El Periódico.- Solo el 37,1% de discapacitadas tiene empleo y el 60% afirma que no ha podido seguir estudiando.
La Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual (Dincat) ha presentado este jueves el primer ‘Informe de la situación de las personas con discapacidad intelectual en Catalunya’, elaborado junto a la Granés Fundació y que traza una fotografía de la situación y necesidades de este colectivo, que representa el 1% de la población catalana y que denuncia los problemas para acceder a servicios y a recursos que les permitan llevar una vida autónoma. La autora del estudio, la profesora de Sociología de la UAB, Ariadna Fitó, se ha encontrado al elaborar el informe con la dificultad añadida de la falta de datos sobre estas personas. «Parece que las quieran invisibilizar expresamente», ha dicho.
Una de los datos relevantes del estudio es que el tiempo medio de espera de las personas con discapacidad intelectual para acceder a recursos residenciales es de 22 meses, una cifra que se mantiene desde el 2015. Esta cifra aumenta hasta los 32 meses en aquellos casos en los que el tipo de apoyo que necesita la persona no está definido.
Según se desprende del informe, en septiembre de 2021 había un total de 1.076 solicitudes en lista de espera para acceder a un centro residencial y, en mayo de 2021, 2.307 personas con discapacidad intelectual esperaban para conseguir una plaza en el servicio de hogar residencia. Teniendo esto en cuenta, Fitó concluye que los apoyos que fomentan la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual son «del todo insuficientes y dificultan la posibilidad de poder desarrollar proyectos de vida autónomos». El 40% de las personas del colectivo querría vivir en un piso a solas o en pareja, pero solo un 9% goza de esta situación.
Precariedad educativa y laboral
La situación del colectivo no es mejor en el ámbito laboral. Solo una de cada cinco personas con discapacidad intelectual activas y en edad de trabajar tiene empleo. En 2020, la tasa de actividad de estas personas era del 37,1%, es decir, solo 4 de cada 10 trabajan. Una cifra que está 42 puntos porcentuales por debajo de la media de población sin discapacidad.
El informe de Dincat también pone el foco en el ámbito educativo. El 42,2% de las personas con discapacidad intelectual asegura que no ha podido asistir al centro que le gustaría y un 59,6% asegura que no puede seguir estudiando después de la enseñanza obligatoria. En la universidad, este colectivo solo representan el 0,07% del alumnado.
Es por ello que Fitó, en la presentación, ha defendido la necesidad de que desde la administración se incrementen los esfuerzos para mejorar la incorporación de estas personas tanto al sistema educativo como al mercado laboral, facilitando los recursos para que las escuelas puedan atender sus necesidades y estableciendo medidas para aumentar sus oportunidades profesionales.
Recientemente, la Generalitat ha celebrado las primeras oposiciones de la convocatoria 240 subalternos organizadas específicamente para personas con discapacidad intelectual. Eran 151 plazas. Una iniciativa fruto del compromiso del Govern de favorecer la inclusión y la inserción laboral que, sin embargo, acabó con reclamaciones por las dificultades de los exámenes y con plazas vacantes.
Colectivo «sobremedicado»
Otro dato que el informe ha puesto sobre la mesa es la «sobremedicación preocupante» del colectivo. El 78% de las personas con discapacidad intelectual toma fármacos diariamente y no todos con prescripción médica: la media diaria es de 4,34 medicamentos al día –con un máximo de 17– . Además, un 28,4% asegura que no ha podido decidir aspectos relevantes sobre su salud. En este sentido, Fitó ha criticado que hay una falta de diagnósticos adecuados para las personas con discapacidad intelectual.
Faltan datos
El director de Dincat, Carles Campuzano, ha puesto en valor el informe, aunque ha lamentado la falta de datos con que se han encontrado. «Sin datos no se pueden desarrollar políticas públicas y por lo tanto no se pueden garantizar derechos», ha denunciado. «Estamos muy acostumbrados a los precarios sistemas de información, pero en este caso parece que se haya invisibilizado a propósito», ha insistido Fitó.
Las entidades del sector han hecho mucho hincapié en la importancia de disponer de esos datos e información para «conocer, investigar y evaluar a fondo» la realidad del sector, y así poder proponer e impulsar cambios políticos y legislativos. En este sentido, han reclamado al Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT) que realice una encuesta anual sobre la discapacidad. «La falta de datos es injustificable. Es una cuestión que nos preocupa y que evidencia, una vez, más la invisibilidad que sufren las personas de nuestro colectivo. Aún más preocupante es que no existan datos desagregados del conjunto de discapacidades», ha subrayado Campuzano.
