El colectivo Transgirls presenta varias quejas ante la Diputación del Común para exigir la aplicación de las normativas en ámbitos como el sanitario, el educativo e, incluso, el administrativo
JOSÉ D. MÉNDEZ. EL DÍA.- El suicidio de un chico en Candelaria el año pasado; el alto nivel de absentismo por el bullying que se sufre en los centros educativos; el silencio mediático con los fallecidos trans «que establecemos en siete en España el año pasado»; el desconocimiento de las autoridades sobre esta realidad o la falta de cumplimiento de los protocolos. Son argumentos y reflexiones de Alekai Hi. Las cuatro quejas globales presentadas ante la Diputación del Común fueron en primer lugar «reclamar que los plazos de entrega de las partidas literales de nacimiento para tramitar los DNI no se alarguen tanto». Asimismo «cumplir el protocolo sanitario cuatro meses después de su implantación». En tercer lugar «solicitar una reunión con el tejido empresarial para formar e informar sobre nuestro colectivo porque existe un apartheid laboral del 85% de paro entre nosotros». Por último, «instar a todos los organismos públicos de Canarias a presionar para que se apruebe la Ley Trans estatal». Muy pronto, el próximo mes de septiembre, Transgilrs cumplirá su primer año. La nueva entidad inició su andadura como una organización que lleva por bandera «la lucha por los derechos humanos de este colectivo para demostrar que la diversidad es bella y crear un espacio seguro».
Jornadas contra la trata de mujeres y sobre la prostitución
La adjunta al Ararteko del País Vasco, Julia Hernández, se reunió en Madrid con la delegada del gobierno para la Violencia de Género, Rebeca Palomo, y la adjunta especial de igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, para organizar las futuras Jornadas sobre Trata de Mujeres y Prostitución, que tendrán lugar en Tenerife. Barrera también visitó al jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José María Moreno, para exponerle el trabajo de la Adjuntía en violencia de género. Barrera le informó de la colaboración con la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), con el fin de dar a conocer y luchar contra el tráfico de seres humanos, especialmente mujeres y niñas. Pudo conocer la labor llevada a cabo por la UCRIF, Unidad Contra Redes de Inmigración ilegal y falsedad documental.
Educación, Sanidad, Empleabilidad y ámbito administrativo. Son los ejes sobre los que giran las quejas que el colectivo trans ha presentado ante la Diputación del Común. Lo hizo -en una reunión con Beatriz Barrera, titular de la Adjuntía de Igualdad de la institución- Alekai Hi, secretario general de la Asociación Canaria Transgirls, además de presidente de la Federación Canaria de Igualdad.
Hi planteó el caso concreto de una pareja de Gran Canaria «a la que le impiden resolver incluso el papeleo en el centro educativo en el que estudian con su nombre sentido -aquel que quieren tener al margen de lo que ponga el DNI-«. Ellos mismos pondrán la queja y desde la Diputación conocerán in situ el caso.
Añadió Hi: «Hace cuatro meses que se implementó el protocolo sanitario que cambia sustancialmente el que existía pero no se cumple. En el HUC han llegado a la amenaza de no atender a quien presiona porque solo quiere decidir como dice la normativa. Ha habido un retroceso en este sentido. La apuesta es la despatologización y que la persona decida cuando empieza o termina el tratamiento, si se hormona o no, etcétera. Queremos la libre autodeterminación de género».
Barrera, por su parte, explicó: «Hace falta aprobar la Ley Trans de Canarias, lo que no fue posible en la anterior legislatura aunque existe el anteproyecto. Este subcolectivo del más amplio LGTBI es el que se ha quedado más atrás respecto a gays y lesbianas. Además del sexo sentido, está el cambio de sexo, que implica un proceso sanitario e, incluso, quirúrgico. Querer ser hombre o mujer habiendo nacido en otro cuerpo».
Barrera añadió: «Hace un año que trabajo con ellos y los conozco mucho más. Pertenecemos a la Mesa de Trabajo LGTBI del Gobierno de Canarias y este colectivo reivindica orientaciones e identidades. En el caso trans es una cuestión de identidad. Me dirigiré a Servicios Sociales pero es algo transversal. El marco jurídico quedará establecido desde esta consejería pero los protocolos, que son vivos y deben actualizarse, desde Sanidad y Educación».
Otro asunto de actualidad es el nombre y el sexo en el DNI con un caso reciente en La Palma. Alekai valora: «No puede ser que la ley y el protocolo digan una cosa y se haga otra. Sólo cambiar el nombre lleva ahora más de seis meses cuando antes se resolvía en menos de uno. En el Norte, el Sur y Santa Cruz. No pedimos otra cosa sino que se cumpla el protocolo». Barrera informará del asunto al Defensor del Pueblo y contactará con la Dirección General de Registros y Notarias, el organismo que tiene las competencias.
