El Español/Jorge Garcia Badía.María Rosa reconoció que atacó a esta ecuatoriana por motivos racistas, pero no pidió disculpas: su condena se ha rebajado en diez años.
Lili no pudo entrar este martes al juzgado de Cartagena para mirar a la cara a María Rosa: la mujer que sin conocerla de nada, impulsada por el racismo, se abalanzó sobre ella para apuñalarla en una cola del hambre de Cáritas. «Sentí impotencia al no poder ver a esa mujer en la sala y escuchar por qué motivo me atacó«, tal y como explica Lili.
Esta ciudadana de Ecuador, de 54 años, siente que el sistema judicial español le ha fallado, después de haber sido víctima de una agresión con tintes xenófobos que casi la envía al otro barrio. «Estuve meses de baja y todavía me sangra el riñón cuando hago esfuerzos: esto me ha perjudicado en mi trabajo como asistenta interna de una persona mayor».
La vista oral estaba prevista en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, a las 10.30 horas del martes, y Lili llegó puntual para testificar como víctima. Estaba deseosa de entrar a ver a su agresora siete meses y medio después del ataque que sufrió el 16 de junio de 2022, cuando fue apuñalada por la espalda por María Rosa, mientras recibía insultos racistas, simplemente por acompañar a su prima Marina a recoger comida a Cáritas.
Sin embargo, esta ecuatoriana no pasó del pasillo del Palacio de Justicia porque el juicio se celebró como una vista de conformidad y los testigos no pueden entrar a la Sala. Lili no tenía un letrado con el que ejercer una acusación particular, a pesar de que afirma que lo pidió al Colegio de Abogados de Cartagena, de modo que ella también era una testigo de la Fiscalía y no pudo mirar a la cara de la persona que casi la mata. Y en solo 5 minutos quedó resuelta su tentativa de homicidio. «Estoy indignada con la sentencia», afirma.
EL ESPAÑOL ha podido saber que María Rosa, en el turno de intervención que tiene cualquier procesado, solo reconoció los hechos que se le imputaban para lograr una rebaja de su condena, pero no pidió disculpas por clavar un cuchillo a Lili, enviándola al quirófano del Hospital Santa Lucía de Cartagena donde fue operada de urgencia para no perder un riñón. Tampoco se disculpó por intentar pinchar a Marina en el pecho, cuando evitó que le asestara una segunda puñalada a Lili.
Tal reconocimiento de hechos, unido a la aplicación de la atenuante de intoxicación etílica, le permitió a esta ciudadana española ahorrarse una década en prisión, ya que fue condenada a 9 años y 6 meses, frente a los 19 años y 8 meses que la Fiscalía solicitaba inicialmente.
María Rosa también fue condenada a indemnizar a Lili por las lesiones que le causó, con 31.178 euros, y a su prima, Marina, con 430 euros, pero ya se ha declarado insolvente. De modo que no pagará nada y cuando recupere su libertad, cobrará el paro por el tiempo cotizado a la sombra. La sentencia ha sido una victoria para la letrada Susana Vicente, por la fuerte rebaja de la pena que ha logrado para la agresora, tras cerrar un pacto con la Fiscalía, mientras que Lili interpreta la condena como una derrota.
«Esa mujer no me pagará un céntimo por insolvente», reflexiona Lili, tras sentir que se ha topado de bruces con la realidad del sistema judicial español: el paro que percibirá María Rosa a su salida de prisión, no se le podrá embargar para compensar a la víctima, ya que no superará el salario mínimo interprofesional. Esta mujer sabe que tiene que acatar la sentencia, pero eso no le impide ejercer su derecho al ‘pataleo’. «Si yo llego a hacer lo mismo, seguro que me caen 20 años de cárcel y me hacen pagar la indemnización como sea porque soy inmigrante y no valgo nada en este país«.
Durante la vista de conformidad no se permitió a los periodistas fotografiar o grabar el rostro de María Rosa porque se puso nerviosa. Su señoría instó a los fotógrafos y los cámaras a tomar imágenes desde el fondo de la Sala. Es decir: solo de la espalda de una encausada, a la que poco le importó que trascendiera su identidad el 16 de junio de 2022, cuando varios testigos la grabaron, apuñalando a Lili y a su prima, Marina, en la sede de Cáritas. Todo ello, después de proferir estas expresiones: ‘Putas de mierda, inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, busquen otras maneras de vivir, siempre están viviendo de las ayudas’.
María Lilian Zúñiga -Lili- se marchó de Ecuador buscando el sueño europeo, pero asegura que este ataque racista le ha roto la vida tranquila que llevaba en Cartagena. «Sueño por las noches que esa mujer me persigue por un descampado«. Ahora, esa desazón se ha visto acrecentada por la manera en la que se ha resuelto este proceso penal sin una acusación particular, ya que Lili también critica que le habría gustado contar con un abogado del servicio de justicia gratuita para personarse en la causa.
«Al mes de recibir el alta en el hospital, fui al Colegio de Abogados de Cartagena a pedir un abogado de oficio y me dijeron que no hacía falta porque el caso lo llevaba la Fiscalía, pero me habría gustado ejercer una acusación particular», se lamenta con amargura esta asistenta de personas dependientes, debido a que considera que a pesar de su bajo nivel formativo, ella acudió a instituciones buscando respuestas y siente que no recibió la información apropiada sobre sus derechos.
A Lili no le queda más remedio que tirar para adelante, como lo hizo cuando aterrizó en suelo español sin nada. Tendrá que digerir el contenido del fallo, siendo consciente de dos cosas. La primera: a los seis años, María Rosa podrá solicitar la libertad condicional. Y la segunda: esta ecuatoriana está ‘condenada’ a trabajar porque su agresora no le pagará la indemnización, de modo que no podrá plantearse una prejubilación, a pesar de los achaques de salud que sigue padeciendo por la puñalada que recibió en el riñón.
«Tengo la zona lumbar dormida y he ido cuatro veces al hospital porque al hacer esfuerzos en el trabajo, me sangra el riñón, y sufro infecciones de orina», según explica Lili. «Los médicos me han dicho que lleve cuidado, pero llevo toda la vida dedicándome a cuidar a personas mayores y a dependientes, a los que tengo que ayudar a levantarse de la cama, a sentarlos en una silla de ruedas… ¿Dónde voy a trabajar si no puedo coger peso?»
Cada día, a las ocho de la mañana, Lili sigue llegado puntual al domicilio de una anciana para ayudarla en todo lo que necesita: desde limpiar la casa, a algo tan saludable como darle conversación a la mujer. Trata de evitar los esfuerzos físicos, aunque eso es imposible por las características de su trabajo y el miedo a no llegar a final de mes. «Gano 1.000 euros mensuales por estar interna, pero no me alcanza el dinero para vivir. El alquiler de mi piso y las facturas de agua y luz, suponen más de 350 euros, y también tengo que pagar un crédito que saqué de 6.000 euros para financiar la operación de corazón de mi madre en Ecuador».
Para solventar el panorama que tiene por delante, a Lili no le queda más remedio que acudir a la oficina de víctimas de delitos violentos del Palacio de Justicia de Cartagena y solicitar al Gobierno de España, una subvención para personas que han sufrido delitos de sangre o agresiones sexuales. El argumento que empleará está claro: sufrió un ataque que casi le cuesta la vida, «por razones de discriminación», tal y como recoge el escrito de la Fiscalía con los hechos que reconoció la propia María Rosa, ante la Audiencia Provincial.
«Maldita la mala suerte que tuve ese día por ir a Cáritas, a ayudar a mi prima con el carrito porque ella padece trombosis en una pierna«, reflexiona indignada. «Yo no soy usuaria de una cola del hambre».
