El Periódico.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no cree que produzcan daños irreversibles en las criptas.
El Gobierno de Pedro Sánchez podrá llevar adelante una de sus principales medidas en materia de Memoria Democrática, que tenía encallada en los tribunales: la exhumación de restos de particulares en el Valle de los Caídos. Pocas discusiones judiciales sobre medidas cautelares duran tanto como la que ha mantenido paradas la licencia municipal para las obras. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado este martes levantar la paralización provisional que impedía a más de 60 familias recuperar los huesos de sus parientes enterrados en las criptas del monumento de Cuelgamuros .
Contra lo argumentado por los recursos de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, representada por el abogado Francisco Javier Zaragoza -hijo del alcalde franquista de Benidorm, Pedro Zaragoza-, la licencia que concedió el la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional el 24 de junio de 2021 no supondrá «una transformación urbanística irreversible de las criptas».
La sección II de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, presidida por el magistrado José Daniel Sanz, ha puesto fin al bloqueo que, el 16 de noviembre pasado, impuso el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 10 de Madrid.
El TSJ madrileño considera que la intervención autorizada y posteriormente recurrida «tiene por objeto la facilitación de los accesos al interior de las criptas, en todos los niveles, manteniendo en uso el resto del complejo» y que «las intervenciones tienen un carácter provisional; no está prevista la realización de refuerzos estructurales u otras intervenciones de carácter definitivo».
El tribunal considera que las criptas de la basílica del Valle de los Caídos no sufrirán daño: «La apertura de huecos sería restituible al estado anterior sin excesiva dificultad», dice el auto que han emitido este martes.
Los magistrados creen que «no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la licencia urbanística», pues no se producirá una «transformación urbanística irreversible» de los espacios que, en torno al altar de la basílica, albergan los cuerpos de 34.000 caídos en la Guerra Civil, más de la mitad de ellos restos de republicanos llevados allí a partir de 1958 sin previo consentimiento de las familias.
El auto que levanta la suspensión cautelar considera además la legitimidad de Patrimonio Nacional sobre la franquista Fundación de la Santa Cruz para decidir sobre el reciento monumental.
Ocho meses
«Se trata de un pleito sobre medidas cautelares, que habitualmente dura 15 días y en este caso han sido 8 meses -explica el abogado madrileño Eduardo Ranz, especialista en casos de Memoria Histórica y representante de varias familias que reclaman recuperar cuerpos en el Valle de los Caídos-. La abogacía del Estado ha hecho un gran trabajo en un pleito nada sencillo».
En opinión de Ranz, las exhumaciones de particulares podrían comenzar esta misma semana. «En términos legales, nada impide retomar los trabajos de exhumación de forma inmediata», dice a este diario.
El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, había pedido en abril de 2021 al gobierno local de San Lorenzo de El Escorial la solicitud de licencia urbanística para iniciar las obras de exhumación y los análisis de identificación de los restos que se recuperaran.
Se trataba de dar cumplimiento a una sentencia de un juzgado de San Lorenzo de El Escorial, que el 30 de marzo de 2016 otorgó a la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, asesinados en Aragón, el derecho de darles sepultura en enterramientos de su propiedad, y no en el Valle. Esa sentencia lleva más de seis años incumplida.
