Una juez de Arenys de Mar ha condenado al expropietario de un establecimiento después que echara a cinco personas porque “no quería negros” en el local
AGENCIAS. LA VANGUARDIA.- Una juez de Arenys de Mar ha condenado al expropietario de un restaurante de la población, Open Sports Cafè, a dos años, seis meses y un día de inhabilitación para trabajar en un bar o comerciodespués de que expulsara cinco personas negras de su establecimiento en 2016. Le considera autor de cinco delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.
El restaurante, en la fecha en que ocurrieron los hechos tenía tres socios, uno de los cuales Eduardo F. “ese día perdió la cabeza” relatan fuentes del establecimiento. “Nunca hemos sido racistas, tenemos clientes y trabajadores de todas las nacionalidades” aseguran. Ellos mismos, los propietarios son de origen sudamericano “no podemos ser racistas”. Admiten sin embargo, que la actitud del tercer socio provocó desavenencias en la sociedad y que los otros dos decidieran disolver la empresa y comprarle su parte. Recuerdan que “la demanda es exclusivamente hacia él” por lo que lamentan “que se manche el nombre de nuestro establecimiento”.
Según el relato de los denunciantes, los testigos y los dos Mossos de Esquadra que intervinieron, el que entonces era uno de los socios del bar llamó una de las personas que estaba sentada en la terraza y le dijo que “no quería negros” en el local. Él pagó su consumición y salió a decirlo a sus cuatro compañeros. Entraron entonces a pagar sus bebidas y pidieron explicaciones al dueño, que les reiteró lo mismo.
Las cinco víctimas explicaron los hechos en el juicio y algunos de ellos expresaron que les “dolió muchísimo” y que se sintieron ofendidos de que les echaran del bar de su propio pueblo. Un hecho que también lamentan los propietarios.
La juez entiende que las declaraciones de los afectados han sido claras, coherentes y persistentes para probar las acusaciones, y que han sido corroboradas por las de los Mossos d’Esquadra que acudieron al bar posteriormente, ya que el acusado también les manifestó que les echaba “por su color de la piel”.
La juez también le inhabilita para trabajar en el ámbito educativo o deportivo. El condenado también debe pagar 300 euros a cada uno de los cinco perjudicados.
