LLUIS VISA. EL PAÍS.- El Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC con mayoría, sopesa recuperar la normativa que vetaba el uso del burka y el niqab en instalaciones municipales, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminara el martes que la ley que prohíbe en Francia el uso de esas prendas que cubren totalmente el cuerpo y el rostro de las mujeres no contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos.
El Consistorio leridano fue el primero de España en aprobar en mayo de 2010 una modificación de la ordenanza sobre civismo y convivencia para regular la utilización del velo integral en sus edificios y equipamientos públicos (cívicos, educativos, culturales, deportivos y otros). Además de motivos de seguridad y de identificación de las personas, el principal argumento fue que se trata de indumentarias discriminatorias, atentatorias contra la dignidad de las mujeres, que no facilitan su integración y que vulneran el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
La polémica suscitada por la normativa continuó en los tribunales nada más entrar en vigor y sin que se hubiera denunciado a nadie por infringirla. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) descartó inicialmente suspender cautelarmente su aplicación a petición de la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia.
Sin embargo, esta entidad no religiosa que se autoproclama defensora del colectivo musulmán en España, recurrió y consiguió un año más tarde que el Tribunal Supremo anulara la ordenanza al entender que el uso del burka no perturba la seguridad ciudadana ni la medida sirve para proteger la igualdad de la mujer. El Consistorio recurrió al Tribunal Constitucional, que contestó que el Ayuntamiento no era competente para regular esta materia.
El alto tribunal europeo señala que la norma del Consistorio no atenta contra los derechos humanos
El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, mostró ayer su satisfacción por la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el tema porque “va en la misma línea que la ordenanza aprobada en su día por el Ayuntamiento de Lleida y de la sentencia del TSJC, que era ejemplar”.
Ros ha manifestado que se estudiará con rigor la sentencia y que en caso de que sea aplicable a la ordenanza municipal se volverá a llevar al próximo pleno el artículo derogado para que entre de nuevo en vigor si los servicios jurídicos lo ven viable. “El aval moral que da el Tribunal de Derechos Humanos es muy claro”, señaló el alcalde leridano, que volvió a pedir al Parlamento catalán que legisle en el mismo sentido que el tribunal europeo porque, argumentó, “no podemos esconder detrás derechos religiosos una situación que impide la identificación de las personas y que atenta contra la dignidad de la mujer”.
