Dignidad y Justicia ya ha impulsado decenas de procedimientos contra el entorno de la banda terrorista ETA, con la que el juez García-Castellón compara la actuación de los CDR
ROBERTO R. BALLESTEROS. EL CONFIDENCIAL.- Las víctimas tienen claro, como la Guardia Civil, que los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) detenidos e imputados por la Audiencia Nacional deben ser acusados de terrorismo. Por eso han pedido personarse en el procedimiento que se sigue en el alto tribunal contra este grupo, que planeaba cometer atentados selectivos cuando fue interceptado por los Servicios de Información del instituto armado.
En concreto, la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía asesinado en 2000, Luis Portero, es la que ha presentado el escrito de personación, que ahora debe ser respondido por la Audiencia Nacional. Dignidad y Justicia tiene experiencia en estas tareas, ya que ha impulsado procedimientos judiciales tan importantes como el de las ‘herriko tabernas’, el de los abogados de ETA, el caso Faisán o la financiación de la banda a través de organizaciones satélite, entre otros. Ha ejercido la acusación particular y popular en decenas de asuntos relacionados con el terrorismo. En ocasiones, ha logrado incluso hacer avanzar la instrucción en contra del criterio de la Fiscalía.«Una vergüenza que seamos cuatro gatos…»: lamento de los CDR en los actos del 1-OA. FERNÁNDEZ. BARCELONA»No nos quejemos después de un 155, ni de las represiones que vendrán, y más fuertes que nunca”. “La gente solo va a los fiestorros de la ANC. Hemos folclorizado la represión”
En el caso de los CDR, el juez del alto tribunal responsable de la investigación, Manuel García-Castellón, ha enviado a los siete detenidos a prisión imputados por terrorismo. En los autos que ordenan esta medida cautelar, el magistrado hace una comparación entre los planes que albergaba el grupo de arrestados y los modos de funcionar de organizaciones como ETA o Terra Lliure. En concreto, el instructor describe cómo los arrestados almacenaban sustancias químicas para posteriormente fabricar explosivos con ellas, «en clara similitud con las técnicas y procedimientos enmarcados bajo los estándares de históricas organizaciones terroristas» como las dos mencionadas.
En el marco de su «plan insurreccional«, continúan los escritos judiciales, planeaban cometer atentados. Según concluye la Guardia Civil tras analizar las intervenciones telefónicas y los seguimientos, los arrestados pretendían emular el camino de las citadas organizaciones armadas, que como los CDR también se separaban en dos núcleos diferenciados. Los «productores», por un lado, se dedicaban a acaparar sustancias para elaborar explosivos, y los «ejecutores», por otro, ponían en marcha lo planeado, colocaban los artefactos contra objetivos previamente seleccionados, explican los mencionados autos.
La elaboración de la termita, base para fabricar bombas, de hecho, cuando fueron detenidos, ya estaba en un estadio final, aunque los CDR seguían tratando de aumentar su capacidad explosiva. En concreto, habían comenzado a experimentar con otras sustancias en «laboratorios clandestinos» donde manejaban «productos extremadamente peligrosos«, como la cloratita, utilizada por ETA cuando esta banda dejó de tener acceso a dinamita. El explosivo es el resultado de mezclar clorato de sodio con sustancias como azufre y azúcar. Los autos hablan también de otros materiales «como ácido pícrico o anfo», también utilizados para fabricar artefactos destructivos tanto por ETA como por Sendero Luminoso o incluso por el IRA.
Según la querella presentada por Dignidad y Justicia, en la que la asociación pide que la Audiencia Nacional la dé por personada como acusación popular, los hechos investigados que se imputan a los siete detenidos deben ser calificados como integración en organización terrorista, tenencia ilícita y fabricación de explosivos y conspiración para el delito de estragos. «La finalidad de la comisión de los mismos (…) no era otra que la de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública», argumenta el escrito presentado por el colectivo de víctimas, que recopila toda la información publicada por los medios y desarrolla el papel que cada uno de los arrestados tenía en el denominado equipo de respuesta táctica (ERT), «el sector más radical, clandestino y comprometido» de los CDR.
Este grupo, aseguran los querellantes, se puede definir como una «organización con estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas», que tiene «capacidad suficiente para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización». El escrito detalla, en concreto, que el detenido Ferran Jolís ocupaba una «prominente posición» en el ERT, se encargaba de la seguridad informática, de «preservar la organización en la sombra», conseguir «teléfonos clandestinos», elaborar protocolos de contravigilancia y asegurar las comunicaciones entre los miembros del grupo. Participó, de hecho, en el encuentro que congregó a la hermana de Carles Puigdemont y a Quim Torra con la finalidad de entregar información secreta y establecer comunicaciones seguras entre el ‘expresident’ huido y el actual jefe del Ejecutivo catalán. «Me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada», dijo el propio Jolís en una de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil.
Sobre el resto de arrestados, Dignidad y Justicia se limita a describir lo que apuntan los investigadores. De Eduardo Garzón, dice que es un «miembro especialmente activo», que participó en la citada reunión y que estuvo en el derramamiento de aceite en la carretera C-55 que pretendía evitar que los presos del juicio del ‘procés‘ llegaran al Tribunal Supremo. Sobre Guillem Xavier Duch, afirma que se encargaba de la custodia de los equipos de telecomunicaciones, que estaba dispuesto a participar en el asalto al Parlament y que igualmente participó en el mencionado incidente del aceite.
Añade que Jordi Ros se encargaba de comprar las sustancias químicas necesarias para elaborar explosivos y que pertenecía al denominado núcleo productor junto a Alexis Codina y Germinal Tomás Aubeso, implicados ambos en la adquisición y fabricación de los artefactos, basados en termita, cloratita, ácido pícrico o anfo, entre otros materiales. Afirma además el escrito de las víctimas que Xavier Buigas se encargaba de «la puesta en marcha de las acciones violentas».
El vicepresidente de Dignidad y Justicia, Víctor Valentín, asegura a El Confidencial que «en Cataluña los niveles de radicalización son tan altos que a nadie le extraña que haya surgido un grupo terrorista». «Esto ya lo hemos visto en el País Vasco y Navarra», recuerda el también analista de terrorismo. «Queremos saber si los CDR tienen vínculos con ETA», añade. «Las organizaciones terroristas no son espontáneas y se nutren de otras organizaciones para crear sus propias estructuras; y creemos que será con ETA, por su afinidad ideológica», asegura Valentín, que tiene intención de llegar hasta el final. «Por muy fuertes que sean las presiones, si Puigdemont u otra persona están relacionados con los CDR, vamos a pedir responsabilidades», anuncia.
