El Confidencial/Antonio Villareal – Desde el conflicto de Ucrania, nuestro país necesita ampliar su capacidad de acogida. Económicamente, son un buen negocio, pero algunos vecinos han protestado. Sobre todo, por la falta de información.
El pasado 11 de diciembre, alrededor de doscientas personas se manifestaron frente al ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, para protestar por la cesión de una parcela del tamaño de un edificio de oficinas. En ella se construirá un centro que dejará en las arcas municipales 1,7 millones de euros, conllevará una inversión de cinco millones en su construcción y, una vez terminado, ingresará al comercio cerca de un millón de euros anuales según las estimaciones del alcalde local, el socialista José Luis Blanco. El asunto es que esta no se trata de una empresa cualquiera, sino de uno de los 12 centros de atención al refugiado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tendrá disponibles por toda España para aumentar la capacidad de nuestro país de recibir a más personas en esta situación.
La parcela en cuestión está ubicada a las afueras del pueblo, en una zona de calles bautizadas con nombres de deportistas famosos como Nadal o Induráin que delimitan solares vacíos donde los carteles de «se vende» o las vallas publicitarias sin anuncios se levantan sobre la grama. No es zona más concurrida de la ciudad, apenas frecuentada por jubilados haciendo el paseo del colesterol y por algún runner ocasional. Precisamente en la calle Gemma Mengual se levantará el centro. Frente al solar, unos albañiles. «Creo que será en ese solar de ahí, nosotros estamos con un chalé», dice uno sonriendo mientras prepara el mortero.
El alcalde quiso enfriar la polémica por la manifestación diciendo que era un grupo muy pequeño, eso sí, alentados por la oposición de PP y Vox, cuyos responsables estuvieron en primera línea. Es cierto que no todo el mundo en Azuqueca saldría a protestar contra el centro, pero la gente está inquieta. «Yo estoy a favor, pero como se está metiendo aquí tanta gente, tanta gente, pues el pueblo está que trina con el tema», me explica la encargada de una cafetería. Todo el mundo cuida mucho las palabras al hablar del centro, no quieren ser malinterpretados, subrayan que no son racistas ni están en contra de esa gente. Pero no les hace gracia.
Justo delante del futuro centro encuentro a un jubilado que camina por allí. «Los vecinos no estamos nada contentos con esto», dice apuntando con el bastón a la parcela. «Los políticos al final toman estas decisiones pensando solo en el dinero y sin tener en cuenta a los vecinos, ¡y yo no soy de ningún partido, eh!» — ¿Usted es de Azuqueca de toda la vida? — Qué va, yo llevo aquí 50 años, vine para trabajar en una fábrica. Estuve allí 33 años. — ¿De dónde vino? — Ciudad Real.
El alcalde ha enfatizado mucho el carácter solidario de Azuqueca, así como las oportunidades económicas que el centro de refugiados traerá a la localidad. Alojará a entre 120 y 200 residentes que permanecerán una media de seis meses en el centro, generando a su vez unos 25 puestos de trabajo que por su carácter social y de cuidados irán dirigidos —presumiblemente— a mujeres desempleadas, un sector siempre difícil de cubrir. Sin embargo, es cierto que ha faltado información sobre cómo se ha producido esta adjudicación o qué tipo de refugiados o inmigrantes llegarán al municipio. Los partidos de la oposición, PP y Vox, han criticado que el alcalde no les consultara. A esta unilateralidad se han agarrado para criticar la instalación del centro.
La licitación fue presentada en febrero de 2022, el decreto que aprobaba la cesión de este espacio fue publicado en octubre y fue a finales de noviembre cuando el alcalde se lo contó a los vecinos en un mensaje de Facebook. Azuqueca de Henares había sido escogida, junto a Valladolid, Soria y Mérida, como sede de uno de estos nuevos centros. Así se enteró todo el mundo.
Necesidad acuciante, extraño sesgo
Antes de la pandemia, la capacidad de España de acoger refugiados o a los inmigrantes que aparecen varados en Canarias era de apenas 400 personas. El sistema de acogida, explican a El Confidencial desde Inclusión, «ha vivido un aumento notable de demanda por las diferentes crisis internacionales». Conflictos como los de Siria, Afganistán y especialmente Ucrania en este último año han estresado aún más un sistema pensado para absorber picos puntuales que ha devenido precario ante la avalancha de refugiados de estos conflictos. «Actualmente, hay unas 35.000 plazas ocupadas en el sistema de acogida de solicitantes y beneficiarios de protección temporal», añaden desde el ministerio. A medio plazo, el objetivo es pasar de esas 400 plazas hasta las 6.100 con la construcción de —entre otras infraestructuras de acogida, por ejemplo en Canarias— estos nuevos CAPI, siglas de Centro de Acogida de Protección internacional, que se sumarán a los que existen ya en Alcobendas, Vallecas, Mislata (Valencia) y Sevilla. Además, existe otra red paralela de centros gestionados por entidades del tercer sector, ONG y demás.
La necesidad de estos centros era obvia, pero ¿por qué se han instalado precisamente en estos municipios? Desde el ministerio señalan que «para decidir su distribución se han tenido en cuenta diversos criterios, como la llegada de personas, la cobertura territorial, las infraestructuras disponibles, el acceso a servicios públicos…» Además de estos criterios, todas estas ciudades (Azuqueca, Soria, Mérida y Valladolid) tienen algo más en común: una alcaldía del mismo color político que el gobierno central. Casualidad o no, es sin duda una ventaja a la hora de aterrizar un centro así con suavidad. Luego llega lo más difícil: convencer al vecino de a pie de su conveniencia, que es lo que ha faltado en algunos de estos sitios. Los primeros centros licitados han coincidido con ayuntamientos gobernados por el PSOE En Soria, por ejemplo, no ha habido tantos reproches porque su alcalde, Carlos Martínez Mínguez, tuvo a bien reunir a sus vecinos en febrero de 2022 para explicarles por qué el primero de estos nuevos centros se instalaría en el barrio de Los Royales. Una semana antes había salido la noticia y las redes sociales se llenaron de comentarios desagradables. Así que el alcalde se metió en un auditorio con cien vecinos para explicar el proyecto y responder a sus muchas preguntas. Los vecinos pedían continuamente que no se les tachase de racistas por exponer sus dudas, pero expresaban miedo, principalmente debido al desconocimiento. Las noticias sobre jóvenes inmigrantes que incurren en la delincuencia en otras partes de España les condicionaban a esperarse lo peor de un centro que iba a ser instalado en un barrio «lleno de familias jóvenes y plagado de niños». Un concejal relató que el centro se dedicaría exclusivamente a «personas que tienen que huir de sus países para salvar las vidas». El alcalde remató su intervención con un campechanismo: «Esto no va a ser la hostia, pero va a ser una cosa más y es mejor que no hacer nada», difundió SoriaNoticias. Lo cierto es que, desde entonces, apenas se han registrado reticencias al centro soriano, que será el primero en abrir sus puertas.
Sentido común y sensibilidad
Muy cerca de Azuqueca de Henares está el precedente del centro de ayuda al refugiado de Sigüenza, operado por la Asociación Católica Española de Inmigrantes (Accem). Su responsable territorial, Braulio Carlés, empatiza con aquellos vecinos azudenses que recelan del nuevo centro.
«Esos vecinos seguramente no piensan nada en concreto, ocurre simplemente que ante lo desconocido todos nos ponemos en el peor escenario», explica a este periódico. «Cada persona lo verá de una manera, unos pensarán que son delincuentes y otros que vienen enfermos con enfermedades contagiosas; su raza no va a ser su interpretación, el tema está en que hay miedo a lo desconocido». Dicho lo cual, Carlés aboga por «informar, dialogar y sensibilizar» a los vecinos de las localidades donde se van a instalar estos centros. Salvo el pequeño cogollo de Norteamérica y Europa Occidental en el que vivimos, el resto del mundo vive en conflicto y países como el nuestro tenemos que servir de aliviaderos, dice. Subraya además la revitalización que ha provocado el centro de refugiados —que abrió en junio de 1992 para acoger a las víctimas de la guerra en los Balcanes— en la vecina Sigüenza, donde se ha convertido, de facto, en la tercera empresa del pueblo tras el Parador y el colegio de la Sagrada Familia, SAFA para los seguntinos.
«Además de colaborar con lugares en el mundo donde la gente lo está pasando mal, hay que tener en cuenta el aspecto socioeconómico», dice Carlés, «va a generar puestos de trabajo y también riqueza en el entorno, las tiendas de alrededor tienen que proveer de carne, pescado, fruta, verdura…» Las mismas reacciones que se observan ahora en Azuqueca de Henares o Soria las hubo en Sigüenza en su momento. Siguiendo una tradición muy medieval, desde Accem tuvieron que echar mano del obispo de Guadalajara, José Sánchez, para que los vecinos dieran su visto bueno a la apertura de aquel centro. Desde entonces, muchos de ellos son ya vecinos de la localidad. Para Carlés, esa idea de que los refugiados acaben volviendo a sus países de origen una vez finalizado el conflicto es un wishful thinking. O como dirían Los Chichos, son ilusiones. «Todo el que viene, inicialmente piensa que va a estar unos meses, un año o dos, y cuando pase ese tiempo limitado va a poder retornar a su país de origen, pero eso es como la zanahoria que se le pone al conejo: nunca llega a cogerla, pero es lo que le motiva a seguir corriendo», dice con aplomo, «es una fuga de cerebros de la que nosotros nos beneficiamos: llega lo mejor de cada país y aquí rehacen su vida, es decir, no hemos invertido nada en ellos y pueden ocupar puestos de trabajo importantes y desarrollar unas labores en las que nosotros no hemos hecho absolutamente nada más que cogerles y en algunos casos, ponernos un poco reticentes con la acogida».
«No soy racista, pero…» quiero las competencias
Vitoria ha sido la primera ciudad en recibir un Centro de Acogida de Protección Internacional con una alcaldía distinta al PSOE. Gorka Urtaran, el regidor del PNV, no ha tardado en criticar la decisión del Ministerio de Inclusión de aprovechar la antigua clínica Arana para levantar el centro, con una capacidad de 350 plazas, tras una inversión de 14 millones de euros. Urtaran dice que ha escrito una carta al ministro José Luis Escrivá para que suspenda el proyecto, que le fue comunicado ya en el mes de julio de 2022. Fíjense de nuevo en la jugada a cámara lenta: mientras en las otras ciudades son los alcaldes quienes se atribuyen el mérito de haber logrado para la ciudad un activo generador de empleo, en el caso vasco todos actúan como si estuvieran siendo forzados a aceptar el centro. El gobierno vasco lo ha tildado de un «macrocentro masificado para refugiados» que «no encaja» en Vitoria y «no casa» con su modelo de acogida, más individualizado.
De nuevo, la madre del cordero para rechazar esto no está en la xenofobia hacia los refugiados, sino en las ambiciones nacionalistas. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, aprovechó la polémica para recordar que han solicitado al Ejecutivo la transferencia de las competencias en materia migratoria que correspondan a Euskadi. Desde el ministerio que dirige José Luis Escrivá explican a El Confidencial que no existe tal cosa como un modelo vasco y uno español. «El sistema de acogida es solo estatal por tanto no puede tener diferencias con ningún otro», señalan. «El modelo nacional del sistema de acogida es de atención personalizada».
Esto implica que, una vez los refugiados, solos o con sus familias, accedan a centros como el que se construirá en Azuqueca, seguirán un itinerario de integración y se les ofrecerá un acompañamiento individualizado para lograr que lleguen lo antes posible a la última fase: la de autonomía. Todo este itinerario conlleva, además del alojamiento y la manutención, asesoramiento jurídico, laboral, apoyo psicológico y la enseñanza del idioma. «El proceso, en el que se involucra a la persona, lo lleva a cabo un equipo multidisciplinar con enfoque integral», añaden desde Inclusión.
En Vitoria, además del PNV, se han opuesto al proyecto tanto Bildu como el PP, por razones diferentes. «No soy racista, pero» hay unas elecciones municipales en cuatro meses.
