EUROPA PRESS.- Con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto Ley que supuso la retirada de la tarjeta sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud (SNS), varias ONG humanitarias han enviado una misiva a la ministra de Sanidad, Ana Mato, donde le piden que cumpla las recomendaciones de numerosos organismos internacionales y devuelva el acceso sanitario a los ‘sin papeles’.
Concretamente, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y CERS denuncian que España ha incumplido las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, que pedían la reforma del decreto.
«A pesar del consenso existente entre los organismos internacionales, sus insistentes llamadas y expresiones de preocupación y las peticiones reiteradas de reforma del Real Decreto, el Gobierno español no las ha tenido en cuenta», señalan.
Por el contrario, observan que «las autoridades han seguido implementando la reforma sanitaria y han continuado adoptando normas que profundizan aún más la exclusión sanitaria», como es el caso de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, que regula el procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.
Derecho a la salud
Desde el Ministerio de Sanidad han negado que los inmigrantes en situación irregular no tengan acceso a la atención sanitaria en España y han afirmado que el sistema español «garantiza la atención a todas las personas».
La subdirectora general de Promoción de Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad, Elena Andradas, ha señalado que esta reforma no se hizo para recortar derechos «sino para ordenarlos y, en ningún caso, para evitar el acceso al sistema sanitario».
Además, ha subrayado que en España, el hecho de que no se tenga tarjeta sanitaria «no quiere decir que no se tenga derecho a asistencia sanitaria» y ha recordado que la atención para aquellos que están en situación irregular es «muchísimo más amplia que en cualquiera de los países del entorno europeo».
Las ONG valoran positivamente el discurso que España mantiene en foros internacionales de compromiso con los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. De ahí que hayan solicitado por carta a la ministra y, en consecuencia, al Gobierno que, «actúe de forma coherente con dicho posicionamiento».
Y, por lo tanto, «cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas», reformando el Real Decreto Ley, «asegurando la universalidad del derecho a la salud, y garantizando de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas inmigrantes, independientemente de su situación legal».
Incluso antes de la entrada en vigor del Real Decreto, ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, en junio de 2013, el relator especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó la reforma sanitaria como un «hecho lamentable» y mostró su preocupación por la imposición de barreras económicas.
Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que esta reforma era contraria a la Carta Social Europea, de la cual España es Estado parte. Y en abril de 2014, seis relatores especiales y expertos independientes de Naciones Unidas, liderados por la relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos recordaron al Gobierno español que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales.
Con la aprobación del RD, 873.000 personas se quedaron tarjeta sanitaria por estar en situación irregular, y en estos dos años no se ha hecho ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma sanitaria ha tenido sobre estas personas, ni se ha tratado de identificar a las mujeres víctimas de violencia de género y de trata.
Tampoco ha explicado las posibles irregularidades en la aplicación del RDL, como puedan ser la facturación de la atención médica de urgencias, tal y como han denunciado organizaciones médicas y Amnistía Internacional.
El acceso a la medicación es otro de los puntos de especial preocupación de Médicos del Mundo, ya que el incremento del copago farmacéutico por una parte, y el hecho de que las personas excluidas del SNS tengan que abonar el 100% de la medicación por otra, está afectando a la continuidad de los tratamientos en las personas en situación más vulnerable, lo que puede tener serias repercusiones en su salud, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves.
