Organizaciones, sindicatos y personal que trabajan con estos colectivos denuncian falta de recursos e instan a la administración a que les dote de mayores recursos de protección
LAURA GALAUP / CARMEN MORAGA. ELDIARIO.ES.- Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad le piden a la administración más medios para atender a este colectivo vulnerable. Muchas de ellas cuentan con recursos asistenciales que continúan funcionando como residencias y reconocen que están desbordados ante esta emergencia sanitaria. «La situación es bastante crítica», explica el presidente de la Fundación de Lesionados Medulares, Ken Mizukubo. Su centro cuenta actualmente con 42 usuarios, doce de ellos aislados por presentar síntomas compatibles con Covid-19. En estas últimas semanas, tres de los residentes que derivaron a los centros hospitalarios han fallecido.
La pandemia no ha mermado solo a sus internos, también ha reducido la plantilla que trabaja en este recurso para atender a personas con graves lesiones medulares, que cuentan con otras patologías como complicaciones respiratorias o han afrontado un trasplante. Mizukubo señala que actualmente tienen 18 auxiliares de baja, una cantidad de profesionales equiparable a la que utilizan en el turno de mañana.
«La situación entre los trabajadores es bastante precaria», insiste el presidente de la Fundación de Lesionados Medulares. Según su versión, hasta este martes sus profesionales no han contado con trajes de protección. Finalmente, estos equipos no los han conseguido a través de alguna administración, sino gracias a la «central de compras» de Plena Inclusión, una organización nacional que agrupa a entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
«Ahora mismo nuestra necesidad pasa por evitar más contagios, y que no se infecte el personal», insiste. Para evitarlo urge a la administración a aportarles material de protección, test y más plantilla. Como la falta de recursos afecta al funcionamiento diario del centro, la dirección de la Fundación se está planteando dejar de levantar e incorporar diariamente a sus usuarios, que tienen una gran dependencia. «Si se sigue dando de baja plantilla, hay que primar otras atenciones», reseña.
Su residencia ha sido una de las que ha higienizado la Unidad Militar de Emergencias (UME) esta semana. Este martes, varios militares descontaminaron las zonas comunes y las habitaciones que estaban vacías. «Además de las desinfecciones que realiza la UME, queremos que nos proporcionen equipos de atención individual», reseña Enrique Galván, director nacional de la entidad Plena inclusión, que gestiona un millar de residencias asistenciales.
Dificultades para comprender el Estado de alarma
Estas asociaciones inciden en la vulnerabilidad de su colectivo y en la dificultad de que las personas con discapacidades más severas entiendan las medidas de distanciamiento social. Asimismo, resaltan la importancia de proteger a los profesionales que trabajan con ellos. El personal de las residencias públicas también insiste en esta reivindicación, que ya se ha planteado desde los centros de personas mayores.
El sindicato UGT denuncia que en los recursos públicos de la Comunidad de Madrid la «situación es caótica», aunque el Gobierno regional ha abierto una convocatoria para contratar personal. Por su parte, CSIF eleva al 50% o 60% la falta de efectivos en los «centros mayor afectación» y reduce al 20% este porcentaje en los recursos menos afectados. A estas quejas se suma el sindicato Solidaridad Obrera, que lamenta que la organización la administración esté siendo «un poco descabalada». Estos colectivos acusan la falta de material de protección y recuerdan que parte de su población «tiene un aislamiento complicado».
El confinamiento y las medidas de prevención han alterado el día a día de los residentes. «Están súper nerviosos. Ellos necesitan tocar, hablar o expresarse y no hacerlo les genera estrés y ansiedad. Eso también repercute en los trabajadores», reseña Nieves de Julián, delegada sindical de CSIF en centros de personas con discapacidad. Esta profesional destaca que las bajas de personal durante estos días son acusadas por sus usuarios por la relación que mantienen con ellos. «Es la gente que ayuda a estos chicos. Para ellos sería muy frustrante y traumático que caigan de baja, son sus personas de referencia», añade.
De Julián asegura que en los Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos (CADP), donde hay residentes con mayor afectación, se han detectado casos de coronavirus. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid confirman que «hay fallecidos en distintos centros» y reconocen la «falta de material». «Sucede lo mismo que en toda España, se lo pedimos desesperadamente al Ministerio», responde una portavoz de la Consejería autonómica de Políticas Sociales.
Quejas en el antiguo psiquiátrico Alonso Vega
En una situación similar se encuentra también el personal sanitario del Hospital Psiquiátrico Rodríguez Lafora ubicado en la carretera de Colmenar Viejo (Madrid) y perteneciente a la red pública de la Comunidad de Madrid. «Somos los grandes olvidados. Nos sentimos dejados a nuestra suerte. Trabajamos con miedo, sin apenas medios de protección y tampoco nos hacen la prueba. Esto queremos que se sepa porque aquí ha empezado a haber casos de contagio», denuncia una de las enfermeras que trabaja con internos de larga duración.
Como ha ocurrido en las residencias de ancianos, desde la entrada en vigor del estado de alarma se ha decretado la cuarentena y el aislamiento de los pacientes que tienen síntomas y ningún familiar puede acudir a verlos ni estos pueden salir del centro.
Desde hace cerca de dos décadas, el Rodríguez Lafora es uno de los principales centros de referencia en salud mental en España y uno de los más importantes en tratamientos de adicciones al alcohol y otras sustancias, así como de tratamiento de trastornos de la personalidad graves. Hasta su transformación y modernización en 2003 se llamó Hospital Alonso Vega, para pasar a su denominación actual en honor del neurólogo y psiquiatra español discípulo de Ramón y Cajal.
Según cuentan fuentes de los trabajadores a eldiario.es, de momento hay solo un fallecido pero no se sabe si ha sido por Covid-19 ya que no le habían realizado previamente la prueba. Estas mismas fuentes informan de que «hay varias bajas por posibles coronavirus», entre ellas, personal del cuadro directivo, «como el gerente, el jefe de enfermería, el coordinador de formación, varios psiquiatras, enfermeras, auxiliares y personal de servicios generales de mantenimiento, cocina y lavadero». Y los representantes sindicales, según dicen, «están desaparecidos».
«Faltan mascarillas, el gel se acabó a mitad de semana y no hacen acopio ni lo reponen a tiempo, nos tenemos que repartir un bote para tres turnos. Tampoco hay papel para las manos ni suficientes guantes. Todo este material nos va llegando con cuentagotas», se quejan, sin querer dar nombres por temor a ser despedidos.
Este hospital según se explica en su página web, «atiende a pacientes que precisan hospitalización psiquiátrica breve, cuidados psiquiátricos prolongados o trastornos adictivos relacionados con el alcohol y otras sustancias de abuso». Además, «desde el 11 de febrero del 2008, cuenta con una Unidad para pacientes con Trastorno de la Personalidad graves».
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid admiten falta de material, pero recuerdan que esta realidad afecta «a toda la red hospitalaria de la capital y de otras comunidades». Las fuentes consultadas aseguran a esta redacción que en es hospital no hay ningún fallecimiento por coronavirus.
«No podemos decir que el hospital esté funcionando con normalidad porque la situación es extraordinaria en todos los centros ante la situación de estado de alarma». «Se está llevando a cabo un plan de contingencia para evitar contactos y visitas y aquellos pacientes que podrían dar positivo por Covid-19 se les pone en tratamiento y les aísla del resto para evitar los contagios», añaden fuentes oficiales, que insisten en que el protocolo se cumple como en cualquier otro hospital.
