Un 0% de los más de 6.000 centroamericanos llegados el último año a España obtuvieron el estatuto de refugiados. Más de 380.000 han tenido que huir para sobrevivir mientras la comunidad internacional sigue sin darles protección
SANTIAGO RIESCO PÉREZ. RTVE.- En España hay casi 125.000 personas procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, según el Instituto Nacional de Estadística. Huyen de la violencia de Centroamérica, una región que cuenta con algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo debido a la existencia de las ‘maras’ o bandas criminales organizadas que actúan con notable impunidad en toda la región.
«En Centroamérica los refugiados huyen de la violencia crónica y el Estado no tiene capacidad de brindar protección«, explica a RTVE.es el representante regional del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) en Centroamérica, Giovanni Bassu, en conversación telefónica desde la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) donde participa en el primer Foro Mundial sobre los Refugiados.
La difícil decisión que deben tomar miles de personas en Centroamérica es huir o morir. «Esos solicitantes y refugiados estaban al inicio viviendo en su mayoría en EE.UU., pero ahora se han diversificado los lugares. Hay un crecimiento importante de solicitantes en México. Entre junio de 2018 y junio de 2019 subió un 125%. Y en Europa un 122%, pasando de 9.000 a 20.000 solicitantes», apunta Bassu.
En 2018, España rechazó tres de cada cuatro solicitudes de asilo y el número de expedientes se sigue acumulando: ya son más de 78.000 casos pendientes de ser resueltos. En total, nuestro país concedió protección internacional a 2.895 personas, apenas un centenar de ellas procedentes de Latinoamérica, en su mayoría, venezolanos.
Un 0% de asilados centroamericanos en España
Las peticiones de centroamericanos, sobre todo de Honduras (2.410) Nicaragua (1.365) y El Salvador (2.275) se han disparado. Entre los tres países suman 6.050 peticiones de las que sólo quince (15) obtuvieron el estatuto de refugiado en España. Diez (10) de Honduras, cinco (5) de Nicaragua y ninguna de El Salvador. Lo que viene siendo algo más del 0%, el 0,24 para ser exactos.
“Las autoridades españolas siguen mirando para otro lado respecto a la violencia de las pandillas —lamenta en un comunicado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)—, contradiciendo el criterio de la Audiencia Nacional, que en repetidas ocasiones ha reconocido los actos y las amenazas de estos grupos como un motivo de persecución”.
Ni las instituciones ni la sociedad tiene la sensación de que los que huyen del Triángulo Norte de Centroamérica sean personas susceptibles de recibir protección internacional. No son refugiadas, como tampoco las que vienen de otros países, sobre todo africanos, huyendo de la violencia. Sólo reciben cierta atención los casos más mediáticos, especialmente los que huyen de guerras declaradas.
En todo el mundo hay actualmente alrededor de 387.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala – una cifra que ha crecido en una tasa anual del 24%.
Solicitante de asilo, refugiado y principio de no devolución
Los términos solicitante de asilo y refugiado son frecuentemente confundidos: “solicitante de asilo” es la persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiada y cuya solicitud todavía no ha sido resuelta de forma definitiva.
El estatuo de refugiado es una forma de protección que puede ser reconocida a las personas que cumplen los requisitos para ser una persona refugiada, es decir, un temor fundado a ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.
La ventaja principal de todo refugiado es el «principio de no devolución» que no es otra cosa que la prohibición impuesta a los estados por el Derecho Internacional de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentran amenazadas o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o vulneración de sus derechos humanos fundamentales.
Un salvadoreño refugiado en Guatemala
Las familias que viven en los vecindarios controlados por las pandillas en El Salvador se enfrentan desde la extorsión y las amenazas de muerte hasta a las agresiones y asesinatos. Gerardo -nombre ficticio- perdió a tres hijos, a algunos de sus sobrinos y a su hermano. Y al final, la violencia separó al resto de su familia y lo obligó a huir a Guatemala.
Para los salvadoreños, la violencia y la persecución continúan siendo parte de sus vidas diarias.
“Siempre he creído en la justicia, por eso presenté una denuncia por la muerte de mi primer hijo. Pero de una sentencia de 30 años, ellos solo cumplirán 15. Es por eso que tuve que venir a Guatemala, con temores, pero con una maleta cargada de sueños y esperanzas”, dice Gerardo en la web de ACNUR donde también se recogen otros testimonios.
Este ciclo de terror ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares en el Norte de Centroamérica. Se estima que cerca de 245.000 personas se han visto obligadas a desplazarse dentro de El Salvador y Honduras en la última década.
Los números de los que huyen a través de las fronteras son mucho más altos. Para fines de 2018, 353.000 refugiados y solicitantes de asilo del Norte de Centroamérica habían buscado protección en todo el mundo, un aumento del 20 por ciento respecto al año anterior. Desde 2006, 300.961 salvadoreños buscaron asilo en algún lugar del mundo, lo que representa un promedio de 1.900 personas al mes.
Gerardo ha sido reconocido como un refugiado en Guatemala. Este estatus garantiza que no sea devuelto a El Salvador, y a los peligros de los que huyó, y le brinda la posibilidad de buscar un trabajo formal y vivir legalmente en el país.
Guatemala, aunque es principalmente un país de tránsito para personas que se desplazan al norte hacia México o los Estados Unidos, también ha sido un país de origen y, cada vez más, de destino.
No dejar a nadie atrás
Con el fin de brindar apoyo a quienes se ven obligados a huir y a quienes se encuentran en riesgo, ACNUR trabaja con Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá liderando la iniciativa Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, conocida como MIRPS.
Se trata de un innovador y pionero enfoque interinstitucional para ayudar a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida no solo a sobrevivir, sino también a prosperar, como lo señala el Pacto Mundial sobre los Refugiados y sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás.
