Entre ellas destacan la exclusión de las personas LGTBI, el poder para delimitar las tierras indígenas, la fijación del salario mínimo por debajo de lo pautado por el Congreso y la intención de abandonar el acuerdo de París contra el cambio climático
REUTERS. PÚBLICO.- Jair Bolsonaro se ha estrenado este miércoles como presidente de Brasil con medidas que golpean los derechos humanos y el cambio climático. Entre ellas destacan la exclusión de las personas LBTBI de las políticas de derechos humanos, la fijación del salario mínimo por debajo de lo pautado por el Congreso, la firma de un decreto que da al Ministerio de Agricultura el poder de delimitar lademarcación de las tierras indígenas del país, que quedan abiertas para actividades comerciales, hasta ahora prohibidas. Y además, ha mostrado su intención de abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático, como hizo Donald Trump en Estados Unidos.
Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, de extrema derecha, cuya elección en octubre marcó un gran cambio de tres décadas de gobiernos de centroizquierda en Brasil, asumió el cargo el martes diciendo que liberaría a la nación más grande de América Latina del «socialismo y la corrección política».El miércoles, al tomar el mando de sus ministerios, el gabinete del presidente también reveló sus planes para intensificar las privatizaciones, lo que hizo repuntar el miércoles a los mercados locales, y endurecer las pautas de sentencias de prisión.
«Si tenemos una reforma de pensiones sólida, obtendremos 10 años de crecimiento», dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien encabeza un equipo de economistas ortodoxos que ya están siendo comparados con los “Chicago Boys” que cambiaron radicalmente la economía de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Guedes dijo que planea reducir la carga fiscal de Brasil al 20% del PIB desde un 36%, liberar al mercado crediticio de la saturación de los bancos estatales y reducir el proteccionismo.
La administración de Bolsonaro, la primera de extrema derecha en Brasil desde que una dictadura militar diera paso a un gobierno civil en 1985, ha suscitado la preocupación de que podría poner en riesgo los derechos humanos con una represión al crimen y desestabilizar el delicado bioma amazónico mediante la explotación comercial.
Reclamo de las tierras indígenas
Una de las primeras medidas de Bolsonaro en el cargo fue decretar que los reclamos de tierras indígenas, una fuente de sangrientos enfrentamientos en la frontera agrícola del país, serán decididos por el Ministerio de Agricultura, cumpliendo una promesa de campaña a sus partidarios incondicionales en el sector agrícola. El regalo al poderoso sector de agricultura enfureció a los ecologistas que ya estaban preocupados por los planes de Bolsonaro para reducir la protección de la selva amazónica.
El Ejército de Brasil siempre ha estado preocupado por la soberanía nacional sobre el Amazonas y sus riquezas. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras se alarmaron por un decreto para monitorear su actividad, una tarea asignada a un general retirado que integra el nuevo gabinete.
Derechos humanos en peligro
Los derechos humanos, la diversidad y las relaciones étnicas también sufrirán en la legislatura de Bolsonaro. Durante la campaña electoral, el excapitán del ejército ya hizo declaraciones homófobas y machistas que ahora, una vez en el cargo, se traducen en el desmantelamiento de la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión (Secadi), que el Gobierno del expresidente Lula Da Silva había creado en 2004.
De este modo, también queda excluida la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales en la nueva política del Ministerio de la Familia, Ciudadanía y Derechos Humanos, cartera dirigida por la abogada en contra del aborto Damas Alves.
Sentencias de prisión más duras
El nuevo presidente fue elegido después de ofrecer una plataforma para limpiar la política local y puso al magistrado que fue el símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil, Sergio Moro, a cargo de un Ministerio de Justicia reforzado para hacer frente a la delincuencia organizada y la corrupción.
El exjuez federal, que lideró los procesos por corrupción de la investigación “Lava Jato” que llevaron al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y otros políticos de alto perfil a la cárcel, dijo el miércoles que ayudaría a iniciar una nueva era de ley y orden.
“La misión principal que me dio el presidente fue clara: acabar con la impunidad de los casos de corrupción y combatir el crimen organizado para reducir los delitos violentos”, dijo Moro después de asumir el cargo. Planea un ambicioso proyecto de ley contra el crimen que endurecerá las sentencias de prisión.
