El Gobierno apenas concede protección internacional al 1% de los venezolanos que lo demanda
J. J. GÁLVEZ. EL PAÍS.- España ha dado un paso atrás en la acogida de refugiados. El Gobierno concedió en 2017 protección internacional a un 40% menos de solicitantes de asilo que en 2016, según los datos publicados este jueves por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El informe anual de la ONG destaca que el Ejecutivo resolvió el pasado año un total de 13.350 casos y que, de ellos, solo aceptó 4.080 (un 35%), frente a los 6.855 que obtuvieron el visto bueno el ejercicio precedente. Este desplome se produjo pese a que se recibieron y se finalizaron más expedientes.
«Nuestro país está fallando clamorosamente a miles de personas que llegan en busca de refugio, haciéndoles esperar meses o incluso años para luego negarles el asilo y dejarles en un limbo jurídico y social», denuncia Estrella Galán, secretaria general de CEAR, que achaca esta caída de las concesiones a que se han resuelto menos expedientes de personas procedentes de Siria. Un grupo que obtiene el positivo de la Administración en el 95% de los casos, frente al escaso 9% de los ucranianos y el 1% de los venezolanos.
El documento de este jueves se publica, además, apenas dos días después de que el Defensor del Pueblo describiera un sistema de asilo español colapsado e «insostenible». Un informe que revela también cómo el 35% de solicitudes aceptadas coloca a España por debajo de la media europea —que dio luz verde al 45% de las peticiones— y de países como Alemania (50%), Suecia (44%) e Italia (40%). Aunque marca mejor registro que Francia (30%) o Reino Unido (31%).
España afronta actualmente un auge del número de solicitantes de asilo. Según los datos de CEAR, 31.120 personas pidieron protección internacional el pasado año. El doble que las contabilizados en 2016, cuando lo hicieron 15.755. Esa cifra, además, es doce veces más alta que la registrada en 2012, cuando solo hubo 2.588. «Pero no se ha dado respuesta a este incremento. El colapso del sistema supone que más de 40.000 expedientes estén pendientes de resolver y que todas esas personas vivan en este momento en la incertidumbre de no saber si podrán quedarse», expone Galán.
Por nacionalidades, los venezolanos conforman el grupo de solicitantes más numeroso, con 10.350 expedientes registrados el pasado año. Aunque estos ciudadanos apenas reciben el respaldo de la Administración: el Gobierno solo dio protección internacional en 2017 a 15 personas procedentes de este país, de las 1.415 peticiones resueltas. Los sirios y colombianos son el segundo y tercer colectivo más numeroso, con 4.225 y 2.460 casos contabilizados, respectivamente.
