Las madres han denunciado en un vídeo que llevan sin ver a sus hijos desde el 27 de agosto y que muchas de ellas quieren salir a la Península a trabajar: «Esto es una prisión»
NATALIA VARGAS / GABRIELA SÁNCHEZ. ELDIARIO.ES.- «Mi hija está enfermando. Ya no come porque su madre no está con ella. Estamos sufriendo. En todas las Islas Canarias se sufre. Sobre todo nosotras, las mujeres». Un grupo de mujeres migrantes llegadas en patera a Fuerteventura han exigido en un vídeo difundido por el colectivo Caminando Fronteras que se les reagrupe con sus hijos, de los que llevan separadas tres meses por orden de la Fiscalía de Las Palmas. La decisión busca, según la fiscal, evitar episodios de trata de niños en aquellos casos en que las familias no pueden demostrar el vínculo filial, aunque el protocolo de menores no acompañados solo lo contempla cuando «exista riesgo inminente para el menor».
En el vídeo, las madres denuncian que llevan ya tres meses en el Archipiélago y que están sufriendo porque les quitaron a sus hijos e hijas al alcanzar las costas canarias. «Desde que llegamos a España el 27 de agosto, no hemos vuelto a ver a nuestros hijos. Hay chicas jóvenes aquí, casadas, prometidas y embarazadas, que también quieren ver a sus parejas. Hay otras que quieren ir a la Península a trabajar. Aquí no hay trabajo, esto es como una prisión», narran.
«Nos han contactado y nos han dicho que quieren contar su historias. Ellas quieren tener la voz. No pueden más, quieren hablar, quieren ser escuchadas. «, sostiene Helena Maleno, fundadora del colectivo. «Ahora que hablamos tanto de feminismo, de poner el dolor de las mujeres en el centro, estas mujeres sufren por un sistema que no protege sus derecho a la vida familiar. El daño que eso hace a madres y niños es irreparable. Han pasado una travesía donde han arriesgado sus vidas, van a una zona donde no conocen a nadie y de repente les arrancan de los brazos de sus madres. Estos protocolos van centrados en la extranjería y olvidan los derechos de las mujeres ni de los niños».
En la provincia de Las Palmas, a diferencia de lo que sucede en Santa Cruz de Tenerife, los menores que llegan acompañados por un familiar son trasladados de forma automática a centros de acogida gestionados por el Gobierno de Canarias a la espera de que una prueba de ADN confirme su parentesco. La práctica ha sido criticada por la Consejería de Derechos Sociales y está siendo evaluada por el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, que considera que puede ser «contraproducente» mantener a los niños tanto tiempo separados de sus madres si finalmente la prueba confirma que son madre e hijo.
Desde 2013, se han producido casos de separación de madres migrantes en Andalucía y Melilla, durante la espera de los resultados de las pruebas de ADN de familias que no porten documentos que demuestren su relación filial, a pesar que las medidas de prevención contra la utilización de menores, incluidas en el Protocolo Marco de Menores No Acompañados, no marcan esta pauta, pues solo la contemplan en casos excepcionales, cuando se perciba un «riesgo inminente para el menor». La Fiscalía de las Palmas defiende que separar a las madres de sus hijos es una «medida de precaución». Por su parte, el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, está revisando la interpretación del protocolo realizada por la fiscal de Las Palmas.
El Defensor del Pueblo lleva años considerando excesiva la demora en la remisión de los resultados, por lo que pide mejorar y agilizar los procedimientos incoados para la identificación de menores acompañados, en los casos en los que no es posible acreditar el vínculo familiar con sus acompañantes. Además, la institución recomienda año tras años la derivación de estos casos a centros donde las familias puedan permanecer unidas a la espera de los resultados de las pruebas de ADN. En este sentido, la Fiscalía General del Estado se ha mostrado dispuesta a plantear la reunificación de estas familias. En un comunicado, la institución ha propuesto la «adopción de medidas» a las administraciones responsables para facilitar «espacios o centros en los que se garantice que menores y progenitores mantengan la situación de convivencia», con el objetivo de priorizar el interés superior del menor.
Ante esto, la Secretaría de Estado de Migraciones ha ofrecido a Canarias dos centros en Gran Canaria para acoger a los niños migrantes y a sus madres mientras se realizan los trámites de comprobación de su filiación, con el fin de evitar la separación de las familias. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha contactado con la Consejería de Derechos Sociales para ofertarle un total de 90 plazas en dos recursos diferentes que forman parte del sistema de Atención Humanitaria. Las instalaciones, aseguran fuentes de la institución, conforman «un espacio de confianza para que las personas acogidas puedan expresar «cualquier necesidad que requiera de ayuda», lo que facilita a los equipos «la detección de situaciones de especial vulnerabilidad», como la identificación de víctimas de trata.
