Las políticas para evitar la propagación del coronavirus han sido usadas por las autoridades de Bosnia y Herzegovina para encerrar a personas refugiadas en campos que parecen cárceles. La policía de Croacia sigue deportando y ahora marca la cabeza de la gente con pintura naranja.
BÁRBARA BÉCARES. PÚBLICO.- Hace unos días, Younas estaba sentado en la casa que alquilaba junto a dos amigos, en la ciudad bosnia de Bihac. Estaban tomando té, se acercaba el fin de un mes de abril que una pandemia global eclipsó y, de repente, varios agentes de policía se personaron en su casa. Los sacaron la fuerza y los metieron en un furgón policial. No les permitieron coger su ropa, sus geles, sus cosas. Solo el móvil y unos powerbanks que más tarde la policía les robó como cuenta el mismo joven.
¿Su delito? Haber nacido en otro país y no tener documentación de Bosnia. Ahora está encerrado en Bira, un campo oficial de refugiados que se mantiene cerrado al mundo exterior. Hace largas colas para comer porque no tiene permitido salir a comprar. Lo gestiona la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) con dinero que envía la Unión Europea.
¿Hay jabón y agua caliente para todos, medidas de seguridad para evitar la posible propagación de un virus? No. Lo dice Younas y lo dicen todos aquellos que tienen algún contacto en el mundo exterior, a quienes les van comunicando su día a día. Y estos lo reportan en redes sociales. El móvil se convierte así, para esos que antes tuvieron la oportunidad de conocer a gente local fuera del recinto cerrado en el que viven ahora, en la única forma de contar lo que pasa.
La organización Transbalkanska Solidarnost, que promueve la solidaridad conjunta de todas aquellas personas en los Balcanes y en Europa que quieran políticas más justas para las personas refugiadas, creó dos campaña «jabones para OIM» y «nadie está a salvo hasta que todas las personas estén protegidas», hechas para denunciar la necesidad de una políticas que integren a todas las personas para hacerle frente al virus. Y para recordar que las condiciones higiénicas y sanitarias que relatan los residentes en los campos son deficientes.
Por ahora, hay una baja incidencia de la covid-19 en la región. No se ha registrado ningún caso, de forma oficial, entre la comunidad migrante. Y tampoco se sabe cómo se procedería en caso de un repunte de los casos entre locales e internacionales. El Danish Refugee Council se encarga de los servicios de salud de las personas dentro de campos, pero no ha especificado sus medidas frente a la covid-19. Se calcula que hay unas 5.500 personas en los centros oficiales de Bosnia. Y según informaciones de activistas que trabajan fuera de campos, podría haber unos 2.000 o 3.000 viviendo en las calles y edificios abandonados. Incluso más.
Muerte violenta de un padre de familia
Hace unos días, Bilal, un chico del Kurdistán hizo público en sus redes sociales que un hombre había muerto como consecuencia de las palizas que recibió de la seguridad privada de un campo situado cerca de Sarajevo, Ušivak. La información la recibió de la mano de la mujer de ese hombre, de 50 años, que la dejó sola con cuatro hijos en medio de esa travesía demencial que va desde una región en conflicto del mundo hasta un país de la Unión Europea donde poder pedir asilo. De acuerdo con la mujer, hubo una pelea entre dos grupos de personas, la guardia privada que gestiona el campo decidió frenar la pelea con violencia y esto acabó con la vida del hombre.
Por su parte, Peter Van Der Auweraert, quien lidera la actividad de OIM en la región, publicó en sus redes sociales que la muerte fue consecuencia de los golpes que recibió de otras personas refugiadas en la pelea. Estas declaraciones que niegan la versión de la viuda, despertaron una gran polémica, como se puede ver en el Twitter oficial del directivo. Muchas personas le recordaron que no es la primera vez que las personas que residen en campos oficiales denuncian haber sido golpeadas por el personal de seguridad. Incluso hay vídeos que demuestran casos de violencia injustificada.
«Si bien es verdad que el virus no distingue entre clases ni etnias de las personas, las políticas que se están diseñando para gestionar el impacto de la covid-19 sí que lo hacen», explica Ricardo Fernández, coordinador de No Name Kitchen, organización española que continúa ayudando a personas que viven fuera de los repletos campos y escondidos de las autoridades. A pesar de las restricciones de movimiento, la ONG ha conseguido continuar su trabajo día a día gracias a voluntarias locales y a panaderías y restaurantes que reciben dinero directamente para ofrecer comida que las personas refugiadas pueden recoger con unos cupones que reciben por mensaje de Facebook a través de voluntarios.
Las redadas policiales, como la que sacó a Younas de la casa que alquilaba y le llevó a dormir en una litera rodeado de personas con las que no puede mantener ningún tipo de distancia de seguridad, son ahora el día a día. La población local tiene mucha libertad de movimiento durante las horas del día, siempre que estén entre los 18 y los 65 años de edad, como especifica la OCDE en un documento. Pero las personas migrantes no, por miedo a las redadas. El acceso al agua solo lo tienen en los pocos bares donde son bienvenidos, en alguna casa de algún vecino bondadoso o pagando 5 euros para una ducha que un hombre cobra en sus instalaciones. El 14 de mayo, Ahmed, un joven de Marruecos intentó colarse en el campo de Miral, en Velika Kladusa. No tenía tarjeta del recinto, por lo que tenía la entrada prohibida, y se cree que murió asfixiado entre dos barrotes en los que quedó atrapado. Sus amigos contaron a una voluntaria local que el chico quería tomarse una ducha.El anterior Jungle Camp que existió, se cerró en diciembre porque las «condiciones eran inaceptables»
Los campos de refugiados oficiales que hay en el país no eran suficientes para albergar a todo el mundo, a pesar del acoso hacia las personas extranjeras cuando están por las calles, que no es algo nuevo, tal y como ya explicó el Diario Público en otro reportaje. Esto ha llevado a la decisión de la Unión Europea de enviar dinero para unas nuevas instalaciones. Son unas carpas grandes, en el campo, alejadas de núcleos de población y con muchas literas. Es Lipa Kamp, aunque las personas refugiadas lo han bautizado como Jungle Camp. Lo curioso es que el anterior Jungle Camp que existió, se cerró en diciembre por orden de Bruselas porque las «condiciones eran inaceptables».
Las personas van allí forzadas. El 12 de mayo un chico comunicó a Bejza Kudic, activista bosnia, que él y unos 60 chicos chicos más llevaban horas encerrados a la fuerza en un garaje oscuro en la ciudad de Bihac. Fueron arrestados cuando caminaban por la calle. Los chicos informaron al día siguiente, tras 19 horas encerrados en las que no recibieron comida ni agua, ser trasladados todos ellos a Lipa. El mismo día 13 sucedió un incidente similar. La OIM dice que en el recinto de Lipa hay espacio para 2.500 personas y que una medida es que, cuando llegan nuevas personas, se les da un espacio separado para ver si puedan tener síntomas de la covid-19. Pero las redadas para trasladar a la gente son tan masivas, que las informaciones apuntan a que eso no está sucediendo.
Younas es de Pakistán y lleva cerca de dos años viviendo en el norte de Bosnia y Herzegovina. Le da mucho miedo seguir el camino. Tras Bosnia llegan bosques frondosos, montañas altas, caminatas nocturnas en bosques, dormir a la intemperie, ríos que se llevan vidas. Y la posibilidad de quedarte sin comida ni agua. Tras Bosnia, hay agentes de policía de Croacia y de Eslovenia dispuestos a incumplir la ley de asilo y, además, de llegar a golpear con porras, humillar robar las pertenencias de las personas y de devolverlos al inicio del camino de forma ilegal, como ya relató Público previamente. Esta es la única alternativa ya que no existen vías legales para pedir asilo o una visa desde Bosnia. Últimamente es común el ataque con perros y hace unos días un chico llegó con la oreja partida. Dijo que fue del mordisco de un perro que la policía azuzó contra él. No Name Kitchen, como parte de la red Border Violence Monitoring está investigando a fondo este caso.
La última tendencia en las humillaciones a las personas refugiadas es pintarles la cara y la cabeza con spray naranja antes de devolverlas ilegalmente a Bosnia. Una mujer estaba hace unos días en su casa. Es de una aldea fronteriza y lleva más de dos años siendo testigo presencial de cómo personas y personas vuelven agotadas, mayores, niños y niñas, aparecen desde el bosque con miedo, explicando haber sido deportadas. Y, con lo poco que tiene les da comida. Ese día aparecieron un grupo de chicos sin zapatos, sin chaquetas ni mochilas y con la cara y el pelo pintados de naranja. Les sacó una foto y se la envió a Jack Sapoch, encargado de investigar estas prácticas ilegales dentro del equipo de la No Name Kitchen al que conoció casualmente hace un año.
Este descubrió que ya había pasado en otras ocasiones en otros pueblos. La organización lo compartió en sus redes y la información se hizo tan viral que el 12 de mayo, Clare Daly, miembro del Parlamento Europeo lo mencionó en una sesión y hasta el Ministro de Interior de Croacia se vio obligado a hacer un comunicado. Negando la evidencia y tratando de deslegitimar a las ONG.
Younas no se llama así. Tiene un nombre más profético y bonito. Pero tiene tanto pánico a la situación que prefiere no decirlo. Aunque haya pocas probabilidades de que algún policía de Bosnia, de Croacia o algún regente del campo de OIM en el que vive vayan a leer este reportaje o identificarlo entre las miles de personas extranjeras que están ahora mismo en el norte del país.
