», ya que «han aumentado un 15,9% con respecto al ejercicio anterior».
Además, el Defensor del Pueblo detalla que, según el ‘Informe sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio’, del año 2016, registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los motivos de discapacidad «han pasado a ser la segunda causa de estos delitos».
Por ello, esta entidad solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad que «valorase la posibilidad de aprobar un protocolo específico de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos cometidos hacia personas con discapacidad».
A este respecto, el Defensor explica que esta Secretaría reconoció que no existe un protocolo concreto de delitos de odio cuando las víctimas son personas con discapacidad, aunque afirmó que «sí se cuenta desde diciembre de 2014 con el Protocolo de Actuación para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación».
En este sentido, este organismo argumentó que «no estima procedente elaborar un protocolo específico dirigido al colectivo de personas con discapacidad», teniendo en cuenta que «desde 2012 es de aplicación la ‘Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual», de la cual «se tiene previsto aprobar durante 2017 una nueva edición».
El Defensor del Pueblo confirma que «la guía se encuentra en fase de diseño en imprenta, pendiente de la asignación de crédito para su edición definitiva y difusión», y además «incorpora mejores prácticas para asegurar una atención adecuada a este colectivo», aunque añade que «continúan abiertas las actuaciones al objeto de comprobar que la citada guía responde a las necesidades detectadas».
