Confilegal.- La infradenuncia de los delitos de odio por parte de personas con incapacidad es un fenómeno que «ya ha sido constatado en toda Europa», según Gregorio Saravia Méndez, delegado para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que expone este hecho en el artículo «Acompañamiento a las personas con discapacidad víctimas de delitos de odio desde el CERMI».
El texto forma parte del libro «La infradenuncia de los delitos de odio» y señala el desconocimiento de las víctimas de su derecho de denunciar como uno de las explicaciones de esta tendencia, así como el miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones o en que la denuncia dé lugar a una respuesta adecuada.
«Las denuncias no llegan al 20 % de lo que les sucede», afirma Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, destacando que «ya es delito la acción que dañe la dignidad de las personas» incluyendo el discurso de odio. «Es diferente en cuanto a su normalización, que está asumida; no se trata con el debido respeto a las personas con discapacidad», declara.
En este sentido, apunta que los delitos de odio contra las personas con discapacidad se contabilizan con cifras mucho menores que los cometidos por motivos de racismo o xenofobia, de ideología o de otros tipos de discriminación, como aparece en el «Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España», publicado por el Ministerio de Interior. «No hay cultura de denuncia, es una situación de menor protección a personas vulnerables», dice Ibarra, criticando que las autoridades «no han sido proactivas».
La mejora de los canales de denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, adaptando los procedimientos y ofreciendo asistencia para que sean universalmente accesibles, es una de las soluciones propuestas en el artículo de CERMI. La corta edad de algunas de las víctimas también exige el refuerzo de estos mecanismos.
Según el texto, «son las instituciones (…) las que deben adaptarse a las necesidades específicas de las personas y no al revés», pidiendo formación y medios para los operadores jurídicos y no jurídicos y ofreciendo una ampliación de las relaciones con asociaciones como el CERMI.
