elDiario.es.- Estos pactos son tratados internacionales en los que cada actor tiene algo que aportar y algo que ganar. En función de ello, se realiza una negociación, un tira y afloja que termina en un apretón de manos. Este es el formato que se utiliza para decidir el destino de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
La política migratoria de la Unión Europea, que reposa en la externalización de las fronteras como piedra angular, también va acompañada de un esfuerzo creciente en la firma de acuerdos internacionales destinados a que terceros países acepten la readmisión de los migrantes irregulares a los que no se les ha otorgado el derecho de permanecer en Europa. El nuevo Pacto de Migración y Asilo reitera estas ideas y especifica que los retornos efectivos requieren de mejores procedimientos dentro de la UE.
La Comisión evalúa anualmente la cooperación en materia de readmisión con países no pertenecientes a la UE e informa al Consejo. En la presentación de la primera evaluación fáctica de la cooperación para la readmisión, el vicepresidente de Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha insistido en que “la UE está utilizando todos los instrumentos a su disposición, desde la política de visados hasta la cooperación para el desarrollo, la inversión, el comercio y el empleo, a fin de lograr un planteamiento más equilibrado y global de la cooperación en materia migratoria. El retorno y la readmisión efectivos son un elemento clave de este rompecabezas”.
Los acuerdos de readmisión son tratados internacionales en los que cada actor tiene algo que aportar y algo que ganar. En función de ello, se realiza una negociación, un tira y afloja que termina en un apretón de manos. Este es el formato que se utiliza para decidir el destino de miles de personas en situación de vulnerabilidad. Si bien la readmisión de los ciudadanos del propio país, que residen de forma ilegal en otro estado, es una obligación en virtud del derecho internacional, los acuerdos promovidos por la UE persiguen que terceros estados acepten readmitir a las personas que, en su camino hacia Europa, han transitado por dicho territorio. A día de hoy, la Unión ha firmado acuerdos en materia de readmisión con 17 países, entre ellos Turquía, Georgia, Ucrania o Cabo Verde, , y está en proceso de negociación de nuevos acuerdos con Nigeria, Marruecos y Túnez.
Actualmente, el retorno de los migrantes a sus países se presenta como una de las soluciones centrales de la crisis migratoria que atraviesa Canarias, lo que hace necesario un análisis de experiencias previas y los resultados en otras fronteras externas del espacio comunitario.
El ejemplo de Turquía
Las relaciones entre la UE y Turquía ilustran las dinámicas de negociación internacional, en las que los países de la Unión apartan la vista de la promoción y defensa de los derechos humanos para cumplir con objetivos políticos internos. Las relaciones entre Bruselas y Ankara han estado marcadas por el estatus de Turquía como candidato para entrar al club de la Unión. Las negociaciones conducentes a una potencial adhesión están congeladas desde la llegada al poder de Tayyip Erdoğan en 2014, cuyas políticas han desembocado en la demolición de los pilares democráticos de la República, con una creciente censura, persecución de opositores y centralización de poder en torno a la figura del presidente. El uso de la violencia policial, la instrumentalización de la justicia con fines políticos y la amenaza constante de toda opinión disidente fueron duramente criticados por Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo.
A pesar de ello, el Acuerdo entre la UE y Turquía sobre readmisiones fue firmado en 2014 y contiene provisiones en las que se especifica que Turquía tendrá la obligación de readmitir a cualquier persona que entre de forma ilegal en el territorio europeo tras haber transitado por territorio turco. A cambio, la UE se comprometió a dar apoyo financiero a Turquía, así como a facilitar la aceptación de visados de entrada al territorio Schengen para los nacionales turcos. En 2015, se puso en marcha el Plan de Acción Conjunto, destinado a fomentar la política de asilo y refugio en Turquía, con una aportación económica de los países de la Unión de 3.000 millones de euros bajo el Mecanismo para los refugiados en Turquía.
La cooperación se intensificó en 2016 con una declaración conjunta elaborada en el contexto de la crisis de los refugiados. Un drama humano producido por la huida desesperada de miles de personas que trataban de escapar de la creciente tensión del conflicto en Siria, con el último y único fin de salvar su vida. La organización internacional Human Rights Watch ha criticado la falta de protección efectiva en Turquía para los sirios, las restricciones fronterizas existentes impuestas por el régimen de Erdoğan y el historial de abuso policial. Estas circunstancias han supuesto el riesgo de negación del acceso al asilo y la posibilidad de bloquear el paso desde Siria hacia Turquía. Más allá, situar el control de la frontera europea en manos de Turquía ha convertido a la UE en un actor dependiente, que pierde capacidad de negociación estratégica y se ve acorralado por las amenazas del ejecutivo turco sobre la suspensión unilateral del pacto, como ya ocurrió en 2019.
El juego geopolítico implica que la Unión Europea ofrezca financiación directa o liberalización de visados para nacionales de países no miembros de la UE, a cambio de que estos países readmitan no solo a sus propios nacionales, sino a aquellos que hayan atravesado el territorio. En la práctica, esto supone desviar los flujos de migración y poner en peligro la vida y la dignidad de las personas migrantes, que terminan encontrándose en un país que no conocen, con las mismas o incluso menos oportunidades económicas que tenían en sus países de origen y alejados de su núcleo social de apoyo. Los esfuerzos para la integración quedan en manos de las políticas nacionales de terceros países, escapando del control europeo y de los requisitos en materia de protección de derechos humanos que persigue garantizar la política migratoria. La falta de mecanismos efectivos que garanticen un tratamiento humano a las personas migrantes, una vez han sido readmitidas en países distintos a sus países de origen, pone en cuestión la moralidad de esta práctica y sacude los principios rectores del llamado “modo de vida europeo”.
El respeto a los derechos humanos, el énfasis en las políticas de integración y la lucha contra el contrabando de seres humanos deberían ser los vectores fundamentales de los acuerdos de readmisión. Fomentar la readmisión de los migrantes llegados a las costas canarias sin llevar a cabo un estudio previo de las consecuencias geoestratégicas de esta política puede desembocar en que el destino de cientos de miles de personas sea reducido a un elemento de chantaje en negociaciones internacionales.
