Solicitan una reunión en la Subdelegación del Gobierno tras interponer dos denuncias en quince días por pintadas contra las personas migrantes
MÓNICA ROS. LEVANTE – EMV.- No quieren darle publicidad a quienes les atacan, pero no les queda otra porque las agresiones van en aumento y nada se sabe de las consecuencias tras interponer las correspondientes denuncias. Así, las organizaciones sociales aseguran que los ataques racistas y xenófobos contra las personas migrantes en València aumentan en sus sedes. Una de ellas suma dos ataques en quince días (el 27 de marzo y el 11 de abril). Otra también tuvo pintadas en fechas próximas.
Ninguno de estos nuevos ataques constan en el informe presentado a finales del año pasado donde 55 entidades firmaron un comunicado donde denunciaban ocho ataques neonazis en dos meses (julio y agosto) contra entidades que defienden los derechos de las personas migrantes, centros religiosos y académicos y contra formaciones políticas y culturales que trabajan por la acogida y la integración.
Sin embargo, las entidades denuncian ahora que los ataques «siguen y van a más». Por ello, una de las entidades que ha sufrido los últimos ataques ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Igualdad de trato y no discriminación de València y ha pedido una reunión con la Subdelegación del Gobierno con una misiva en la que afirman que «hemos recibido varios ataques a nuestra sede relacionados principalmente con simbología y mensajes neonazis en la fachada, persiana y buzón» por lo que instan a que se «adopten las medidas necesarias y precisas para evitar que este tipo de acciones vuelvan a suceder, identificar a sus autores y garantizar la seguridad de las personas usuarias de la asociación y de sus responsables».
Y es que
tanto los usuarios como los trabajadores y voluntarios de las
asociaciones manifiestan su «temor a futuras agresiones e incluso a la
posibilidad de encontrarnos con los autores en el barrio y que nos
agredan» ya que «no tenemos conocimiento de que se haya actuado contra
los autores, por lo que creemos que la impunidad en que han quedado
estas acciones posibilita su reiteración».
La punta del iceberg
En 2017 hubo en la Comunitat Valenciana 38 casos de discriminación, según el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, y 87 incidentes vinculados con delitos de odio, según el Movimiento contra la Intolerancia. Esos son los datos oficiales.
Sin embargo, las entidades sociales aseguran que solo se denuncia un «mínimo porcentaje» de los casos porque las víctimas «tienen miedo a represalias –tanto directas del agente discriminador como por parte de la entidad o institución que no les presta un trato en igualdad de condiciones- o porque las personas inmigrantes, gitanas y otros grupos vulnerables tienen interiorizados y asimilados como hechos naturales en su vida cotidiana las discriminaciones, incidentes de odio y agresiones xenófobas y racistas».
Además, las organizaciones sociales creen que estas agresiones no son hechos aislados ni sus autores actúan a título personal, «sino que se trata de una campaña planificada por grupos ultraderechistas organizados con el objetivo de contribuir a crear la sensación de que existe un clamor popular contra las personas migrantes y otros grupos vulnerables. De esta forma, no sólo tratan de intimidar a la población migrante y deslegitimar el trabajo de quienes defendemos la integración y la convivencia intercultural, como base de una sociedad cohesionada e inclusiva, sino que van creando un ambiente propicio para justificar nuevas y más violentas agresiones».
