EFE. LA VANGUARDIA.- Con o sin coronavirus, las noticias falsas se extienden en las redes y atajarlas no es fácil. Mentir no es delito, ni en el mundo analógico ni en el digital, y está en juego la libertad de expresión, pero los expertos alertan: cuidado con el contenido de los bulos, su finalidad y sus efectos.
«El bulo, en términos generales, no es delito», explica a Efe la fiscal de Sala coordinadora en materia de criminalidad informática, Elvira Tejada, que insiste en que habría que examinar cada caso concreto y sus consecuencias para comprobar si tiene encaje en el Código Penal.
Tejada subraya que «no se puede sancionar como delito una cosa que no está tipificada», por lo que hay que analizar si el bulo podría derivar en un delito de odio, una injuria o una calumnia, por ejemplo.
Consciente de esta dificultad, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, planteó ayer la necesidad de revisar los instrumentos legales con los que se cuenta para impedir los bulos «o al menos para no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna».
Desde el 18 de marzo, Twitter ha eliminado más de 1.100 mensajes con contenido engañoso y potencialmente dañino y sus sistemas automatizados han «desafiado» más de 1,5 millones de cuentas en todo el mundo dirigidas a discusiones sobre COVID-19 con «comportamientos de manipulación o spam» para comprobar si su nivel sospechoso de actividad revela la existencia de una cuenta falsa que puede ser bloqueada, explican a Efe fuentes de la compañía.
EL CONTENIDO DEL BULO
«Hay que ir a cada cosa concreta, qué es lo que se dice, con qué objetivo, con qué finalidad y qué efectos se han generado», reitera Tejada.
Coincide con ella la fiscal especializada en delitos de odio Susana Gisbert, quien explica que habría que estudiar si el bulo es «un medio» para cometer un delito, como infundir odio hacia un colectivo vulnerable, injuriar o calumniar a una persona, o incluso crear alarma social que implique la movilización de recursos públicos.
Esto último se recoge en el artículo 561 del Código Penal, que castiga a quien «afirme falsamente o simule una situación de peligro» que provoque la activación de los servicios de policía, asistencia o salvamento.
Según el abogado experto en nuevas tecnologías David Maeztu, este tipo penal se pensó en su día para comportamientos como los avisos falsos de bomba, pero en esta situación de alarma podría ocurrir también que un bulo obligue a trasladar ambulancias o fuerzas de seguridad a un lugar cuando se necesitan en otro. «Todo dependerá del caso concreto», reitera.
El problema, insisten los expertos, está en lo que se dice y en los efectos que provoca. Si el rumor influye en el mercado o en los consumidores (si se difunde, por ejemplo, información falsa sobre valores en bolsa) o en la salud pública (si se promocionan productos o remedios milagro perjudiciales) se podría estar ante comportamientos penados.
Pero siempre, incide Tejada, actuando con cautela y conscientes de que éste es un «terreno virgen»: «¿Hasta dónde es una fake news? ¿Hasta dónde una opinión?»
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS LÍMITES
La máxima a tener en cuenta siempre es la misma: la libertad de expresión. «Es uno de los pilares de la democracia», señala la fiscal Gisbert, que alerta del «peligroso terreno» en el que se puede entrar al analizar el alcance penal de las noticias falsas.
«Es muy delicado porque puedes interferir en la libertad de opinión, en el derecho a una información veraz… Hay que tener mucho cuidado», abunda Tejada.
Los países europeos, explica a Efe Alonso Hurtado, abogado experto en redes, han dado pasos para «llamar a filas» a las redes sociales, encargadas en último término de controlar lo que se difunde a través de ellas.
Con el Código Penal actual en la mano, a su juicio, algunos de los vídeos que circulan en las redes son «delitos de odio de libro» y este abogado no descartaría que la Fiscalía, centrada ahora en los servicios esenciales, no guarde en una carpeta los casos más graves para actuar más adelante.
Podrían entrar en ese contexto, apunta Maeztu por ejemplo, algunos de los audios que se difundieron en WhatsApp criminalizando a la comunidad gitana después de que se detectara un foco de coronavirus en Haro (La Rioja) entre los asistentes a un entierro que se había celebrado en Vitoria.
