EFE.- No tener hogar en Hungría se puede pagar con hasta 60 días de cárcel, con la aplicación de una ley que criminaliza a los sin techo y que ONG y los propios afectados denuncian es humillante y no servirá para solucionar el problema.
El Ejecutivo que dirige el nacionalista Viktor Orbán ha argumentado que la ley busca justo proteger a las personas sin hogar y erradicar situaciones que «hieren su dignidad», según explicó el Ministerio de Gobernación sobre la ley que entró en vigor el pasado lunes.
Los afectados por la ley, sin embargo, opinan diferente.
«Un Gobierno que castiga a la gente más pobre no puede llamarse cristiano», denuncia a Efe Judit Lakatos, una mujer que vive en la calle en Budapest, y activista de «A város mindenkié» (La ciudad es de todos), una ONG que busca dar vivienda a los necesitados.
«Esto no es cristianismo, esto es dictatorial», asegura, en referencia a que el partido de Orbán, el Fidesz se define como democristiano.
La ley determina que quienes sean amonestado cuatro veces por la Policía en un plazo de tres meses por vivir en la calle, serán sometidos a un juicio que puede terminar con penas de hasta sesenta días de arresto o de servicios comunitarios.
Diferentes ONG pro derechos humanos han calificado la ley de humillante e inhumana y han acusado al Gobierno de querer criminalizar a la gente que se ve obligada a vivir en las calles.
La Unión para las Libertades Fundamentales denuncia «el carácter inhumano de la ley» que, además, autoriza a destruir los bienes de los sin techo procesados.
El Comité Helsinki Húngaro, por su parte, califica la legislación de «discriminatoria» y «humillante» y acusa al Gobierno de «acudir a la prohibición y el castigo cuando no tiene respuestas».
Se estima que hay unas 30.000 personas que viven en la calle en Hungría, un país con menos de 10 millones de habitantes.
Por contra, se estima que en el país centroeuropeo sólo hay 12.000 camas en centros de acogida.
«No hay alternativas, no existen programas de vivienda que funcionen, y tampoco una verdadera posibilidad de apoyar a los más pobres», explica a Efe Zoltán Aknai, director de la ONG «Menhely» (Refugio en húngaro).
Aknai explica que muchos sin techo no quieren ir a los centro de acogida, debido, entre otros motivos, a las malas condiciones higiénicas y a que no pueden llevar a sus perros, para muchos la única compañía que tienen.
«Muchos se irán al extrarradio o a los bosques», añade, afirmando que la ley servirá para que se vean menos sin techo en la calle, no para que deje de haber personas sin hogar.
Efectivamente, desde que entró en vigor la ley muchos sin techo han abandonado las zonas más frecuentadas por los turistas en el centro de Budapest, pero sin que hayan llegado más personas a los centros de acogida.
No es la primera vez que el Gobierno de Orbán legisla este tema.
En 2012 aprobó una ley que preveía penas de hasta seis meses de cárcel, y que fue tumbada por el Tribunal Constitucional argumentando que era inconstitucional castigar a gente que se ve obligada a vivir en la calle.
En 2013, el Gobierno insistió con una norma que permitía a los Ayuntamientos multar con hasta 500 euros la ocupación de espacios públicos, para salvaguardar el orden público.
El pasado junio, la mayoría absoluta del Fidesz permitió modificar la Carta Magna para incluir la prohibición de permanecer de forma permanente en los espacios públicos.
Con todo, las ONG confían en que la Policía siga actuando con la misma permisividad que hasta ahora, como muestra que en lo últimos años ningún sin hogar haya sido multado.
«Esperamos que ahora, después de un tiempo, pase lo mismo, como cuando los policías se han dado cuenta que no tiene sentido multar a gente que vive en las calles», explica Lakatos.
La ONG Utcajogász («Jurista callejero») anunció que pedirá al Constitucional que revise la ley y no descarta acudir a la Corte Europea de Justicia.
