El Gobierno cobrará a los no comunitarios que estén de forma legal pero temporal en el país
Los que entren con un visado de menos de seis meses deberán pagar el coste completo de la atención médica
WALTER OPPENHEIMER. EL PAÍS.- El Departamento de Sanidad británico ha confirmado este lunes su voluntad de restringir el acceso de los extranjeros a la sanidad pública. Los planes están en línea con las intenciones ya proyectadas en octubre y buscan reducir los 500 millones de libras (600 millones de euros) que le cuesta a los contribuyentes el atender a los ciudadanos sin residencia permanente, incluidos los británicos expatriados que vuelven ocasionalmente al país.
De acuerdo con estos planes, los extranjeros comunitarios sin residencia indefinida seguirán accediendo gratis a la sanidad pública pero el Gobierno pondrá en marcha un sistema de identificación que podría obligarles a acarrear la Tarjeta Sanitaria Europea.
Siguiendo el consejo de los expertos, el Gobierno ha renunciado a impedir el acceso de los sin papeles a la red pública de médicos de cabecera y permitirles acceder solo a los servicios de urgencias. Los médicos habían advertido que eso tenía el potencial de propagar enfermedades infecciosas y encarecería la atención a los ilegales al retrasar su atención médica a una fase más grave de sus problemas sanitarios. Podrán también ir a urgencias pero deberán pagar si son hospitalizados o requieren tratamientos posterior.
Lo que sí va a hacer el Gobierno es cobrar a los extranjeros no comunitarios que estén de forma legal pero temporal en el país. Los que entren con un visado de menos de seis meses –como los turistas– deberán pagar el coste completo de la atención médica. Los que tengan permisos de residencia más largos pero no permanente o indefinida deberán pagar una tarifa única anual todavía a precisar pero que estaría en torno a los 180 euros al año para los estudiantes y los 240 euros para el resto.
De todas estas restricciones no estarán exentos ni los niños ni las mujeres que vayan a dar a luz, para evitar así que ese privilegio acabe convirtiéndose en un foco de atracción de lo que el Gobierno ha venido en llamar “turismo de ayudas sociales”, un mito que nunca ha conseguido probar con cifras creíbles.
En realidad, todo esto forma parte de la histeria anti-inmigración en la que vive Reino Unido y que es producto de una combinación de preocupación genuina de una parte de la población empobrecida con la crisis, la fobia antieuropea de una gran parte de los medios británicos y la permanente propaganda contra Europa y contra los inmigrantes que realiza el Partido Conservador desde dentro y desde fuera del Gobierno por razones de conveniencia electoral.
En ese apartado propagandístico se enmarca la carta de 90 diputados conservadores pidiéndole al primer ministro que apruebe legislación de urgencia para prohibir por razones de emergencia nacional el derecho de búlgaros y rumanos a acceder al mercado laboral británico desde el 1 de enero. Downing Street ha rechazado esa petición.
